El doctor Felipe Martínez Rizo dirigirá el naciente Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Lo resolvió así la junta directiva del INEE al cabo de un proceso de selección que concluyó el jueves 26, tres días antes del plazo que el propio órgano se fijó, y que concluyó ayer.
El desenlace era previsible y nadie lo objetará, ni siquiera por la cercanía del director elegido con el proceso de creación del Instituto. Al contrario, esa circunstancia lo compromete en mayor medida, pues habiendo contado entre los creadores de la nueva institución, es de suponerse que experimentará una relación estrecha, entrañable con su creatura. Martínez Rizo fue rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y formó parte del grupo abocado a los temas educativos en el equipo de relevo organizado por el presidente electo Vicente Fox. El secretario de Educación Reyes Tamez Guerra lo nombró su asesor y le encargó coordinar el proyecto que dio lugar al INEE. El anteproyecto que circuló hacia enero de este año comprendía una sólida argumentación y bibliografías especializadas, todo en cerca de ciento cincuenta páginas. El documento incluía el examen de las alternativas de creación: decreto o ley, y señalaba la conveniencia de una u otra. Así, quizá nadie está más familizarizado con el Instituto que quien es ya su director.
La junta directiva convocó el 29 de agosto a universidades y otros centros educativos donde se practican la evaluación y la investigación en ese ramo, y a los secretarios de Educación de los estados, para que propusieran candidaturas. Treinta y ocho de esta instituciones y personas propusieron 23 nombres. Ocho no cumplían los requisitos de la convocatoria y quedaron fuera de concurso. Nueve más fueron descartados en una segunda etapa y el 20 de septiembre se conocieron los nombres de los seis finalistas.
En prolongación del sano criterio de abrir la designación de director general a la comunidad abocada al tema, será muy útil que la junta directiva haga explícitos los criterios para la formación del grupo de seis finalistas y la elección de uno entre ellos. Un ejercicio de apertura así, completado por el dar cuenta pública de sus motivaciones, no sólo validaría aún más el proceso, sino que serviría de ejemplo para la ejecución de tareas análogas.
Uno de los nueve candidatos que no pasaron a finales es el ingeniero José Antonio Carranza Palacios. Lo presentaron las secretarías de Educación Pública de San Luis Potosí, Hidalgo y Baja California Sur, así como los institutos de educación de Aguascalientes y de Oaxaca. No sobra hacer notar, en la etapa de transición política en que nos encontramos, que los gobiernos de esas entidades están a cargo de políticos surgidos del PRI, el PAN y el PRD. Se hizo constar que entre la documentación entregada se hallaba la “acreditación de experiencia en el campo de evaluación educativa”. Carranza Palacios, en efecto, luego de graduarse como ingeniero y obtener una maestría en el Tecnológico de Monterrey, dirigió el Instituto Tecnológico Regional de Oaxaca y a partir de 1970, y durante doce años consecutivos y un periodo adicional de cinco más, desempeñó tareas de gran importancia en la Secretaría de Educación Pública: fue director general de Planeación Educativa hasta 1977 y de Programación en 1978; durante los dos años siguientes coordinó el programa Primaria Para Todos, y de 1979 a 1982 fue subsecretario de Educación e Investigación Tecnológica. De 1995 al 2000 fue director general del Instituto Nacional de Educación de Adultos.
La publicación de los criterios que la junta directiva empleó para la selección y el nombramiento permitiría saber qué objeciones a un currículum de este alcance determinaron que no llegara a la sexteta de finalistas. Aun si se trató de apreciaciones políticas, como no responsabilizar de una nueva tarea a quien fue miembro eminente de una etapa que se desea dejar atrás, comunicarlo enriquecería el juicio público sobre la pertinencia de designar al doctor Martínez Rizo.
El 19 de septiembre, cuando juzgué positivamente la decisión de abrir a concurso la dirección y los puestos de consejeros técnicos del INEE, dije lo contrario de la opacidad notoria en la designación de los cinco comisionados del también flamante Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Dada la conveniencia y aun necesidad general de transparencia, que ahora invoco en el caso del INEE, hubiera sido muy significativo que el Presidente realizara un proceso abierto para designar a quienes pondrán en aplicación la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
El procedimiento fue oculto y desembocó en infracciones a la ley, pues el Presidente omitió informar para qué lapsos designó a los comisionados (pues no todos durarán el mismo tiempo en su encargo) y sobre todo escogió a personas que no han tenido desempeño sobresaliente en el ámbito del acceso a la información. Infortunadamente, el Senado de la República, que podría objetar los nombramientos (no ratificarlos, puesto que la atribución de designar corresponde al Presidente), está dejando pasar el plazo de que dispone, y no parece interesado en el asunto. Transcurrió ya más de la mitad del término para presentar sus objeciones. Antes de que venza, el 12 de octubre, haría bien el Senado en consultar a la comunidad interesada, para conocer su parecer sobre las designaciones y, si es el caso, estar a tiempo de objetarlas ante el Ejecutivo.