Después de un prolongado debate entre los diputados del PRI y los de la oposición, finalmente se logró llegar al acuerdo de que el Congreso del Estado designará una comisión de legisladores, para que se entrevisten con el presidente municipal, José Aispuro Torres, para hacerle el planteamiento de que se reconsidere la modificación al Reglamento de Tránsito. Esto por pretender infraccionar a los conductores o propietarios de vehículos que lleven acompañantes ingiriendo bebidas embriagantes, por considerar que es una medida anticonstitucional.
Este debate lo inició el diputado del PT, Alfonso Mercado Chávez, quien cuestionó al actual gobierno municipal “por pretender de evadir su responsabilidad ante un problema grave como es el consumo excesivo de bebidas embriagantes, afectando a inocentes”, cuando el verdadero conflicto es de fondo: No poder cerrar todas las ventanas clandestinas que existen, además de seguir otorgando patentes y autorizando cambios de domicilio para que éstas sigan funcionando.
Agregó que ahora pretenden sancionar al conductor que permita que su acompañante vaya ingiriendo bebidas embriagantes, lo que atenta contra los derechos humanos y la seguridad del conductor, ya que a éste se le pretende imponer una multa por una falta que no está cometiendo.
Indicó que va contra la ley pretender responsabilizar a una persona sobre los actos de otra. Además, esta medida también perjudicará a los prestadores del servicio del transporte público, ya que tendrán que verificar que los pasajeros no vayan en estado de ebriedad y que tampoco lleven una cerveza en la mano, ya que en caso contrario los habrán de multar a ellos.
De concretarse esta medida, los taxistas no van a subir a pasajeros en esas condiciones, lo que es peor, ya que se está exponiendo a ciudadanos a que sufran otro tipo de percances por no darles el servicio.
Además de otros considerandos, el diputado Mercado Chávez presentó el punto de acuerdo en donde se solicita al Alcalde que utilice su facultad de veto para con dicha disposición.
DIPUTADOS DEL PAN TAMBIÉN RECHAZAN ESTA MEDIDA
Por su parte, el diputado Víctor Joel Martínez, a nombre del grupo parlamentario del PAN, señaló que están de acuerdo en que el conductor debe ser responsable de sus actos propios, es decir, como sujeto activo de una actividad punitiva, atento al principio de que todos responden por hechos propios; sin embargo, “cómo podemos impedir que un tercero, actuando en plena conciencia, realice acciones que se contraponen a esa disposición; es decir, tendríamos que obligar al particular a la actuación violenta para impedir que un tercero ingiera o consuma sustancias no permitidas por la ley, poniéndolo en una situación de riesgo o de peligro inminente”.
El legislador panista agregó que, por otra parte, es cierto que las vialidades son bienes del dominio público y como tales todos y cada uno de los ciudadanos están obligados a cuidarlas y respetarlas. Pero si se estima que los vehículos automotores pudieran ser considerados como extensiones del domicilio, obvio es que el conductor en ese momento se constituye como responsable directo de sus actos, mas no de los actos de terceros.
Explicó que en el caso del conductor, éste podrá hacerse responsable de sus acciones personales, pero no puede hacer lo mismo por la actuación de terceros, de tal manera que si se llegase a sancionar a un particular, producto y consecuencia de hechos realizados por terceros, se podría estar ante el absurdo legal en el cual el agente sancionado es una persona ajena al sujeto activo del hecho supuestamente delictivo, entendiendo a éste como una falta administrativa, y desde luego el marco jurídico no puede permitir este tipo de situaciones.
DIPUTADO DEL PRD PREVÉ QUE ESTO INCREMENTARÍA LA CORRUPCIÓN
El diputado del PRD se sumó a esta postura, señalando que no se pueden violentar las garantías individuales de las personas, mismas que se encuentran plasmadas en la Constitución Política de todos los mexicanos.
Agregó que no puede culparse a nadie de los actos que realice otra persona, lo que consideró que no es procedente; además, señaló que una medida de esta naturaleza incrementará la corrupción y los abusos en contra de la ciudadanía.
Señaló que nadie puede negar que existe corrupción en los diferentes cuerpos de seguridad pública, y en este sentido los agentes de Tránsito, salvo honrosas excepciones, son considerados como personas que están buscando cualquier pretexto para recibir la conocida “mordida” por parte de los ciudadanos infractores.
Con una medida de esta magnitud, se darán nuevas “armas” a los agentes para que con cualquier pretexto detengan a los automovilistas y pretender extorsionarlos si alguien viene tomando o ya se encuentra ebrio, a excepción del conductor, para culpar a este último.
DIPUTADO DEL PRI DEFIENDE AUTONOMÍA DEL MUNICIPIO
Correspondió al diputado del PRI, Jorge Herrera Delgado, defender la postura del Ayuntamiento capitalino, y manifestar la postura en contra del punto de acuerdo que se propuso por parte del diputado del PT.
Herrera Delgado aseguró que aprobar una propuesta de esa magnitud es ir en contra de lo establecido al artículo 115 de la Constitución, que otorga autonomía al Municipio.
Agregó que corresponde a la autoridad municipal establecer y tomar los acuerdos correspondientes, que contribuyan a mejorar el bienestar de los ciudadanos y evitar cuestiones que, por al contrario, arriesguen a las familias duranguenses. Manifestó que es una medida de control para evitar el consumo excesivo de bebidas embriagantes y es una disposición que de manera “autónoma y democrática” tomaron los integrantes del Cabildo capitalino, por lo que no existe facultad del Congreso para poder impedir que se lleve a cabo esta disposición.
ACUERDAN DIALOGAR CON EL ALCALDE
Debido a las controversias entre los diputados de un lado y otros, se acordó un receso para analizar el caso, y finalmente se acordó que se designara a una comisión de tres diputados, siendo éstos Jorge Herrera Delgado del PRI, Víctor Joel Martínez del PAN y Alfonso Mercado Chávez del PT, para que se entrevisten con el Alcalde y hagan la exhortación de que revisen el procedimiento y se valore la situación de esta disposición y los efectos que puede generar.
Ésta fue la salida al caso, con la finalidad de evitar que se pueda politizar, y en espera de que el Presidente Municipal dé a conocer la capacidad política para escuchar los razonamientos que se le den.