El conflicto que aqueja al Grupo Imagen trasciende la dimensión personal. Está íntimamente relacionado con la obligación que tiene el Estado de garantizar el derecho a la información; sobre todo en los medios electrónicos que usufructúan bienes nacionales.
El Grupo Imagen nació con la participación de tres partes: un grupo de inversionistas encabezados por el regiomontano Alfonso Romo, la Familia Fernández Prieto que tienen la concesión de tres estaciones FM (hace meses se deshicieron de la inolvidable XELA) y tres conocidos comunicadores (Carmen Aristegui, Pedro Ferriz de Con y Javier Solórzano). Un aspecto innovador fue que las partes se comprometieron a respetar un “Código de ética y principios que rigen para los noticiarios y programas de Imagen Informativa”.
Para apreciar la importancia de este Código se requiere un mínimo contexto. El Artículo 6º de la Constitución es muy claro cuando dice que el “derecho a la información será garantizado por el Estado”. Esta frase ha provocado un debate todavía no resuelto y en el que existen dos grandes escuelas. Una argumenta que la única forma de cumplir con la aspiración es reglamentando el artículo constitucional para, de esa manera, enumerar las obligaciones que tienen los propietarios de los medios. Éstos generalmente responden con una tajante negativa porque ello, dicen, afectaría la libertad de expresión. Como alternativa proponen la “auto-regulación” que se expresa en la adopción voluntaria de códigos de ética que regulen la forma como tratan la información.
El resultado es una especie de paralizador empate porque no hay ley reglamentaria y tampoco se adopta la auto-regulación. Una búsqueda en las páginas de los principales medios de comunicación mexicanos deja una cosecha más bien magra. Televisa sólo tiene textos enumerando los “valores” y la “visión” de la empresa en donde se declaran respetuosos de los derechos humanos y la libertad de expresión. Entre los concesionarios de radio y televisión el Grupo Imagen es el único que parece tener un código de ética bastante bien elaborado y que puede consultarse en www.imagen.com.mx El Código fue pasado por alto en la reunión del Consejo de Administración de la empresa Imagen Holdings, S.A. de C.V. del pasado 2 de septiembre. De acuerdo a las minutas de esa reunión, los noticiarios del Grupo Imagen (que conducen a lo largo del día Ferriz de Con, Aristegui y Solórzano) funcionaban con diferentes criterios editoriales. Esa diversidad iba en contra del Grupo y, para uniformarla, nombraron a Ferriz de Con para que fuera su criterio editorial el que privara. Desafortunadamente, el fijar una sola línea editorial viola el Código de Ética que explícitamente garantiza el respeto a la “pluralidad de ideas”. Aristegui y Solórzano se inconformaron y durante un par de meses se mantuvo un tenso jaloneo, con abogados y todo. Por ese conflicto Televisa no renovó el contrato que había firmado con Grupo Imagen y según el cuál Carmen y Javier condujeron y produjeron durante un año “Círculo Rojo”, una exitosa experiencia en Canal 2 con la cual Televisa demostró lo serio de su decisión de adecuarse a los nuevos tiempos. El 30 de octubre pasado se transmitió el último programa y Televisa se aseguró de difundir que la prematura muerte era causada por el conflicto (bajo las nuevas reglas del Grupo, Ferriz de Con hubiera podido fijar la línea editorial de Círculo Rojo). Una prueba de ello fueron los elogiosos comentarios que dedicó Joaquín López Dóriga a Carmen y Javier en la edición de el Noticiario de ese día. Esa misma mañana Aristegui había informado en su programa de radio las razones por las que terminaba el programa televisivo.
Al día siguiente, Ferriz de Con impidió a Carmen que entrara a la cabina donde conducía su noticiero acusándola de haber roto un código de ética. La mayoría de los medios lo interpretaron como si fuera el de la empresa, lo que sería impreciso porque ese documento no incluye ninguna prohibición en ese sentido. La nota elaborada por Verónica González y Nora Marín para el Grupo Reforma reproduce una declaración de Ferriz de Con que aclara a cuál código se refería “en mi código de ética... no puedo permitir que alguien que trabaja en esta organización... llegue a hablar mal de la misma organización”. Así pues, fue un criterio personal (respaldado por concesionarios e inversionistas) el que llevó al bochornoso incidente de expulsar a Aristegui y Solórzano de Imagen. El conflicto se resolverá jurídicamente y muy pronto será recordado como otro incidente en el voluminoso expediente de las querellas al interior de los medios. Sin embargo, toca asuntos que van al fondo del pacto social: ¿cómo asegurar que los dueños de estaciones de radio y televisión (“concesionarios de un activo de los mexicanos” según reconoce Televisa) garanticen el derecho a la información que incluye veracidad, oportunidad y pluralidad?
Actualmente padecemos un vacío sin reglamentos ni autorregulación en la que reina soberana la voluntad de los “titulares” (dueños) de los títulos de concesión. Otra lección del caso Imagen es que los particulares que en su momento estuvieron en la vanguardia, pueden dar marcha atrás cuando les disgusta la forma en que se cubren temas y noticias. Ni los inversionistas, ni los concesionarios, ni Ferriz de Con han aclarado qué estaba mal en la línea editorial de Aristegui y Solórzano. En el misterioso éter seguramente está la solución al enigma del asunto que cubrieron, o la frase que dijeron, Carmen y Javier para que sus asociados decidieran uniformar las líneas editoriales al estilo Ferriz de Con. En tanto lo sabemos el incontrovertible hecho es que un grupo privado censuró la libertad de expresión, canceló la pluralidad y afectó el derecho a la información. El asunto aquí discutido también tiene temas inexplorados y propios del estadio en el que nos estamos moviendo. ¿Puede un periodista o conductor criticar a la empresa en la que trabaja? En ninguno de los Códigos de Ética que consulte (algunos de México, otros del exterior) se aborda tan espinosa pregunta. A lo más que llegan es a declaraciones como la del presidente de PRISA (empresa que edita el periódico español El País): el “periódico rechazará todo condicionamiento procedente de grupos económicos de presión”. No aclara, sin embargo, si entre estos “grupos económicos de presión” están incluidos los dueños del diario.
Me parece que la conclusión es bastante obvia: la autorregulación de los medios -y sobre todo de los electrónicos que funcionan con concesiones- es deseable, pero tiene que complementarse con leyes y reglamentos que nuestro Congreso nos sigue debiendo. Si sus intereses de corto plazo lo permiten, deberían recordar que es obligación del Estado garantizar a los y las ciudadanas una información veraz, oportuna y plural. Si se toman la molestia verán que eso es lo que dice la Constitución.
La miscelánea
En una columna dedicada a periodistas y medios, sería imperdonable dejar de celebrar el Premio Universidad Nacional que nuestra máxima casa de estudios concediera a Miguel Ángel Granados Chapa. Es un cronista de la realidad que se distingue por la calidad de la información que desgrana en una prosa aguda y clara. Cuando se escriba la crónica de las batallas por la libertad de expresión y el derecho a la información, Miguel Ángel recibirá un reconocimiento especial -como el que aquí hago- por su compromiso profundo y auténtico con los valores democráticos. Comentarios: Fax (5) 683 93 75; e-mail: sergioaguayo@infosel.net.mx