Reuters
CARACAS, VENEZUELA.- El secretario general de la OEA, César Gaviria, intentó sin éxito hasta ayer por la madrugada un acuerdo entre el gobierno y la oposición en Venezuela, que hubiese podido llevar a frenar el paro previsto para el 2 de diciembre contra el presidente Hugo Chávez.
El diplomático es el facilitador desde hace tres semanas de unas controvertidas negociaciones gobierno-oposición que buscan una salida electoral a la crisis política que atraviesa Venezuela, quinto exportador mundial de crudos.
Pero ambos bandos han mantenido posiciones radicalmente opuestas que han impedido acuerdos y más bien han levantado preocupación de parte de organismos internacionales y países vecinos de Venezuela, que han llamado a que sean conciliadas las diferencias en pro de un acuerdo pacífico y democrático.
Tras reuniones que comenzaron en la tarde del viernes y finalizaron cerca del amanecer, algunos de los participantes dijeron que no hubo acuerdos a pesar de que Gaviria prácticamente les puso un ultimátum y trató de agotar todas las vías posibles con el objetivo de evitar el paro.
La protesta, cuya duración será definida el sábado pero que preliminarmente se maneja de al menos dos días, fue convocada por líderes empresariales, sindicales y políticos como un mecanismo de presión para que el presidente deje el gobierno.
Pero para el gobierno, esa acción es un atentando a las negociaciones y tiene una carta “golpista” bajo la manga, así como la tuvo la paralización que a su tercer día de realización en abril llevó a la salida de Chávez del poder por 48 horas.
Gaviria no dio declaraciones a la prensa luego de los encuentros. En todas las reuniones previas había hecho un balance, siendo el del jueves pasado en el que expresó mayor preocupación por lo que calificó un crecimiento de la tensión en la mesa de negociación.
El opositor Leopoldo López, alcalde del rico municipio del este de Caracas, Chacao —quien participó en una de las reuniones—, dijo que la mesa “amaneció hoy discutiendo y no hay ningún acuerdo”.
Por lo que “creo que el paro del día lunes cobra mucho más fuerza después de lo que pasó esta semana y sobre todo por (...) la imposibilidad de llegar a algún acuerdo sobre los temas fundamentales”, agregó en una entrevista con la televisora local Globovisión.
Desmilitarización
López informó que Gaviria planteó como punto fundamental el tema electoral, que siguió trancado entre la posición de los adversarios que piden un referendo consultivo que pregunte si Chávez debe renunciar y la del oficialismo que está negado a esa vía bajo el argumento de que es anticonstitucional.
El diplomático también puso sobre la mesa dos puntos colaterales, agregó el alcalde.
Uno fue el incremento del patrullaje militar que ordenó el gobierno en Caracas desde hace más de tres semanas y que fue calificado por la oposición como una medida intimidatoria.
Otro, la intervención gubernamental hace dos semanas de la Policía Metropolitana (PM), la principal de la capital y arrebatada a uno de los principales enemigos de Chávez, el alcalde Alfredo Peña. Las instalaciones de esa policía permanecen militarizadas.
La oposición ha condicionado la firma de un compromiso por la paz y la tolerancia propuesto por Gaviria a que se le devuelva a Peña la PM, cuya intervención fue justificada por el gobierno como una medida de seguridad después de una escalada de violencia que ha dejó al menos dos muertos este mes.
“No llegamos a ningún acuerdo, el tema de la Policía Metropolitana esta madrugada a las 3 se dejó a un lado y continuó la mesa con el tema electoral”, dijo López.
Según la prensa, el acuerdo propuesto por Gaviria también contemplaría la depuración del registro electoral y la conformación de una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo enfrascado en medio de un debate legal en torno a la convocatoria al referendo consultivo.
El CNE aprobó el jueves celebrar el 2 de febrero del 2003 esa consulta, que preguntaría si Chávez debe renunciar.
Esa decisión entró a una disputa legal luego que el gobierno la consideró “nula” bajo el argumento de que fue tomada por una mayoría simple y no calificada de los cinco miembros del directorio del organismo electoral.
Los opositores del mandatario, que lleva casi cuatro años en la presidencia luego de ganar las elecciones de 1998 con abrumadora mayoría, lo acusan de querer imponer un comunismo como el cubano y de haber llevado al país a la ruina, con una profunda recesión, alto desempleo y elevada inflación.