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MÉXICO.- El Instituto Federal Electoral (IFE) informó que las controversias que han surgido en el poder judicial en torno a los temas “Pemexgate” y los “Amigos de Fox”, lo han colocado ante “problemas inéditos”.
En un comunicado de 17 puntos firmado por los consejeros electorales y su presidente, José Woldenberg, el IFE recordó que en el año 2000 presentó quejas que por su complejidad hacían necesario contar con información que consta en el sistema financiero nacional y en los libros de la Secretaría de Hacienda.
Sin embargo, el IFE se topó con el argumento de que era imposible evadir los secretos bancarios, fiduciario y fiscal, lo que impidió conocer a fondo las diversas denuncias presentadas por los partidos políticos..
Luego de hacer una reseña de los recursos de amparo promovidos por los dirigentes de la Alianza por el Cambio (Lino Korrodi y Carlota Robinson), el IFE reiteró que éstos son improcedentes porque los requerimientos de información que ha solicitado se circunscriben a la materia electoral, donde no es posible promover este tipo de amparos.
El IFE puntualiza que “preocupa el hecho de que procedimientos judiciales como los mencionados puedan llegar a tardar meses, e inclusive años, antes de resolverse en definitiva”.
Reconoce que el jucio de amparo constituye la instancia de defensa de las garantías individuales que el sistema jurídico mexicano ha puesto al alcance de cualquier persona para defenderse de eventuales excesos o arbitrariedades en que incurran las autoridades, pero también está convencido que el acceso a la justicia, en ningún caso, puede servir como instrumento para dilatar la impartición de la misma”, añade el comunicado.
En ese sentido y al abordar “la fiscalización de los recursos de los partidos políticos para el fortalecimiento de la democracia, precisó que “ha utilizado todos los medios jurídicos a su alcance para resolver los impedimientos que a lo largo de la investigación se han presentado”.
Destacó que la fiscalización de los recursos de los partidos políticos es una tarea que a todos conviene, ya que es el único modo en que una sociedad democrática puede hacer realidad los principios de transparencia y rendición de cuentas.
“Los partidos son entidades de interés público y por lo tanto resulta necesario conocer con certeza el origen y el destino del dinero que manejan y constatar que ambos sean lícitos”.
Por esas razones, el IFE espera que el poder Judicial resuelva con la mayor celeridad posible los asuntos y así allane el camino para poder continuar con las investigaciones sobre presuntas irregularidades en materia de financiamiento de los partidos políticos, precisa el documento.
Subrayó que desde el punto de vista democrático el esclarecimiento de las denuncias sobre las finanzas de los partidos, es un elemento fundamental no sólo para la impartición de justicia, sino también para el elector.
El elector debe contar con la información necesaria sobre la actuación de los partidos políticos para poder decidir de manera consciente e informada el sentido de su voto.
El IFE consideró que ante la probabilidad de que alguna de las partes agraviadas se inconformen por la resolución que emitan los jueces de distrito al resolver las demandas de amparo, existe la posibilidad legal de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el caso para conocerlo directamente en su calidad de máximo órgano jurisdiccional del país.
“Espera que dada la centralidad política del asunto, sea la Suprema Corte que lo conozca y resuelva de manera definitiva”.