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BUENOS AIRES, Argentina.- El presidente Eduardo Duhalde obtuvo el ayer el respaldo ampliamente mayoritario de gobernadores provinciales y líderes legislativos para dos cuestiones clave: las complicadas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y una postergación de algo menos de un mes de las elecciones presidenciales del 30 de marzo.
Al término de un encuentro que había comenzado el domingo, y que se reanudó esta tarde, Duhalde dijo que “lo peor de la crisis ya pasó”.
Agregó que “si seguimos trabajando en conjunto, le entregaremos al futuro presidente un país ordenado, pacificado y trabajando”.
Se acordó dejar en suspenso, por una única vez, la ley que establecía la realización de elecciones primarias simultáneas y abiertas para todos los partidos. Cada fuerza política deberá resolver ahora cuándo y cómo efectuará esos comicios internos para designar candidatos para los comicios presidenciales.
Las coincidencias quedaron resumidas en un “acuerdo político, económico y social” de 12 puntos, que firmaron Duhalde, casi todos los gobernadores y los jefes legislativos de la mayoría de los partidos.
No suscribieron el documento los gobernadores de las provincias de La Rioja, La Pampa y Salta, que responden al ex presidente Carlos Menem, archienemigo de Duhalde dentro del partido peronista gobernante.
Tampoco lo hizo la gobernadora de San Luis, Alicia Lemme, que respalda a Adolfo Rodríguez Saá, otro precandidato presidencial peronista enfrentado con Duhalde. Todos ellos objetaron el cambio en el cronograma electoral.
Estuvieron representados los 23 gobernadores provinciales y el jefe del gobierno autónomo de la ciudad de Buenos Aires. El primer punto del documento establece el compromiso de “sostener y ampliar los programas sociales y mejorar su aplicación”, en momentos en que afloran preocupantes evidencias de desnutrición infantil, pobreza y marginación social, a causa de la prolongada crisis económica argentina.
Duhalde y el ministro de economía Roberto Lavagna pidieron y obtuvieron apoyo de los gobernadores y líderes legislativos a los compromisos que está dispuesto a asumir el gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuando finalmente se firme el demorado acuerdo. Una de las exigencias del FMI es que el gobierno tenga el consenso político de las provincias y del Congreso.
Hubo acuerdo para “garantizar la estabilidad cambiaria y el cuidado de las reservas” del Banco Central.
El FMI había pedido la sanción inmediata del presupuesto para 2003 con un ajuste adicional y un superávit de 2,5% del Producto Bruto Interno (PBI).También reclama que no se modifique la ley de quiebras, ante propuestas legislativas para aliviar la situación de deudores hipotecarios. Todos esos reclamos fueron atendidos en el documento firmado.
Se acordó eliminar los llamados “planes de competitividad”, tal como lo pedía el FMI, e introducir modificaciones en la Ley de Entidades Financieras.
El Congreso, según se resolvió, tendrá nuevamente la facultad de sancionar normas sobre moratorias impositivas.
También se resolvió que no se prorrogarán por ley las ejecuciones judiciales de las garantías hipotecarias, tema que también provocó objeciones del Fondo Monetario.
No hubo referencia alguna, en cambio, a otras exigencias del FMI, relacionadas a aumentar las tarifas de las empresas concesionarias de servicios públicos, casi todas extranjeras, ni a la necesidad de frenar los recursos judiciales que están produciendo un drenaje de los depósitos bancarios atrapados por el llamado “corralito financiero”.
Duhalde y Lavagna, según se informó, ratificaron durante la reunión la decisión gubernamental de no utilizar las reservas del Banco Central, para atender los futuros vencimientos con los organismos financieros. Esa determinación colocó a la Argentina al borde del “default” (cesación de pagos) con el Banco Mundial la semana pasada.