Los señalamientos hechos al partido Acción Nacional en el municipio de Torreón respecto al presunto exceso en los gastos de campaña en las actuales elecciones, debe ser objeto de investigación. Lo anterior porque si la Ley establece reglas al respecto deben ser observadas y para ello, el Instituto Estatal Electoral debe ejercer el control que corresponda en el caso de éste o de cualquier otro partido, conforme a derecho y por conducto de las autoridades auxiliares competentes.
Sin embargo ni esta acusación ni alguna otra al respecto deben operar como medio de intimidación en contra de la ciudadanía y los partidos, porque inhibiría la participación en los comicios en perjuicio de nuestra aún frágil democracia. Lo anterior sea dicho porque los ciudadanos esperan campañas de altura en las que se hagan propuestas para el mejoramiento de nuestra vida pública, y que no se agoten en el denuesto del adversario.
Las autoridades deben ser cuidadosas sobre el particular, porque al tiempo que están obligadas a vigilar la legalidad del proceso, deben proceder bajo el principio de que es la ciudadanía y no el gobierno la protagonista eminente y principal del proceso democrático. Lo anterior implica renunciar a toda tentación de la autoridad por recurrir a medidas represivas o de estilo policiaco, que puedan estorbar a la libre participación de la sociedad.
A las notables limitaciones que la legislación electoral de Coahuila impone a partidos y candidatos, en cuanto a tiempos y espacios de propaganda así como en los gastos correspondientes, no deben sumarse criterios de aplicación aún más restrictivos. Lo deseable es que cada uno de los que buscan el voto se acerquen a la ciudadanía por los medios lícitos a su alcance, para que el próximo 20 de septiembre se produzca una elección que con independencia de los resultados, nos haga sentir orgullosos