En la jungla de iniciales, siglas y acrónimos en que nos movemos, está sonando fuerte el IEPS. Se está convirtiendo, si creemos a los eventuales o actuales afectados, en el enemigo número uno del progreso. Todas las actividades que ya lo pagan, o las que están por caer en su red, lo denuncian. Es el Impuesto Especial sobre Producción de Bienes y Servicios, que este año ampliará sus alcances, si los legisladores aprueban el proyecto respectivo del Ejecutivo federal.
Se prevé gravar con el IEPS a la boyante industria embotelladora de agua potable. E incrementar hasta en 88 por ciento la distribución de gas natural para impulsar vehículos. O mantener las tasas vigentes en telecomunicaciones, que en el caso de la telefonía se aplican con criterios incomprensibles para los expertos.
Nadie quiere pagar impuestos. Pero sonaría demasiado egoísta demandar desgravamientos o exenciones por las crudas razones de incrementar los ingresos y las ganancias. De suerte que se fabrican argumentos plausibles, aun de tono patriótico. Ese es el caso sobre todo de la Cámara Nacional de la Industria de Televisión por Cable, que solicita la supresión del gravamen que la afecta.
La Canitec agrupa a 540 concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, que en conjunto tienen unos tres millones de clientes distribuidos en unos novecientos municipios, poco más de la tercera parte del total en el país. Esa industria, según sus propias cifras, padeció en este año un decrecimiento de 4 por ciento, siendo que planeaba crecer en 12 por ciento. Los concesionarios atribuyen el retroceso precisamente al IEPS, que contrarresta en su opinión el esfuerzo por incrementar sus servicios. La televisión por cable no sirve sólo para ese propósito, el de llevar a los hogares la programación televisiva, sino que puede prestar servicios de banda ancha, para el acceso y conectividad a Internet. Según la propia cámara, un seis o siete por ciento de su clientela, unos 180 mil hogares cuentan ya con este servicio.
La cámara enarbola argumentos que cuando los blandes los autores en pos de volver a la exención respecto de sus regalías, son considerados egoístas y aun ridículos: “con la imposición de este gravamen, la pobre recaudación obtenida no compensa de manera alguna el daño causado al proyecto nacional de incrementar el acceso a las telecomunicaciones, pues de los objetivos planteados por este concepto, solamente se obtuvo el 28.4 por ciento de lo presupuestado. “El efecto negativo causado a nuestra industria se refleja como un obstáculo a los objetivos fundamentales que se ha trazado el Gobierno Federal para incrementar el acceso y la conectividad en el país, actividad que es prioritaria para el desarrollo de nuestra nación”.
La Canitec pide la derogación del IEPS en ese campo, con la cual, promete, “podremos entregar al término del año 2003 resultados de crecimiento, generaremos una mayor recaudación y, lo que es más importante, tendremos la satisfacción de confirmar que somos el medio idóneo para coadyuvar con los Gobiernos Federal y estatales en sus objetivos sociales de incremento en la conectividad y acceso a las telecomunicaciones de los mexicanos”.
Respecto de la telefonía, desde que se gravaron algunos de sus servicios se han hecho notar incongruencias en la fijación de tasas y bienes y actividades gravables. Se insiste en ellas ahora, para demandar su supresión. Javier Lozano, que fue subsecretario de Telecomunicaciones en el último régimen priista, y formó parte del comité nacional priista durante la campaña de Francisco Labastida (y él mismo perdió la diputación a que aspiraba), y ahora se dedica a la consultoría, subraya los contrasentidos al preguntarse: “¿En qué cabeza cabe que se aplique un impuesto del 10 por ciento si tenemos un contrato firmado, identificado con nombre, apellido, dirección, RFC, etcétera, y no aplicarlo si compramos una simple tarjeta para tener un teléfono móvil sin identificarnos y hacer idénticas llamadas? ¿Cómo es posible también que se diferencie impositivamente entre tarjetas según su precio?” Y es que si el usuario adquiere tarjetas de prepago por monto superior a doscientos pesos se hace causante de ese gravamen y no en caso contrario.
En vez de atender reclamos como los relacionados con la telefonía (si bien los alegatos respectivos fueron eficaces en cuanto a la telefonía fija, que no paga el IEPS), el fisco procura avanzar. Su ávida mirada se ha colocado en el suculento ramo del agua embotellada. El proyecto de ingresos se propone gravar ese líquido cuando se presente en envases de un cuarto de litro y de litro y medio. A razón de veinte por ciento sobre el precio de venta al público, Hacienda calcula poder recaudar más de siete mil millones de pesos, un monto susceptible de crecer ya que el mercado de agua embotellada registra aumentos anuales de 15 por ciento en el último lustro, a diferencia de los refrescos cuyo consumo se ha estancado o crecido a niveles apenas perceptibles. Por supuesto, los embotelladores aseguran que su industria sufriría graves quebrantos de imponerse ese gravamen.
Igual es el razonamiento de la Asociación Mexicana de Gas Natural, cuyos integrantes resentirían un IEPS de un monto extraordinario, hasta de 88 por ciento, porque se buscaría homologar el precio de ese gas cuando se utiliza como carburante, con el de la gasolina. El razonamiento fiscal para esa equiparación es que el gas, natural o LP para vehículos, hace competencia desleal a la gasolina.