La Jornada
México, D.F.- Desde el punto de vista constitucional, es desaconsejable que el Poder Judicial de la Federación quede subordinado a los intereses y decisiones que en materia presupuestaria sean acordadas por los otros poderes de la Unión”, manifestó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Genaro Góngora Pimentel.
Al intervenir en el primer Foro Internacional Tributario de México, el también ministro presidente del Consejo de la Judicatura Federal fue contundente: “el Poder Judicial de la Federación no ha logrado alcanzar su total independencia”, y por lo mismo “saludó” las iniciativas de los partidos PRD y PRI de considerar como ley una asignación anual de, al menos, 2.5 por ciento del gasto programable para el poder judicial, a lo cual el PAN parece oponerse.
Góngora Pimentel apuntó: “En el pasado, estas resistencias no podían más que entenderse como un sutil mecanismo para escamotear al Poder Judicial de la Federación su independencia frente a los demás poderes públicos”.
El presidente de la SCJN implicó también en su referencia un pasado no muy lejano. En la actualidad, dijo, “nuestro presupuesto asciende apenas al 1.04 por ciento del Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio 2002, el cual, respecto a los recursos solicitados, sufrió un recorte de cinco mil millones de pesos; situación que ha impedido no sólo el establecimientos de nuevos órganos jurisdiccionales, sino también una mayor consolidación de los ya existentes”.
Sobre las iniciativas de asignación presupuestaria elaboradas por el PRD y PRI, cuyo dictamen se analiza en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Genaro Góngora expresó: “Vemos con agrado que el convencimiento que el Poder Judicial de la Federación tenga certidumbre presupuestaria, para programar a largo plazo y responder a la creciente demanda social, comienza a permear en mayor número de sectores”.
Y puntualizó: “este hecho no hace más que hablar de la sensibilidad de las representaciones de los partidos políticos en la Cámara de Diputados, para crear las condiciones institucionales necesarias con el fin de que la independencia del Poder Judicial de la Federación sea efectiva”.
Sin mencionar explícitamente por su denominación o siglas a los legisladores del Pan, agregó: “Esperamos que este dictamen logre el consenso de todas las fracciones parlamentarias en el Congreso de la Unión, aún de aquellas que no se han convencido del todo de que un Poder Judicial independiente en los presupuestal, contribuirá al fortalecimiento del sistema de contrapesos, por el que los mexicanos han luchado por tantos años”.
El presidente de la Suprema Corte enfatizó que la autonomía presupuestal “de ninguna manera implicaría que el Poder Judicial de la Federación tuviese la posibilidad de eludir el cumplimiento de todo tipo de disposiciones legales, emitidas por el Poder Legislativo en materia de control, registro, transparencia y rendición de cuentas en el uso de sus partidas presupuestarias”.
Para que pueda ejercer sus atribuciones constitucionales, y hacer efectiva la vigencia del Estado de Derecho, “es indispensable que la imparcialidad y autonomía del Poder Judicial de la Federación se manifiesta tanto en el aspecto funcional como en el financiero, al constituir las premisas básicas para preservar la objetividad y certidumbre en la administración de justicia”, explicó.
Luego de ejemplificar la práctica, seguida en varios países latinoamericanos de asignar un porcentaje fijo del presupuesto al Poder Judicial, Genaro Góngora Pimentel, remató: “el estado de Derecho exige, por sí solo, que en ningún momento y por ninguna circunstancia el Poder Judicial de la Federación subordine sus valores y su actuar a incidencias anuales de política presupuestaria”.