La bancada priísta en la Cámara de Diputados dejó con la palabra en la boca, ayer, al secretario de Gobernación. A la mitad de su comparecencia, al concluir la exposición de su representante César Augusto Santiago, los legisladores miembros del PRI obedecieron una orden estentórea y salieron del recinto, como lo hicieron, también todos a una, los de la fracción perredista el primero de septiembre. No se trató esta vez de un episodio escenográfico, de un modo de protestar ante actitudes políticas inaceptables. Se trata de una advertencia severa, consistente en hacer saber que el PRI hará cuanto esté a su alcance en defensa de la impunidad.
La afrenta infligida al secretario de Gobernación le impidió concluir su presentación ante el Congreso, porque fue demandado el quórum en la sesión y la ausencia priísta había dejado sin mayoría una sesión menos concurrida que de ordinario, que por esas razones tuvo que ser suspendida. En un régimen parlamentario una actitud de ese alcance equivaldría a una moción de desconfianza, y el ministro así afectado tendría que irse a su casa. Pero en el sistema mexicano, en que los secretarios dependen del Ejecutivo, aquellos sólo quedan en posición precaria si su jefe les pierde la confianza (aunque en un pasado remoto un valiente secretario de Calles, Gilberto Valenzuela, dijo que también puede un colaborador perder confianza en el Presidente).
Pero la actitud priísta tiene un objetivo más amplio e importante que simplemente dejar en mal a su interlocutor político. Su gesto se destinó a hacer saber que no permitirán que se investigue el desvío de recursos de Pemex al PRI, ni que se castigue por ello a los intermediarios de la operación, el diputado Carlos Romero Deschamps y el senador Ricardo Aldana.
La solicitud de desafuero a esos dos legisladores es una acción jurídica, derivada de una averiguación previa. EL PRI trata de hacerla pasar como un lance político. Yerran hasta en la calificación. Dice que se trata de una venganza, como si el gobierno pretendiera hacerse pagar con el desafuero un daño infligido por el PRI. Pero ha ocurrido precisamente al revés: es el partido tricolor el que sufrió la pérdida del poder presidencial, y si en sus manos estuviera cobrar venganza lo haría.
Pedir que se prive de su inmunidad a dos legisladores no implica una sentencia y ni siquiera implica la expedición de una orden de aprehensión a cargo de los medios informativos, como pretende no sin cinismo el PRI, que usó para fines perversos su influencia sobre la prensa. Es apenas un eslabón del procedimiento previo a la acción penal, necesario por la condición excepcional que la ley atribuye a quienes forman parte del Congreso o de legislaturas locales. Corresponde a un instrumento parlamentario, pluripartidista, decidir si procede o no el desafuero. Y si la sección instructora (el instrumento legislativo) resuelve que no ha lugar a la privación de la inmunidad, ésta sigue protegiendo al afectado. Más todavía: si se declara procedente la pérdida del fuero, apenas se iniciará la acción penal, que puede no llegar siquiera al proceso y, si éste se realiza, puede derivar en una sentencia condenatoria o no.
Si Romero Deschamps y Aldana van a ser defendidos con la ley en la mano, como se dice con una manida expresión, está allí dispuesto el campo en que las armas jurídicas pueden desplegarse. Pero el PRI ha optado por erigir un frente político que impida el castigo de latrocinios u otros delitos. Si el PRI no pudo evitar perder el poder, se empeña ahora en no perder la impunidad.
Hasta ahora el relevo de partido en la Presidencia de la República no fue estorbado porque no se desmanteló todavía ninguno de los instrumentos de que se valió el PRI para mantenerse en el poder, y porque el mandato de la sociedad en las urnas no autorizó ese desmantelamiento, sino que aseguró al antaño partido gubernamental un ancho espacio para su actuación. Pero ahora que se investiga uno de los arbitrios utilizados para hacer inequitativa la lucha electoral, el trasiego de dinero público a las arcas gubernamentales, el PRI ha decidido impedirlo.
Como parte de ese frente protector de sus impunidades, los mandos priístas hicieron salir a uno de los suyos, el Auditor Superior de la Federación a intentar una exoneración mediática del ex director de Pemex Rogelio Montemayor. El antiguo secretario de Planeación del Departamento del Distrito Federal dijo una banalidad cierta que en el contexto introdujo un ingrediente de confusión en la batalla por castigar el mal uso de dinero de Pemex. Montemayor tenía facultades para firmar convenios con el sindicato, afirmó Enrique Arturo González de Aragón. Claro que las tenía. Pero las usó mal. Eso ya no lo dijo quien fue colaborador cercano y permanente de Ramón Aguirre, el contendiente de Vicente Fox por la gubernatura de Guanajuato en 1991, cuyas trapacerías impidieron que entonces el ahora Presidente rigiera aquella entidad. Por lo demás, tal afirmación es judicialmente inocua en el procedimiento penal que tiene por objeto aprehender a Montemayor.
La amenaza de un paro en la ciudad de México, suscitada también por un pedido de desafuero, el que afecta al líder del sindicato del Metro capitalino Fernando Espino Arévalo, forma parte de la misma actitud. Es una pieza más del frente en favor de la impunidad que organiza el mando priísta en defensa propia pues, como percibió Roberto Madrazo, todo priísta está en riesgo (si contravino la ley).