EFE
Jerusalén, Israel.- El gobierno de Ariel Sharon guarda silencio oficial, mientras que oficiosamente negó ayer la existencia de una crisis en sus relaciones con el presidente estadounidense, George W. Bush, el principal aliado de Israel, a raíz del asedio a Yasser Arafat, que ya entró en su octavo día.
El primer ministro Sharon no se pronunció, a pesar de las divergencias con Bush tras sus declaraciones de ayer en Washington, cuando afirmó que el sitio impuesto a Arafat en la Mukata o sede de la Gobernación de Ramallah no favorece los esfuerzos para promover la paz en Oriente Medio.
El gobierno israelí tampoco reaccionó oficialmente a la resolución aprobada ayer martes por el Consejo de Seguridad de la ONU por 14 votos a favor y la abstención de EU -que no la vetó- para que este país le levante el cerco al líder palestino.
Las últimas operaciones de las tropas israelíes también en Gaza, donde mataron a nueve combatientes de la resistencia palestina e hirieron a otras 50 personas, según fuentes de esa ciudad, van en contra de “los esfuerzos de EU y sus aliados para la creación de un Estado palestino libre”, dijo Bush.
Una fuente del Gobierno de Sharon, quien se abstuvo de hacer declaraciones, aseguró ayer por la mañana que “no hay divergencias con el Gobierno de los Estados Unidos” pero “Israel tiene que defender a su población del terrorismo”.
“Israel cumplirá lo dispuesto por la resolución de la ONU cuando lo haga la Autoridad Nacional Palestina (ANP)”, dijo ayer por la mañana el asesor de Sharon para los corresponsales extranjeros, Raanán Guisin.
En su cuarto punto, la resolución llama al Gobierno del sitiado presidente palestino a cumplir los compromisos que asumió con los acuerdos de Oslo y los firmados desde 1993 con Israel, esto es a resolver los problemas bilaterales por medio de negociaciones, y “asegurar que se juzgará a los responsables de actos terroristas”.
El argumento de Arafat y sus ministros es que el Ejército de Israel ha reducido a escombros la infraestructura de los organismos palestinos de seguridad en Cisjordania, y parcialmente en la franja de Gaza, lo que les impide cumplir esa cuarta cláusula.
“Apreciamos y respetamos la labor de la ONU pero Israel no renunciará al derecho de defender a sus ciudadanos”, afirmó el ministro de Defensa, Benjamín Ben Eliezer, para justificar el cerco a Arafat y a otros 200 palestinos, 19 de los cuales son reclamados por los organismos de seguridad de este país como sospechosos de haber planificado o participado en “ataques terroristas”.
La entrega o rendición de los sospechosos es la condición “sine qua non” de Israel para levantar el cerco a Arafat, quien, según Sharon, “no hace nada para combatir contra los terroristas”. La ofensiva contra Arafat comenzó hace seis días, tras los ataques en territorio israelí de dos suicidas, uno de la Yihad Islámica, y otros de HAMAS, que al inmolarse causaron la muerte de siete personas y 60 heridos, la mayoría en Tel Aviv.
El ministro israelí de Asuntos Exteriores, Simon Peres, se reunió ayer con el cuerpo diplomático extranjero para aclarar la posición de Israel en esta coyuntura, a pocos días de que se cumpla el segundo aniversario de la “intifada de la mezquita de Al Aqsa”, el próximo sábado.
Según Peres, a Israel “le habría gustado cumplir la resolución de la ONU, levantar el sitio a la Mukata y retirarse de las ciudades palestinas, pero no puede hacerlo debido a los constantes avisos de alerta que reciben sus organismos de seguridad sobre nuevos ataques, y porque el Gobierno palestino no hace nada contra los terroristas”.
Esa fue la explicación que le dio Peres a su colega japonesa, Yoriko Kawaguchi, con la que habló por teléfono, antes de reunirse con los embajadores extranjeros.