El diálogo entre el Estado mexicano y los concesionarios de radio y televisión va más allá de las bonitas frases que escuchamos en cadena nacional cada vez que sus representantes se reúnen a comer y divertirse con la actuación de artistas de éxito. Hay, al fondo, un conciliábulo que afecta intereses esenciales de nuestra sociedad.
El sigilo y celeridad con que el presidente Fox y el secretario Creel discutieron y resolvieron con la Cámara de Radio y Televisión las nuevas condiciones de su, en apariencia, inmejorable pacto, pues no se puede llamar de otra manera, dan pie a sospechar que los beneficios obtenidos solventan un pagaré virtual, antaño signado y vencido hogaño, con el Presidente de la República por el apoyo de cobertura publicitaria que dieron los medios a su campaña política del año 2002.
La sociedad quedará, en consecuencia, totalmente desprotegida. Ni siquiera Chespirito, tan foxista él, podrá ponerse el disfraz de Chapulín Colorado para defender a la familia mexicana de los desafueros en la programación de los medios televisivos. Ignoro si haya sido en aras de la libertad que el Estado abdicara su facultad de intervenir en la programación cuando ésta incluya presentaciones tan sosas, deprimentes y deformantes como los reality y los talk shows, que hoy son los dueños de la atención del público.
La Ley que se abrogó derogación parcial por un plumazo presidencial, afirmaba en uno de sus artículos: “Los programas recreativos procurarán un sano entretenimiento que afirme los valores nacionales, no sean contrarios a las buenas costumbres, eviten la corrupción del lenguaje, la vulgaridad, las palabras e imágenes procaces, frases y escenas de doble sentido y atiendan al propósito de ennoblecer los gustos del auditorio”.
¿Y qué va a suceder en adelante? Todo lo que en materia de programación pueda imaginar el coco de los escritores al servicio de Televisa y Televisión Azteca con el fin de monopolizar, cada uno por su lado y en insana competencia, la atención de los televidentes, dándole un mayor valor a los tiempos comerciales. ¿Que serán burdos, adocenados, groseros, plebes, ramplones e inanes los novelones que se produzcan y transmitan? Serán peores de lo que se ven actualmente. ¿Que va a imperar la trivialidad y chabacanería? Claro: tal es el objetivo del lucro. Recuerden la sublime expresión del señor Azcárraga Milmo: “Nosotros hacemos televisión para los j...” Eso sí, el gobierno foxista seguirá ejerciendo absoluto control sobre el otorgamiento de concesiones y permisos a quien le dé gana solicitarlos, sin otro elemento de juicio que las decisiones del Presidente de la República, el que podrá negarlas y aun caducarlas y todo lo que signifique sacar de la jugada a los concesionarios que no convengan al interés del régimen en turno. A los amigos gracia y justicia, decía ¿quién?....
Ostentosamente han alardeado los dirigentes de la Cámara de Radio y Televisión acerca de una nueva modalidad, el derecho de réplica. Eso quiere decir, apreciado lector, que si una información que se transmita por radio y televisión afecta su honor, usted puede responderla y el medio de comunicación está obligado a otorgarle espacio suficiente en la misma medida en que se difundió la calumnia. ¡Vaya novedad! Basta con que se lea la Ley de Imprenta promulgada por don Venustiano Carranza en 1916, reglamentaria de los artículos sexto y séptimo constitucionales, para saber que, sin que entonces existieran los sistemas de radio y televisión, dicho “derecho a réplica” ya existía.
Lo novedoso es que el señor Presidente haya aceptado la derogación del tiempo fiscal, al que los concesionarios están obligados desde 1968 (nunca lo cumplieron) de media hora diaria destinada para que el gobierno transmitiese sus mensajes; en compensación al no pago de impuestos sobre sus ingresos. La medida creaba, a la vista, un régimen fiscal de excepción para la industria de la radio y la televisión, desproporcionada e inequitativa en perjuicio de los demás contribuyentes. Al paso del tiempo fue atacada, el gobierno se hizo pato y no usó los tiempos disponibles aunque, mayúsculo absurdo, pagaba por los necesarios para establecer comunicación con la sociedad. La trascendencia de este asunto obliga a la participación de los diputados y los senadores en la discusión de un nuevo pacto con los concesionarios a través del Consejo Nacional de Radio y Televisión, pero por lo que se ve, Fox previó esta demanda social y se cubrió al incluir, en la estructura directiva del citado Consejo, a un representante de la sociedad civil con voz, pero sin voto.
Cuánta manipulación en un tema tan álgido y de interés para los mexicanos; cuánto disfraz para las verdaderas intenciones de un insaciable grupo de beneficiarios del Estado a través de las concesiones de radio y televisión, cuánta incondicionalidad del gobierno y cuán poca....