“Nuestra vida se desperdicia en detalles... Simplifica, simplifica”.
Henry David Thoreau
Nuestro sistema fiscal no sólo recauda poco, sino que está lleno de deducciones, exenciones y excepciones que apoyan a grupos privilegiados o a quienes tienen mejores equipos de contadores y abogados.
El gobierno mexicano pretende operar el año que viene con un ingreso total de 1.45 billones de pesos. Contratará además 51 mil millones de nueva deuda pública para cubrir un gasto de 1.5 billones de pesos. De esos 1.45 billones de ingresos, sólo 669 mil millones provendrán de impuestos. Lo anterior representa apenas un 10.2 por ciento del producto interno bruto, una de las cifras más bajas del mundo. En Estados Unidos el ingreso tributario es superior al 20 por ciento mientras que en los países de Europa rebasa en muchos casos el 40 por ciento.
Este ingreso tan bajo lo obtenemos a pesar de nuestras altas tasas nominales de impuestos. La tasa máxima del impuesto sobre la renta en México es de 34 por ciento, contra 20 por ciento o menos en nuestros principales rivales productivos, como China y Corea del Sur. El impuesto al valor agregado en México es del 15 por ciento, mientras que en Estados Unidos, nuestro mayor competidor en el comercio, los impuestos mercantiles fluctúan entre 6 y 8 por ciento, según el estado.
¿Por qué si tenemos tasas tan altas registramos una recaudación tributaria tan baja? En parte por lo elevado de las tasas, que empujan a empresas y personas a la informalidad y a la evasión fiscal. Otra razón es que nuestro sistema tributario está lleno de agujeros.
La propia Secretaría de Hacienda reconoce que las exenciones, esquemas especiales y tratamientos diferenciados le están costando al erario 329 mil millones de pesos en este 2002. Se trata de la mitad de toda la recaudación tributaria federal. Pero los tratos especiales tienen un costo adicional, ya que complican el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Cada una de las decisiones del Congreso para darle un trato preferencial a algún grupo, usualmente los de mayor influencia política, tiene un costo fiscal. El subsidio a los asalariados registra un costo anual de 53 mil millones de pesos. La exclusión de las cuotas del IMSS, el Infonavit, el ISSSTE y el SAR del subsidio fiscal representa 15 mil millones. La exención por aportaciones a fondos de ahorro implica una pérdida de 12 mil millones de pesos, mientras que la exención a prestaciones de previsión social asciende a casi 14 mil millones de pesos. Las deducciones personales de las personas físicas tienen un costo fiscal de siete mil millones de pesos.
El tratamiento especial a las empresas de agricultura, ganadería, pesca y silvicultura —muchas de ellas muy prósperas— le cuesta al erario casi 12 mil millones de pesos anuales. Las deducciones fiscales de las empresas le quitan al fisco 30 mil millones de pesos.
La tasa cero y las exenciones al IVA tienen un costo de 105 mil millones de pesos. La tasa reducida del IVA en la frontera cuesta casi ocho mil millones de pesos. La exención del impuesto especial al gas LP representa un ingreso perdido de casi 30 mil millones de pesos.
Éstos son apenas algunos de los rubros en que Hacienda deja de percibir dinero debido a los agujeros de las reglas especiales. Pero el daño principal lo hacen la discrecionalidad y la complejidad del sistema que inhiben la inversión y empobrecen a los mexicanos. Si bien es cierto que muchas personas merecedoras obtienen beneficios de este complejo sistema, muchas más quedan fuera porque las reglas están hechas para favorecer a grupos —como los sindicatos— con influencia política.
Mucho se beneficiaría México con un sistema más sencillo. La tasa del impuesto sobre la renta debería ser mucho más baja, digamos de un 20 por ciento, pero sin excepción ni deducción alguna. La progresividad la daría un sólo deducible universal de 5,000 pesos al mes, de manera que únicamente los ingresos por arriba de esta cifra pagaran el gravamen. El IVA, por otra parte, debería ser del diez por ciento y aplicarse a todos los productos y en todas las regiones del país.
Un sistema así no sólo recaudaría más, sino que costaría menos de administrar, sería más transparente y justo, y generaría más empleos. Pero hay grupos políticos que prefieren seguir obteniendo beneficios especiales aun a costa del país.
Policía Estalinista
Resulta que uno de los manifestantes procastristas que irrumpieron en la Feria del Libro de Guadalajara e impidieron la realización de una mesa redonda de Letras Libres era Jesús Escamilla, director de Seguridad Pública de la delegación capitalina de Coyoacán que encabeza María Rojo. Ahora ya sabemos qué hacen en su tiempo libre los funcionarios responsables de preservar la ley.