La Jornada
México, DF.- El gobierno de Estados Unidos rechazó ayer “cualquier posibilidad” de reabrir el capítulo agrícola del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para dar mayor protección a productores mexicanos ante la eliminación de aranceles a las exportaciones de cerdo y aves, entre otros productos, que entrará en vigor en enero próximo.
“Nos oponemos a cualquier apertura o renegociación del TLCAN”, manifestó J. B. Penn, subsecretario de agricultura de Estados Unidos, quien advirtió que la estrategia del gobierno mexicano para proteger a los agricultores nacionales ante la apertura comercial “debe enfocarse en reformas estructurales en el campo y no en construir barreras al comercio”.
En una videoconferencia ofrecida desde Washington, promovida por la embajada de Estados Unidos en México, el funcionario dejó en claro que para la administración del presidente George W. Bush no es siquiera tema de discusión la eventual renegociación del capitulo agrícola del TLCAN.
Asociaciones de productores agrícolas mexicanos han demandado una renegociación de los plazos de eliminación de aranceles a los bienes agropecuarios pactados en el TLCAN, un acuerdo firmado entre Canadá, Estados Unidos y México vigente desde enero de 1994. El argumento es que el fin de los aranceles que entrará en vigor el año próximo, que afectará a las exportaciones de carne de cerdo y ave, principalmente, terminará por desaparecer a la industria mexicana, que no podrá competir en precio con sus similares canadiense y estadounidense.
En la conferencia de prensa, el subsecretario Penn argumentó que cualquier tipo de acciones que fueran tomadas para proteger a un segmento de la agricultura “al final pueden perjudicar al conjunto”, por lo que rechazó expresamente cualquier tipo de concesión para retrasar la eliminación de aranceles.
“Cuando se negoció el TLCAN se fijaron plazos específicos para que se hicieran cambios estructurales que aumentaran la competencia de cada uno de los sectores. En el caso del cerdo y los productos avícolas -cuya liberalización total ocurrirá en enero- hubiéramos querido ver más ajustes estructurales durante el gobierno del presidente Ernesto Zedillo para que este sector estuviera preparado para la apertura de 2003”, declaró el funcionario.
En este punto, se refirió también a la estrategia anunciada por el gobierno del presidente Vicente Fox para apoyar a los productores mexicanos ante la eliminación de aranceles prevista en el TLCAN, conocida como “blindaje agropecuario”.
“La iniciativa de blindaje agropecuario del gobierno mexicano debe enfocarse en realizar cambios estructurales y no en levantar barreras al comercio de productos agrícolas”, apuntó.
Especificó que las reformas que principalmente deben ser atendidas en el sector agrícola mexicano son las relacionadas con solucionar problemas como el alto costo de los créditos al campo y también los altos costos que enfrentan los productores. “Los retos de México están relacionados con promover la inversión extranjera directa en la agricultura, mejorar la infraestructura de transporte, los sistemas de riego, la calidad del agua, la información con que operan los mercados y atender las preocupaciones ambientales”.
La conferencia de prensa fue citada para que el funcionario ofreciera la opinión del gobierno de Estados Unidos respecto a la recientemente promulgada Ley Agrícola (conocida como Farm Bill), que garantiza a los productores de aquel país un subsidio para los próximos diez años de 170 mil millones de dólares. Los recursos, que serán canalizados a temas como energía, investigación y programas de asistencia alimentaria, serán empleados también para garantizar precios de garantía a productos agrícolas.
J.B. Penn aseguró que “mucha de la crítica” a esa legislación “es infundada” y promovida por países como Japón o los socios de la Unión Europea, para disfrazar los crecientes montos que a su vez destinan a sus propios productores.
“Reconocemos que hay un creciente apoyo para nuestros agricultores, pero la crítica no tiene fundamento alguno las ayudas están dentro de los límites legales de los acuerdos firmados por Estados Unidos”, apuntó.
El funcionario señaló que Washington está dispuesto a reducir las subvenciones a sus productores agrícolas “siempre y cuando Japón y la Unión Europea hagan lo mismo”.
Señaló que los recursos comprometidos por la Casa Blanca al amparo de la Ley Agrícola no constituyen barreras adicionales al comercio, debido a que se trata de apoyos a su mercado interno y tampoco actuará en perjuicio de productores de otros países, debido a que, aseguró, no se anticipa un incremento en la superficie de cosechas.