En virtud de las múltiples críticas que formula la ciudadanía en contra del número de diputados federales que integran la llamada Cámara Baja, la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional formuló una propuesta de reformas constitucionales que tiende a reducir su número de quinientos a cuatrocientos los diputados uninominales y de doscientos a cien los denominados plurinominales.
La propuesta no sólo se sustenta en los ahorros que derivarían de una disminución del número de legisladores en esa cámara, sino también de la facilidad con que muchos de ellos evaden el cumplimiento de sus tareas sin que esa evasión sea advertida y de la forma en que los plurinominales se mantienen desvinculados de la ciudadanía, en virtud de que fueron electos de manera indirecta y ningún compromiso específico los une con el electorado.
Aunque ahora se opongan a la citada propuesta, el año pasado en distintos momentos, diputados del Partido Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática hicieron propuestas semejantes que no prosperaron, pero que obran en los anales de la Cámara, por lo que no resulta lógico que algunos de ellos rechacen la citada propuesta si antes, cuando menos es de suponerse, estaban dispuestos a apoyarla, sin olvidar que la misma es coincidente con lo que demanda la mayoría de la ciudadanía.
Nadie con fundamentos reales, puede sostener que la actual composición de la Cámara de Diputados, como también la de Senadores, es grande y costosa, de manera que su reducción resulta obligada. Pero quizá sea el momento, no para plantear una simple reducción, sino para hacerlo partiendo de la base de que la ciudadanía y los partidos políticos están lo suficientemente maduros, como para que se establezca un sistema en donde sólo lleguen a las cámaras aquellos que hayan sido electos por los ciudadanos, acabando de una vez por todas con los de representación proporcional.