Virginia Vela Rodríguez, Lourdes Delgado Villarreal y María de los Ángeles Ortiz Andrade, empleadas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, suspendidas de sus labores, fustigaron ayer a diputados priistas por brindar protección a la presidenta del organismo, Norma Beatriz Pulido Corral.
Además del escrito de protesta que ingresaron a la Legislatura a través de correspondencia, se manifestaron con pancartas en el recinto parlamentario en la sesión de ayer.
“Queremos hacer pública nuestra protesta por el desempeño de los integrantes de la comisión legislativa de los derechos humanos, quienes ni siquiera han iniciado el estudio o investigación de nuestro asunto, y con el fin de que se les exhorte o requiera para que a la mayor brevedad posible y dentro del período ordinario de labores, tramiten y resuelvan este asunto”, expresaron las trabajadoras de la CEDH suspendidas, en el escrito al que le dio lectura el diputado Rogelio Ayala Arzola, secretario de la Mesa Directiva, a petición de Sergio Carrillo Arciniega.
Las manifestantes recordaron en su escrito que desde hace un mes solicitaron el apoyo del Congreso, a través de la Comisión Legislativa de los Derechos Humanos, “pero hemos visto que lamentablemente a pesar del tiempo transcurrido no se le ha dado a nuestro asunto la diligencia y la atención requerida. Venimos a expresar nuestra inconformidad, toda vez que al parecer desde un principio los diputados Armando Rodríguez Morales, José María Alcántar Chávez y Juan Manuel Félix León, con el propósito de entorpecer los trabajos, no acudieron a las dos primeras citas de la comisión, y en la tercera trataron de desechar nuestro asunto, alegando que es una cuestión laboral”.
En su exposición, las tres trabajadoras rechazan que los diputados no tengan competencia como lo argumentan los priistas, “siendo que en ninguna forma pueden desconocer que tienen competencia plena constitucional en relación a este caso, de acuerdo con lo que establece el artículo 117 constitucional.
“Los mencionados diputados, que además son licenciados en Derecho, no pueden pretender desconocer que nosotras acudimos a esta alta instancia que es el Congreso del Estado, precisamente ejerciendo el derecho a que nos hemos referido, que es el que nos concede la fracción tercera en su párrafo segundo del artículo 117 de la Constitución Política local, o sea, ejerciendo una acción administrativa que se hace valer cuando un servidor público por sus actos u omisiones afecta la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debe ejercer en el cumplimiento de su empleo, cargo o comisión, y que es precisamente nuestra petición, ya que al parecer la titular de la CEDH se excedió en sus funciones al hacer el nombramiento de un contralor interno, y carece de competencia legal para aplicar la Ley de Responsabilidades, lo que precisamente es solicitado por nosotras, a fin de que se efectúe la investigación correspondiente y en su caso se obre en consecuencia de acuerdo a los resultados de dicha investigación”.
Las tres empleadas suspendidas de sus derechos laborales añadieron su extrañeza por la postura de los diputados priistas de que el asunto es supuestamente laboral, “por lo que para su ilustración les hacemos saber que nosotras sabemos que si bien es cierto, tenemos derecho a ejercer una acción laboral que en su tiempo y forma ejerceremos ante quien corresponda, también tenemos múltiples derechos y acciones como lo es la administrativa, y solicitar amparo, como también acudir incluso a la CND, y sabemos que aun cuando dijera que es incompetente, tiene la obligación legal de darnos una orientación jurídica al respecto certera y veraz, e igualmente de que en el caso de existir abuso de autoridad también pudiera darse el derecho de denuncia penal, e igualmente el del juicio político. ¿Qué interés tienen? ¿Por qué quieren limitarnos a que sólo ejercitemos una acción laboral? Si es necesario, no escatimaremos el ejercicio de ninguna de las acciones a que tenemos derecho”.