Tras años de conflicto ex empleados se cansan de las instancias legales
GÓMEZ PALACIO, DGO.- Los ex trabajadores de la Jabonera “La Esperanza”, decidieron no dar ningún paso para impugnar la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con la cual se deslinda del añejo conflicto laboral, y advirtieron que tomarán posesión física de los terrenos de la antigua fábrica, con la formación de un asentamiento.
Ayer, el grupo de huelguistas acudió al Palacio de Justicia para conocer la respuesta del Juez Primero de lo Civil, Salvador Salas Chávez, después que el pasado martes fue enterado de la resolución del tribunal laboral, en el cual se deja en sus manos toda la responsabilidad del caso.
El secretario general del sindicato de trabajadores de la jabonera, Roberto Santos Padilla, dijo que sin embargo sí deberá procederse legalmente contra el notario público número 15, Juan Antonio Alanís Romo, quien según refirió, incurrió en un delito al dar fe pública de un convenio falso y alterado que la JFCA tomó como válido para asumir que los ex trabajadores fueron liquidados y que el problema era de carácter civil y no laboral.
“No podemos seguir perdiendo más tiempo en esta guerra de papel... el siguiente paso es definitivo”, dijo el líder sindical de los ex jaboneros refiriéndose a que no impugnarían ante ninguna instancia la resolución de la Junta Federal, mediante la cual se deslinda del conflicto aduciendo a que no es un problema laboral.
En lugar de ello, las 148 familias de ex trabajadores sindicalizados comenzarán a tomar posesión física de los terrenos de la antigua fábrica, para lo cual comenzarán a lotificar y levantar jacales formando con ello un asentamiento humano, como una forma de obtener la liquidación que nunca se les ha proporcionado en los nueve años transcurridos.
A la vez, hicieron saber su temor porque al iniciar las acciones la empresa determine el desalojo en su carácter de posesionarios, por lo que solicitaron que presentándose el caso el juez actuara con criterio y tomara en cuenta que la resolución de la JFCA no está fundamentada.
Algunos ex trabajadores hicieron saber al juez su intención de acudir personalmente con el secretario de Trabajo y Previsión Social, Carlos Abascal, para denunciar las condiciones en que la Junta Federal se deslindó del caso, pues está tomando como base el incidente de liquidación de prestaciones promovido por José de Jesús Centeno Herrera, quien aunque se ostenta como apoderado del síndico de la quiebra, es decir Canacintra, éste no tenía ninguna facultad para ello, pues únicamente fungía como asesor legal personal del empresario Carlos Acosta Gómez, dueño de la jabonera.
El juzgado sólo los escucha
El juez Salvador Salas Chávez dijo por su parte que la Junta Federal se contradice al declararse incompetente en el caso y considerar procedente el pago marcado en el supuesto convenio, además de que su resolución no está fundamentada, pues los huelguistas nunca han recibido tal pago ni la adjudicación de los terrenos.
Sin embargo, y como su actuación es a petición de partes, se considera válida mientras no se combata ante las instancias legales que correspondan por parte de los afectados.
Refirió que hasta el momento, el Juzgado nunca ha pedido ni ordenado un desalojo de las instalaciones de la antigua jabonera, de las cuales los ex trabajadores están posesionados en forma pacífica desde que se generó el conflicto con la empresa.
Sin embargo, sí podría llegar a procederse en caso de que la sindicatura de la quiebra representada por Canacintra llegase a solicitar el desalojo.
Refirió que por ser la instancia más cercana a los ex trabajadores y en el conflicto, recurren al Juzgado pero éste sólo puede escucharlos.
Caso complicado
Después de nueve años de huelga y lucha ininterrumpida, los ex trabajadores de la Jabonera “La Esperanza” advierten que comenzarán a tomar posesión física de los terrenos que les corresponden, como una manera de obtener la liquidación que nunca recibieron, después que la empresa cerró sus puertas argumentando una quiebra que finalmente, resultó ser fraudulenta.
· La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se declaró incompetente en el caso, asumiéndolo como un problema de carácter civil y dejándolo en manos del juez en la materia.
· Base de esa resolución fue un convenio que se firmó el 30 de enero de 1998, por la entonces delegada de la sindicatura de la quiebra, María Luisa Ramírez Escobedo, en el que aparecen las firmas del secretario general del sindicato Roberto Santos Padilla y de Fermín López Díaz (sic), (su apellido correcto es Díaz López), quienes rechazan haber aceptado el contenido de ese documento.
· El convenio establece la supuesta liquidación de los ex trabajadores, mediante el pago de 1.3 millones de pesos que el grupo obtuvo sólo a modo de préstamo por la administración municipal, y que sería pagado a dicha instancia de gobierno cuando éstos recibieran su liquidación conforme a la Ley.
· Del documento dio fe pública el notario número 15, Juan Antonio Alanís Romo, contra quien según los ex trabajadores, debe procederse legalmente al certificar un documento alterado.
· Inicialmente, el 25 de noviembre de 1997 los ex trabajadores firmaron un convenio similar pero sin dos cláusulas agregadas al segundo, en el cual se les obliga a ceder al Municipio 7 mil metros cuadrados de terreno y a someterse a la jurisdicción de Gómez Palacio en caso de que surgiera cualquier controversia.
· Pese a que el segundo convenio fue impugnado ante el juez civil por los ex trabajadores, éste lo asumió como válido.
Fuente: Investigación El Siglo de Torreón.