Comenzaron el lunes las sesiones del Consejo de Guerra que dictaminará la responsabilidad de los generales Francisco Quirós Hermosillo y Mario Arturo Acosta Chaparro en el primero de los dos procesos que se les ha instaurado. Fueron detenidos en agosto del 2000, cuando todavía era secretario de la Defensa Nacional el general Enrique Cervantes Aguirre, compadre del primero y sólo ahora se llega al extremo de ese juicio. Cualquiera que sea su desenlace, le seguirá otro, por los múltiples homicidios que se les atribuyen durante la Guerra Sucia. El señalamiento extrajudicial en su contra data de los tiempos mismos en que se produjeron los hechos, pero apenas hace unas semanas se convirtió en acusación formal, emprendida por la Procuraduría de Justicia Militar.Los generales procesados se mostraron seguros de demostrar su inocencia. Si la acusación depende sólo de pruebas testimoniales, no será difícil que se les exonere. Y es que puede no ser fiable lo que digan de otros, personas a las que se exime de responsabilidades con tal de que inculpen a terceros. Ese es el caso de los testigos protegidos, discutible figura legal que de más en más se ha utilizado en México para combatir a la delincuencia organizada. Ciertamente, informar sobre hechos de que se tiene conocimiento directo no depende de la condición moral de quien atestigua. Pero cuando se testimonia para obtener provecho penal, es decir para aligerar las cargas propias, los dichos del caso deben ser completados y corroborados con otras evidencias, con pruebas que no puedan ser descalificadas.
La detención de los generales, hace 26 meses, fue posible por la información provista por Adrián Carrera Fuentes, un equívoco personaje que por tal servicio a la procuración de justicia fue puesto en libertad. Hacía dos años que se hallaba preso, contaminado como ocurre a menudo entre militares y policías encargados de perseguir al narcotráfico, pero con una historia que lo inclinaba hacia esa disposición. En una de las primeras referencias públicas al involucramiento del entonces gobernador de Quintana Roo Mario Villanueva, un periódico de la capital publicó el 13 de diciembre de 1997 un informe policiaco confidencial en que al político ahora preso en La Palma, se le identificaba como “protector de Adrián Carrera Fuentes, relacionado con el cártel de Juárez”, lazo que después se comprobaría y le significaría un largo tramo de prisión.
Tres años antes, Carrera Fuentes había dejado de ser el director general de la Policía Judicial Federal. En agosto de 1993 lo designó el procurador Jorge Carpizo y sus sucesores Diego Valadés y Humberto Benítez Treviño lo mantuvieron en el cargo. La causa de su permanencia se llamaba Justo Ceja Martínez, el inencontrable (suponemos que se le busca) secretario particular del presidente Carlos Salinas de Gortari.
El historial de Carrera Fuentes previo a su nombramiento no muestra mérito suficiente para su ascenso a la máxima responsabilidad en cuando a indagación ministerial. Pero lo explican las funciones que se le encomendaron y que fueron claras en abril de 1998, cuando fue primero arraigado y luego recluido. Su papel era intermediar entre jefes del narcotráfico y el subprocurador Mario Ruiz Massieu, el mismo que buscó ocultar la participación de Raúl Salinas en el homicidio de su hermano José Francisco y antes le entregaba dinero sucio. Según refirió entonces The Wall Street Journal, en versión sintetizada por un diario capitalino, “Carrera Fuentes es considerado un personaje clave en las intrincadas relaciones entre Salinas y Ruiz Massieu, pues se asegura que el ex subprocurador era el encargado de entregar el dinero al hermano del ex mandatario. A su vez, Adrián Carrera llevaba el dinero de los narcotraficantes a la casa de Mario Ruiz Massieu, según una declaración del agente aduanal estadounidense Robert Rutt, en el mismo proceso de Houston”.
El proceso citado es el que pretendía la extradición de Ruiz Massieu a México. El ex jefe del FBI en nuestro país, Stanley Pimentel, había dicho allí que el ex subprocurador y Carrera “sabotearon el intento de detención de (Juan) García Ábrego, al cambiar información sobre un operativo para capturar al narcotraficante”.
Cuando fue detenido en 1998, Carrera Fuentes describió con amplitud su relación con Amado Carrillo Fuentes y los nexos de éste con sus protectores de toda laya. Entonces no se hizo público que implicara a los generales hoy sujetos a proceso, o quizá añadió esa información con posterioridad. Confesó en aquel momento que a partir de 1992, primero como director de Aprehensiones de la PGR y más tarde como responsable de la PJF recibió hasta mil dólares por cada kilo de cocaína que se enviaba a Estados Unidos sin que él lo impidiera. Así lo había pactado con “El señor de los cielos” que personalmente, una vez le entregó un maletín con más de 300 mil dólares.
Sentenciado a seis años de prisión por lavado de dinero (pues introdujo en el comercio de azulejos los dólares resultado de su corrupción), fue condenado a cuatro años más por tortura, abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia. Los perpetró con motivo de la averiguación del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. Pero estuvo menos de dos años en prisión. Primero salió del Reclusorio Norte a Houston, durante el juicio a Mario Ruiz Massieu y luego quedó en libertad en julio del 2000, acogido desde entonces al programa de testigos protegidos, donde sólo ha conseguido, dice, “sobrevivir”.