La Jornada
México, D.F.- Después de la tragedia de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a cargo de Marcelino García Barragán, asumió el control de la situación, marginando a las autoridades civiles e ignorando incluso al propio presidente Gustavo Díaz Ordaz”, y el “Campo Militar número Uno estaba convertido en un campo de concentración de prisioneros de guerra”, declaró a la Fiscalía para desaparecidos, Salvador del Toro Rosales, el agente del Ministerio Público Federal que se encargó de tomar la declaración ministerial de los líderes del Comité Nacional de Huelga (CNH). El ex funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR), quien acudió el pasado jueves a la fiscalía que encabeza Ignacio Carrillo Prieto, aseguró que el 3 de octubre de 1968, una comisión de Ministerios Públicos se presentó en la Sedena y el general García Barragán les dijo: “en el campo militar tenemos alojadas a un montón de viejas que nada más nos están estorbando. Quiero que vayan ustedes, hablen con ellas y las que nada tengan que ver con el mitote, que se vayan a sus casas, y aquellas otras que andan en la bola, pues ya verán ustedes qué se hace con ellas, pero yo no las quiero aquí, porque es mucha responsabilidad tenerlas en un campo militar”.
Sin embargo, cuando al secretario de la Defensa Nacional, Francisco Rivera Cambas, encargado de la comisión de ministerios públicos, le dijo “que era necesario también recibir la declaración de los demás detenidos, que según se sabía eran cientos”, el militar “se paró de su asiento, y otro militar nos dijo ¡por acá!’. En otras palabras nos corrieron”.
Después de una negociación que dirigió el entonces procurador Julio Sánchez Vargas, les ordenó a sus ministerios públicos que hicieran lo que el secretario de la defensa les ordenara. Fue que acabaran a las mujeres del Campo Militar número Uno. “¡Pobres mujeres! Toda su desgracia se debió a que la mayoría de ellas vivían con sus familias en los departamentos del edificio Chihuahua. Todas ellas quedaron libres, con lo poco que tenían puesto encima”.
Al día siguiente (4 de octubre), narró del Toro Rosales, el subprocurador Franco Rodríguez y el director de la Federal de Seguridad (Fernando Gutiérrez Barrios) encabezaron la toma de declaraciones de los detenidos. La primera que le tocó recibir a Del Toro fue “la de un muchacho a quien momentos antes vi sentado cómodamente fumando un cigarrillo y platicando en tono amigable con varios agentes de la policía política de la Secretaría de Gobernación (la Dirección Federal de Seguridad), era Sócrates Amado Campus Lemus. Denunció a casi todos sus compañeros”. Salvador del Toro Rosales aseguró durante los días posteriores al 2 de octubre, el entonces procurador le encargó el proyecto de conclusiones acusatorias para los detenidos, el cual “no sabía cómo hacerlo y ni siquiera tenía ganas de hacerlo”, además de que los integrantes del CNH hasta le “simpatizaban por inteligentes e íntegros”.
Pero “como siempre ha tenido necesidad de empleo, y todavía hoy, a los 79 años de edad, trabajo para vivir y para que viva mi esposa. Antes, como ahora, también era necesario mi sueldo, pues nunca tuve ni tengo otros ingresos, ni he contado con ningún capital. Así que renunciar al cargo en aquellos días por no estar de acuerdo con el trabajo que se me encomendó y por no saber cómo hacerlo era condenar a mi familia a pasar días, semanas o quizás meses de angustia”.
Ya en el proceso penal, confesó, por instrucciones precisas del procurador Sánchez Vargas, siempre “actué como litigante en el proceso penal, pagando, como se acostumbra a hacerlo, a los empleados del juzgado, la copias certificadas que le solicitábamos. Al secretario encargado de elaborar el proyecto de sentencia, en varias ocasiones, se le hizo entrega de algunas gratificaciones en efectivo; luego, como recompensa, se le nombró agente del ministerio público federal.
“En cuanto al juez Eduardo Ferrer McGregor, éste era el consentido de la Secretaría de Gobernación y de la PGR. Se le tenían asignados agentes de la DFS para que lo cuidaran junto con su familia. Además de esas atenciones se le brindaban otras distinciones especiales.
“Este tratamiento inusual se debía al temor de que el juez McGregor dictara una sentencia absolutoria (ya que Del Toro reconoció que las acusaciones estaban “sostenidas con las uñas) , lo que hubiera causado el mismo efecto que una bomba de dinamita colocada y explotada en Los Pinos”, cuenta el ex Ministerio Público en su libro “Testimonios”, publicado en 1996, y cuyo contenido ratificó “en todas sus partes” ante la fiscalía para desaparecidos.
Para el 25 de septiembre de 1970, cuando ya Luis Echeverría Álvarez era candidato presidencial, dijo el ex funcionario, no había la menor duda de que abiertamente “hizo ver su intención de agradar a quienes agredió tras bambalinas, un ejemplo de lo anterior es lo sucedido en Morelia, Michoacán, durante un acto político celebrado en la Universidad de San Nicolás Hidalgo, ahí, el candidato, al pronunciar un discurso, pidió un minuto de silencio en memoria de los caídos el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco.
“Esta desconcertante alocución por poco le cuesta la candidatura, pues el presidente Díaz Ordaz y el general Marcelino García Barragán se disgustaron al conocer que el ex secretario de Gobernación se lavaba las manos buscando echarse a la bolsa a los estudiantes, no obstante que bajo su mando operó la DFS que organizó el llamado Batallón Olimpia, exclusivamente para descabezar el movimiento estudiantil el 2 de octubre.
“Nadie sabe cómo pudo convencer Echeverría a Díaz Ordaz para que no lo quitara, el mismo día de su discurso, como candidato del PRI a la Presidencia de la República. Según lo comentado por el presidente de dicho partido, Alfonso Martínez Domínguez, los pasos estaban previstos y para ejecutarlos, sólo faltaba la orden de fuego (quitar a Echeverría) que nunca llegó”, narró Del Toro Rosales.
Del 10 de junio de 1971, conocido como el Jueves de Corpus, afirmó que el expediente de los “halcones”, quedó en manos del recién nombrado procurador general de la República Pedro Ojeda Paullada, y que desde el 19 de agosto de ese mismo año, de ese caso “no se volvió a hablar una palabra” en la PGR, ni él volvió a saber de los expedientes, pese a que el Ministerio Público Edmundo García había obtenido las nóminas del personal eventual que bajo el mando del coronel Manuel Díaz Escobar cobraba en la Tesorería del departamento del Distrito Federal y que fue el personal que integró el grupo de choque que se enfrentó a los estudiantes en la avenida México-Tacuba.
De la llamada guerra sucia, también señala que en una ocasión se relacionó con Miguel Nazar Haro “el mejor investigador político que he conocido”, dijo, que luego de que un detenido del Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR) se había negado a declararle algo, “a las pocas horas” recibió un recado: “ya todo está arreglado, va a declarar”.
Del Toro, aseguró que “efectivamente el detenido cambió de actitud. Todas las preguntas que hacía las contestaba, y ese nuevo comportamiento me tenía sorprendido, por la espontaneidad de su declaración y su integridad física, pues no era visible ni un rasguño.
“Cuando terminé la diligencia hable con Nazar para preguntarle cómo le había hecho para que Miguel Duarte López declarara. Me contó que siguió el procedimiento de los ¡Boinas Verdes!, el único eficaz contra los guerrilleros para que digan la verdad sin tocarles un pelo. Fue el siguiente: “Nazar, uniformado y haciéndose pasar como coronel del Ejército, comandante de un grupo antiguerrillero, palabras palabras menos, le dijo al detenido: ¡Sé que eres originario de Palmarito, municipio de Mocorito, Sinaloa. En Bacum, Sonora, vive tu mamá y tus hermanitos. La casa es así y así, y ya está minada con dinamita. O declaras todo lo que sabes al Ministerio Público o ya sabes a lo que te atienes!”, aseguró Del Toro Rosales.