Es evidente que Vicente Fox está en un proceso de acelerada renovación. Poco a poco se diluye la imagen del Presidente indeciso y timorato y aparece el ejecutivo dispuesto a gobernar y a tomar decisiones difíciles. Todavía no se aclara si el nuevo Fox es un estadista emergente o un político poderoso.
Desde que tomó posesión hasta hace poco tiempo, Vicente Fox mostró una enorme dificultad a la hora de tomar decisiones difíciles. Se quedó como paralizado por la confluencia de ese obsesivo deseo de ser aceptado por todos (y todas), de la Doctrina Creel que predicaba el apaciguamiento del viejo régimen a toda costa y de los marrulleros coqueteos priístas que le hicieron creer que cooperarían en sus reformas a cambio de concesiones. Durante esa parálisis perdió el impulso inicial que traía desde la campaña y su punto más bajo fue el fracasado proyecto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Súbitamente, sin aviso previo, Fox reapareció como estadista porque así se comportó durante ese enfrentamiento con los inmorales líderes petroleros. Armado de un tridente del que salía un muy buen caso jurídico, una espléndida estrategia política y un adecuado manejo de los medios informativos, disciplinó a un gabinete perennemente desordenado, cooptó a las dirigencias del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), salió victorioso de una batalla que muchos daban por perdida. Es posible que esos días hayan sido el parteaguas íntimo para Vicente Fox que pareció comprender que el arte de gobernar está en optar por alternativas, ninguna de las cuáles es ideal. Lanzó destellos de estadista porque actuó pensando en el interés general.
Por ello resulta tan sorpresivo su chabacano retorno a las conductas del político que toma decisiones importantes inspirado en ambiciones personales o grupales. El jueves pasado demostró que atrás quedaban las dubitaciones hamletianas cuando, con mano firme, fuimos informados que gobierno y concesionarios habían acordado modificar el “Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión”. Los interesados -es decir, los concesionarios— elogiaron inmediatamente la eliminación de un tributo considerado injusto (además de pagar impuestos tenían que entregar un 12.5 por ciento de su tiempo). Desde esa perspectiva la decisión fue correcta. Lo incomprensible es lo poco que la sociedad obtuvo, cuando es muchísimo lo que necesita en ese terreno.
El llamado “círculo rojo” -ese fantasmagórico espacio donde habita un pensamiento crítico que el poder repudia y corteja— se encendió de protestas y críticas por la forma y el fondo de dicha decisión (una de las condenas mejor armadas y documentadas es la de Raúl Trejo Delarbre, “15 mentiras del gobierno y la CIRT”. Lo más sorprendente fue que entre las protestas más airadas estuvieran las de dos connotados panistas: la diputada María Teresa Gómez Mont y el senador Javier Corral.
Independientemente de las protestas, Vicente Fox y Santiago Creel están ganando la batalla. Al momento de cerrar esta columna salía información de que los grandes partidos empezaban a disciplinarse. Algunos líderes perredistas ya aprobaron la medida, mientras que la dirigencia del PAN se reunió con los legisladores rebeldes para informarles que el partido había decidido apoyar la decisión presidencial. Se reedita el zafarrancho de la que fue llamada “Ley Mordaza”. Desde hace tiempo que Javier Corral, político libertario que antepone las causas a la disciplina partidista, buscaba reglamentar el constitucional derecho que tenemos a información veraz y objetiva. Los medios de comunicación interpretaron la iniciativa de ley como un ataque a la libertad de expresión. En consecuencia Corral fue abandonado por los partidos -incluido el suyo- y se propagó la especie de que no hacía falta una ley porque los medios electrónicos se autorregularían. Son contados los que cumplieron.
Pese a la reticencia del sector privado, el presidente Fox entregó a los concesionarios una de sus cartas de negociación más poderosas. Actuó como político, no como estadista porque la sociedad obtuvo migajas del trato. Es cierto que el Reglamento recién aprobado incluye el derecho de réplica para los que se sientan injuriados por alguna información difundida. Sin embargo, los medios pueden rechazar la petición por “improcedente” y ello hace que el agravado tenga que recurrir a las “vías jurisdiccionales correspondientes”. Por lo laberíntico de nuestro sistema de impartición de justicia el Reglamento deja a la sociedad indefensa. De haber pensado en el bien común hubieran creado una Comisión que impartiera justicia de manera más expedita e imparcial.
El gobierno federal también presume de que en el Consejo Nacional de Radio y Televisión estará un “representante de la sociedad civil organizada”. Avances pírricos porque tendrá voz, pero no voto. El gobierno de Fox se refugió en la costumbre priísta de crear concejos consultivos a los que incorpora personalidades afines al gobierno o con una independencia convenientemente domesticada. Los consejeros se ven bien en las fotos pero jamás sabemos cuáles posiciones toman y desconocemos a qué sector de la “sociedad civil organizada” representan. Cuando las opiniones son diferentes generalmente los ignoran como pasó con aquellos grupos que perdieron su tiempo en la Mesa de Diálogo para la revisión de la Ley de Medios Electrónicos. Si al gobierno de Fox realmente le interesa darle voz a la sociedad civil podría abrir los canales para que nuestra diversa sociedad obtuviera permisos para el establecimiento de radios comunitarios.
El saldo de este incidente no es bueno. Como antes, seguimos sometidos a la buena voluntad de los medios de comunicación. Algunos se han mostrado dispuestos a incorporar criterios de calidad y profesionalismo en la cobertura noticiosa. Otros siguen manejándose como siempre y no faltan quienes caen en la mexicana simulación (está el caso de un “Defensor de los derechos del lector” que se especializa en huirle a los casos difíciles). Entretanto, la sociedad continúa esperando que el Estado cumpla con su obligación de cumplir con esa frase incluida en el Artículo 6º de la Constitución “el derecho a la información será garantizado por el Estado”. Es bueno tener a un Presidente renovado y dispuesto a tomar decisiones difíciles. Esa es su función. Sólo falta que demuestre que siempre está pensando en el bien común, para equilibrar los intereses (que en ocasiones pueden ser muy legítimos) de los grupos de poder. Durante el debate de esta semana, el senador Javier Corral lanzó una pregunta que sigue sin respuesta: ¿a cambio de qué hizo el Presidente la concesión? Hay otra duda estrechamente relacionada, ¿estadista o político?
La miscelánea
Una ausencia en los medios electrónicos es una buena sección de obituarios (las esquelas son un pobre sustituto). Una consecuencia es la frecuencia con que incluimos, en columnas y cartones, referencias a las ausencias definitivas. Terminó su ciclo Emilio García Riera, un crítico de cine que es ejemplo de una hibridación virtuosa entre la cultura española y mexicana. Por su conversación y por su prosa entendí los significados de la cinematografía mexicana. Entre sus contribuciones a nuestro país está el haber construido el tejido que sostiene el cada vez más pujante ambiente cultural jalisciense. En otra patria chica, en Pachuca, murió el cardiólogo Clemente Cabello Flores. Estoy convencido que sus genes de inteligencia y generosidad se depositaron en uno de sus nietos, Alejandro Cabello, un colaborador que me ha acompañado en la defensa de los derechos humanos a la realización de un proyecto para crear en México una cultura del almanaque. Para ambas familias un abrazo respetuoso y solidario.
Comentarios: Fax (5) 683 93 75; e-mail: sergioaguayo@infosel.net.mx