“Nadie nunca tiene derecho a declarar una huelga que ponga en riesgo la seguridad del público.” Calvin Coolidge
Pemex está emplazada a huelga. En una economía normal esto no debería asombrar a nadie. La huelga o amenaza de huelga es el arma fundamental de los trabajadores para obtener mejores ingresos de las empresas. Es un recurso legal y normal en cualquier economía de mercado.
Es verdad que, al declarar una huelga, los trabajadores asumen el riesgo de debilitar tanto a su empresa que la hagan perder mercado o la lleven a la quiebra. Esto los puede dejar sin empleo. Pero es un riesgo usualmente calculado. Tanto es así que resulta muy raro que una huelga lleve a la quiebra de una empresa.
El consumidor queda protegido de los efectos de la huelga por la disponibilidad de productos de otras empresas en el mercado. Si una huelga suspende la producción de televisores de una marca, por ejemplo el consumidor puede comprar otras.
Pero ahí precisamente radica el problema en el caso de Pemex. Si la huelga estalla el próximo 1 de octubre, el consumidor no tendrá protección alguna ya que Pemex es un monopolio.
Precisamente por eso, la ley le da al gobierno la posibilidad de una requisa en caso de una huelga en Pemex. La autoridad puede intervenir en la empresa y seguirla operando con personal de confianza o con trabajadores y técnicos contratados de manera temporal. De esta manera se garantizan, supuestamente, los derechos de los consumidores.
Pero no nos hagamos tontos. La operación de Pemex es demasiado compleja para ser llevada a cabo por personal de confianza o por gente traída de fuera. En una requisa podrán entrar unidades del ejército a las instalaciones, pero a lo mucho su papel se limitará a preservar la seguridad. ¿Qué ocurrirá, por lo tanto, si estalla la huelga en Pemex el próximo 1 de octubre? Para empezar México se quedaría sin producción de petróleo crudo y de petroquímicos. El gobierno perdería una tercera parte de sus ingresos y estaría técnicamente en quiebra. Las tasas de interés se dispararían de manera automática y se generaría una nueva crisis económica.
México tendría reservas de gasolina para alrededor de una semana, pero lo más probable es que se registrasen compras de pánico desde el primer momento. La escasez generaría un mercado negro de gasolina. Quien necesitara el combustible, tendría que pagar por él un precio muy alto.
El emplazamiento a huelga en Pemex es, por supuesto, un asunto político. No tiene nada que ver con la exigencia sindical de un aumento salarial del 15 por ciento. Su origen real es el intento del gobierno de Fox por despojar del fuero del que gozan los líderes del sindicato petrolero que sirven también como legisladores en el Congreso de la Unión y en la legislatura de Tamaulipas.
Mucho se nos ha dicho que la soberanía de un país se fortalece si el gobierno tiene un control monopólico sobre sus industrias estratégicas. El caso de Pemex, sin embargo, nos demuestra que la situación es otra completamente distinta. El monopolio debilita la soberanía. En el caso de Pemex coloca a México en manos de un sindicato cuyos intereses no coinciden con los de la nación. Mucho más sólida sería nuestra soberanía si tuviéramos varias empresas petroleras en competencia.
En el pasado el poder excesivo de los sindicatos era contrarrestado por el poder también excesivo de la Presidencia de la República. Cuando Carlos Salinas de Gortari decidió detener al dirigente petrolero Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, utilizó todas sus facultades extralegales para evitar que el sindicato paralizara las operaciones de Pemex. Cuando decidió desplazar a Carlos Jongitud Barrios del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, intervino directamente en la vida interna de la organización para asegurarse la elección de una dirigencia que pudiera manejar.
Vicente Fox, sin embargo, no tiene ni el poder ni, aparentemente, la disposición para actuar de esa manera. Hasta donde se puede ver el Presidente no cuenta siquiera con un plan que le permita enfrentar la rebelión del sindicato petrolero. Y está bien que el mandatario y su secretario de Gobernación insistan en todas sus declaraciones públicas que no negociarán la aplicación de la ley. Pero para enfrentar de verdad a un sindicato que controla a una empresa monopólica tan importante como Pemex, se necesita más, mucho más, que las simples declaraciones de respeto a la ley.
Flexibilidad
Tanto el presidente Fox como el secretario Creel han cuestionado a los puristas del Estado de Derecho que han exigido, por ejemplo, que se aplique la ley en el caso de San Salvador Atenco. Pero ¿cómo se escoge cuándo aplicar la ley? Si se es flexible con los ejidatarios de Atenco, ¿por qué no con los líderes de Pemex?