SUN-AEE
México, D.F.- El estado de México se convirtió en la primera entidad del país en la que la Procuraduría de Justicia local está facultada para realizar “intervenciones de comunicaciones privadas o escuchas telefónicas”.
El espionaje será aplicable en el combate de delitos graves como secuestro u homicidios, así como en labores contra el crimen organizado dentro del territorio mexiquense.
El único candado que se estableció en el Congreso estatal para aprobar esta medida fue que las intervenciones telefónicas sean autorizadas por un juez federal, como lo realiza la Procuraduría General de la República (PGR) en sus labores investigadoras, dijo el diputado panista David Ulises Guzmán Palma, presidente de la Comisión Legislativa de Asuntos Constitucionales del Congreso estatal.
Esta facultad de la Procuraduría estatal entrará en vigor este fin de semana, luego que fuera aprobada por unanimidad en el Congreso estatal el pasado 1 de julio y publicada en la Gaceta del gobierno el 23 de agosto pasado; quedó establecida en el artículo 20, fracción XIX, de la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de la entidad, en la que se establece que la solicitud respectiva sólo podrá formularse al juez federal a través del procurador General de Justicia y las demás que establezca el reglamento de esta ley, que se dará a conocer en los próximos días.
El procurador de Justicia, Alfonso Navarrete Prida, dijo que él ya cuenta con las facultades para solicitar a jueces de distrito del Poder Judicial Federal la intervención de comunicaciones privadas y aseguró que aún falta delinear los criterios generales para que la medida sea promovida automáticamente por los ministerios públicos, sobre todo en aquellos casos relevantes y de importancia fundamental.
Para intervenir comunicaciones privadas de tipo telefónico sólo se requiere que el procurador lo solicite por escrito y los jueces federales contarán con 24 horas para resolver si otorgan o no el permiso, afirmó el juez de Distrito, hoy magistrado, Leopoldo Cerón Tinajero.
En su solicitud, el procurador deberá sustentar de manera clara la necesidad de la medida, con los elementos del caso que se está investigando y los indicios que existen para presumir la responsabilidad de determinado delito.
De acuerdo con el magistrado, hasta ahora el Ministerio Público Federal sólo presenta en la entidad de una a dos solicitudes de este tipo al mes, pero ahora que el ministerio del fuero común está facultado para solicitar las intervenciones, ese número se incrementará.
En la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia mexiquense, que acordó el Congreso local, también se aprobó en su contenido la posibilidad de que se asignen guardias oficiales a los ex procuradores que dirigieron la dependencia, hasta en un lapso equivalente al doble de años que estuvieron sirviendo a la institución. Así como asignar seguridad especial a funcionarios estatales y municipales.
Asimismo se aprobó la creación de un Fondo Auxiliar para la Procuración de Justicia, que se integrará con la suma de las fianzas y multas que aplican los ministerios públicos y que permitirá aprovechar los recursos en aspectos como la profesionalización y la adquisición de equipo.