La Jornada
México, D.F.- El informe sobre Avances y retos en derechos humanos que presentó el presidente Vicente Fox la tarde del miércoles “es parcial, incompleto, un acto publicitario y no da cuenta de cuántos funcionarios de esta administración han sido procesados por violaciones a derechos humanos y que han sido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)”.
“No hay avances sustanciales, estructurales, está pendiente la reforma que anunció en materia de Procuración y Administración de Justicia, y sobre todo persisten las amenazas y hostigamiento contra defensores: en 2001, hubo 17 casos de amenazas, de enero a julio de este año, van once. Una defensora fue asesinada, y uno más hace unos días tuvo que salir del país por las amenazas”.
Hay un doble discurso en el Ejecutivo, “por un lado el presidente Fox expresa su preocupación en la materia, mientras que altos funcionarios de su investigación amenazan, hostigan, intimidan. Ahí está un caso reciente, el de la dirección de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), donde se fabricaron pruebas para intimidar a dos defensores de la organización Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT)”.
En conferencia de prensa las organizaciones, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, ACAT, Centro Fray Vitoria, Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), y de derechos Humanos Todos los derechos manifestaron coincidir en señalar lo anterior .
No obstante ello señalaron que en la actual administración se ven algunos avances en materia de derechos humanos, que existe un discurso favorable al tema, así como se notan acciones tendientes a establecer un Estado de Derecho respetuoso de las garantías individuales, pero “todavía no hay una política de Estado en derechos humanos, faltan las reformas estructurales y los logros de ahora, son resultado de diez años de lucha de las organizaciones sociales”.
Expresaron su preocupación por el hecho de que a las organizaciones sociales se les diera poca participación en la elaboración de ese informe y la falta de consulta, pues “lo que se dijo por parte de Fox parece más un acto de publicidad. Todavía hay que esperarnos para ver la importancia que Fox da al tema en su informe de gobierno, pues el año pasado apenas si se mencionó”.
Todas las organizaciones presentes en la conferencia coincidieron en señalar que el informe es “parcial, incompleto, un acto publicitario”, pero no da cuenta de los funcionarios que han sido procesados y encarcelados por violaciones a derechos humanos.
En los casos de tortura, que el mismo presidente reconoce es una práctica que persiste, “no da cuenta el informe de cuántos y cuáles funcionarios han sido sancionados; tampoco refirió el caso de las desapariciones forzadas que continúan en el gobierno foxista, ni de las detenciones ilegales”.
Sorprende que hable de que “ se nota una disminución en las amenazas a defensores, porque en este primer semestre del 2002, hay once casos documentados. El año pasado fueron 17, más que en el último año de la administración pasada. Incluso hubo un crimen de una defensora”.
Si los defensores amenazados y hostigados “hoy no han recurrido a solicitar protección al gobierno, éste tendría que preguntarse por qué, pero es indudable que no se ha recurrido por que no se investigan las denuncias de amenazas, no son tomadas en serio, y mejor los defensores recurren a los organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, entre otras”.