Los inicios de la electricidad en nuestro país se remontan a los últimos años del siglo XIX y a los primeros del siglo XX, aunque en forma limitada y no exenta de fallas. No todas las ciudades disponían del servicio de energía eléctrica, ni aquéllas que lo tenían podían disfrutarlo a plenitud. Con excepción de la capital mexicana y dos o tres ciudades importantes, en el resto de las poblaciones se disponía de una luz eléctrica irregular y mortecina, ciertamente muy romántica.
Decía Valeriano Sanmiguel, célebre personaje de este Saltillo, que el primer día que se usaron las planchas eléctricas en nuestra ciudad la planta de luz patinó impotente; los médicos que operaban en la Casa de Salud dejaron un enfermo a medio zurcir y las parejitas que estaban en la luneta alta del cine Marycel engendraron dos o tres criaturas aprovechando la oscuridad de la sala.
El diccionario Porrúa afirma que en 1960 dominaban el mercado mexicano tres grandes compañías: La Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, S.A. que era filial de la Mexican Ligth and Power Company Ltd., la cual daba servicio al centro del país; el grupo de Empresas Eléctricas, S.A., filial de Eléctric Bond and Share, que vendía energía a las principales ciudades del interior de la República y la Comisión Federal de Electricidad, establecida por el gobierno en 1957.
La CFE había sido autorizada por el Congreso de la Unión desde 1933, en el gobierno del general Abelardo Rodríguez, durmió en la congeladora. El 14 de agosto de 1937 lo deshieló el general Lázaro Cárdenas y le dio carácter de dependencia oficial. Entumida quedó doce años más. hasta que el presidente Miguel Alemán la transformó en un organismo descentralizado; sin embargo, su verdadera importancia fue advertida en 1960 por el gobierno del licenciado Adolfo López Mateos. En todo el tiempo anterior la CFE se había dedicado a producir energía para venderla en bloque a las compañías americanas que lucraban con la mayor parte de las utilidades. En abril de ese año tales empresas fueron adquiridas por el gobierno y subsumidas en la Comisión Federal de Electricidad, la cual tomó dimensiones de gran empresa. La CFE manejaba, así mismo, un gran número de generadoras con una capacidad, en conjunto, de solamente el 3.5 por ciento del total instalado, que cubrían el servicio en las ciudades con población media y pequeña.
Había plantas termoeléctricas en Torreón, Monterrey, Rosarito Baja California y en el Valle de México que se consideraban modelos de avance técnico. No obstante la importancia de la Comisión Federal de Electricidad, el negocio de distribución y venta de energía en los más importantes centros de consumo estaba reservado a las compañías privadas extranjeras. Llegó el momento, sin embargo, en que estos grandes negocios comenzaron a evidenciar su incapacidad para satisfacer las necesidades del país en materia de energía, pues la industria mexicana estaba en pleno proceso de desarrollo. No podían planear el crecimiento integral de la industria eléctrica y, por el contrario, elevaban frecuentemente sus tarifas, prestaban un pésimo servicio, evidenciando desinterés por reinvertir aquí las utilidades obtenidas...
El gobierno mexicano había reflexionado en el costo político de nacionalizar la industria eléctrica, dado el origen yanqui de las empresas, así que, para no perturbar el idilio en que vivían los dos países, se ejecutó la medida con tersura diplomática; una táctica antípoda al rudo método expropiatorio con que el presidente Lázaro Cárdenas había nacionalizado el petróleo en 1938.
La nacionalización de la electricidad devino en una operación de compra-venta de acciones mercantiles e indemnización por daños. Un día de septiembre de 1960, mes de la Patria, el presidente Adolfo López Mateos salió al balcón central de Palacio Nacional y anunció la nacionalización de la energía eléctrica. Eso y la creación de las Juntas estatales de electrificación permitieron que la energía llegara a todo el territorio nacional. Adicionalmente ALM reformó el artículo 27 de la Constitución Política Mexicana, con el fin de que no volvieran a organizarse nuevos grupos de empresas privadas en el campo de la generación, distribución y venta de energía eléctrica. Para ello se declaró que corresponde a la Nación generar, conducir, transformar, y abastecer energía eléctrica que tenga como objeto la prestación del servicio público...
Cuarenta y dos años después en México se debate una posible reforma a la Carta Magna para permitir la inversión extranjera en la producción y venta de energía eléctrica. Las experiencias de otros países, entre ellos el mismo estado de California en Estados Unidos, no son un buen augurio para esta apertura.
El Congreso de la Unión debe parar las orejas y experimentar en cabeza ajena. El proyecto del Ejecutivo Federal responde a una explicable angustia de alineación global, pero aún la mundialización de la economía, cuyas dramáticas consecuencias hemos visto en el recrudecimiento de la pobreza nacional, debe tener limitaciones...