Ayer al mediodía compareció la profesora Elba Esther Gordillo ante la Fiscalía especial que encabeza el doctor Ignacio Carrillo Prieto, oficina que hoy cumple su primer aniversario. El 27 de noviembre del año pasado el Presidente de la República instruyó al Procurador General para que instituyera una agencia del ministerio público especializada en indagar los delitos cometidos por servidores públicos durante movimientos sociales y políticos del pasado, vaga designación con la que se englobaba lo ocurrido en la aun más difusa —y sin embargo precisa políticamente— noción de Guerra Sucia, la que al margen de la ley libró el Estado contra la insurgencia armada en el campo y en las ciudades durante los años setenta sobre todo.
A la vista de esa instrucción precisa, sorprende que la fiscalía haya admitido la denuncia que en agosto pasado interpusieron varios maestros contra el profesor Carlos Jongitud y la profesora Gordillo, en relación con el homicidio de Misael Núñez Acosta. Si bien el ministerio público es una institución al margen de la persona de sus agentes, una acusación como la presentada contra esos dirigentes magisteriales no cuadra en las específicas funciones de la fiscalía especial. Aunque en pro de la brevedad se ha suprimido de su denominación la referencia a los servidores públicos, son los eventuales delitos cometidos por éstos los que constituyen la materia de su encomienda. Y Jongitud y Gordillo no eran servidores públicos cuando, el 30 de enero de 1981, fue abatido a tiros el maestro Núñez Acosta. Para los efectos de su expreso cometido, que se ensanchó al ser responsabilizada de averiguar qué delitos perpetraron agentes de la autoridad el dos de octubre de 1968, la Fiscalía debió dirigir a los denunciantes a otra agencia del ministerio público. La carga política de su desempeño es ya suficientemente pesada como para acrecentarla aproximándose, sin razón formal inmediata para ello, a un asunto que puede y debe ser abordado por otros órganos de la procuración de justicia. La presencia de la secretaria general del PRI ante un órgano inhabilitado para ello puede sumarse a los hechos que otros priistas eminentes califican de ilegítima presión judicial por razones políticas.
Claro que el caso de la dirigente real del SNTE es distinto del de los senadores que acudieron a declarar ante la oficina que indaga el tránsito de dinero público de Pemex al PRI. Ellos pueden ser fácilmente tenidos como adversarios del Presidente Fox, mientras que la ex diputada y ex senadora es una firme aliada del Ejecutivo, no obstante —o por ello mismo— su papel de dirigente número dos del partido al que Fox echó de Los Pinos.
Por esa razón política, y por la razón jurídica mencionada (que hasta le hubiera permitido obtener una suspensión en juicio de amparo), la profesora Gordillo pudo no acudir a la cita de ayer en la Fiscalía especial. No tendría la excusa, como puede blandirla su antiguo protector, de un estado de salud deteriorado que justificara que la declaración de Jongitud fuera realizada en su domicilio hoy jueves. Aunque en el pasado ha padecido males importantes, actualmente la profesora Gordillo goza de cabal salud, y despliega su intensa energía en los diversos escenarios que su tesón y el azar le han deparado. Nada de lo anterior quiere decir que no haya habido Guerra Sucia contra el magisterio disidente en los tiempos en que, aliados, gobernaban el SNTE Jongitud y Gordillo. Ni quiere decir que los mandos sindicales del magisterio hayan sido ajenos a la represión que segó vidas, rompió carreras y destrozó integridades personales.
El asesinato de Núñez Acosta fue uno de los varios intentos que la cúpula magisterial emprendió para frenar la creciente disidencia, que hace más de veinte años se organizó en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para combatir el autoritarismo convenenciero que encabezaba el sindicato. Núñez Acosta, hidalguense, normalista, que a la hora de su sacrificio estudiaba en la UAM-Azcapotzalco, fue ultimado a tiros por sicarios que ante el ministerio público confesaron su crimen. Dijeron haber sido contratados para ello por el profesor Clemente Villegas Villegas, secretario auxiliar de Ramón Martínez Martín, que por delegación de Jongitud administraba formalmente el sindicato. Empero, ni siquiera Villegas, y mucho menos Martínez Martín fueron llamados al proceso penal, que concluyó en sentencia condenatoria a Rufino Vences Peña, Joel Vences Hernández y Jorge Mejía Pizaña, los asesinos materiales de Núñez Acosta. Ex agentes judiciales mexiquenses, de seguro el acuerdo que los habilitó para matar incluía su pronta libertad, la que alcanzaron por la vía de los hechos meses después de su encarcelamiento. Trasladados al penal de La Perla en Nezahualcóyotl de allí escaparon o se les permitió tranquilamente retirarse.
Núñez Acosta era líder de la disidencia en la sección 36, de la que fue secretaria general la profesora Gordillo, razón por la cual desde entonces políticamente se la implicó en el homicidio, aunque las acusaciones no adquirieron formalidad penal. Ahora que la han alcanzado, importa que se las procese adecuadamente, para que deficiencias en la forma no inhiban la averiguación del fondo del asunto. Lo mismo puede decirse, y con mayor razón, de la denuncia por enriquecimiento ilícito contra Gordillo, también aceptada, a mi entender sin causa legal, por la Fiscalía. Ésta no puede darse el lujo de desbarrar.