El Partido del Trabajo continúa denunciando que el cobro de 4 pesos por la hora en los estacionómetros, por parte de la Presidencia Municipal, es ilegal. Además, presentó una copia de la empresa concesionaria de este servicio, en donde aparecen dos mujeres como socias, una de ellas es la esposa del ex diputado federal y ex secretario de Desarrollo Rural del gobierno estatal, Juan Arizmendi Hernández.
De nueva cuenta, la dirigencia del PT, encabezada por Sergio Carrillo Arciniega y por Alfredo Santiesteban Escalante, como dirigente municipal, señaló que el cobro de 4 pesos es ilegal, violando lo que marca la Ley de Hacienda de los Municipios, en donde establece el costo de un peso la hora.
Un nuevo elemento que agregaron a su denuncia pública fue la copia de la constitución legal de la empresa concesionaria de este servicio de estacionómetros, “Servicios de Medición Alfa”, cuyas propietarias son Ninfa Oralia Espino Leyva y María de Jesús Corral Ramírez.
Alfredo Santiesteban Escalante señaló que después de investigar, se pudo comprobar que Ninfa Oralia Espino Leyva es la esposa del ex diputado federal del PRI y ex secretario de Desarrollo Rural en la Administración de Maximiliano Silerio Esparza, Juan Arizmendi Hernández.
Así mismo, se establece que la socia María de Jesús Corral Ramírez también es originaria de esta ciudad, teniendo su domicilio en el fraccionamiento Jardines de Durango.
Con esto queda comprobado que es una empresa de duranguenses, y no como un regidor afirmó, que era de San Luis Potosí y que tenía experiencia en el ramo.
Para los dirigentes del PT, es sospechoso que esta empresa se conformó de manera legal en abril del 2002, siendo la ganadora de un proceso de licitación que no ha quedado muy claro. Resulta extraño que se trate de una empresa de reciente creación, que solamente reporta un capital social de 50 mil pesos y el Municipio le otorga la concesión en agosto, teniendo conocimiento de que la inversión global será por varios millones de pesos; incluso, en el mismo Ayuntamiento se llegó a decir que serían 9 millones de pesos.
Todo esto hace suponer que existen intereses fuertes detrás de todo este proceso de licitación para otorgar la concesión a determinadas personas, lo cual se hace con un fin recaudatorio, aunque se pretenda decir lo contrario.
Alfredo Santiesteban manifestó que están de acuerdo en que se cobre por este servicio, ya que reconoció que esta medida ha venido a darle más fluidez al trafico vehicular en el centro de la ciudad, pero no comparten la forma en que se hizo la licitación del servicio, y mucho menos del cobro impuesto.