Ignoran amparo en Pemexgate

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MÉXICO, D.F.- La Sección Instructora de la Cámara de Diputados fue emplazada por la defensa de los dirigentes petroleros para acatar el fallo judicial del juez cuarto de distrito y suspender el juicio de procedencia en contra de Carlos Romero Deschamps, Ricardo Aldana y Jesús Olvera.

El presidente de esta instancia legislativa, Ricardo Moreno Bastida, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), rechazó el emplazamiento hecho por la abogada Odette Mobarak, y dijo que no se frenarán los trabajos hasta que no se conozca oficialmente la notificación respectiva, que, argumentó, sólo beneficiaría al senador Ricardo Aldana.

?Hasta donde sé, extraoficialmente, el amparo en cuestión fue promovido exclusivamente por Aldana Prieto, lo que en todo caso no involucra a los demás indiciados. Sin embargo, avalaremos en su momento cualquier orden que venga de un órgano jurisdiccional?, expuso.

El diputado añadió que hasta el momento sólo ha sido a través de los medios de comunicación como los diputados de la Sección Instructora se han enterado del amparo.

Por ello, expuso, suspender en estos momentos los trabajos de este caso sería incurrir en un acto grave.

?Hagamos de cuenta que no hay medios de comunicación y que no estamos enterados de esa resolución, así jurídicamente opera el asunto. Para nosotros jurídicamente ninguna autoridad nos ha ordenado detener el procedimiento, luego entonces se debe continuar nuestra labor?, refirió.

Moreno Bastida aseguró que las decisiones de la sección instructora son inatacables y expresó que, en todo caso, el amparo no atañe las esferas jurídicas de los demás indiciados por lo que no pueden obtener los beneficio que daría la ley al senador priísta Ricardo Aldana.

Por su parte, la abogada defensora Odette Mobarak explicó que de acuerdo al artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidades para Servidores Públicos, el Ministerio Público debe cumplir una serie de requisitos procedimentales para iniciar el juicio de procedencia, como si se fuera a ejercer la acción penal.

La Procuraduría General de la República, agregó, debió haber brindado a los tres indiciados sus garantías de audiencia y el conocimiento del expediente por el que se les acusa, al tiempo que la autoridad deberá demostrar en todo momento el cuerpo del delito y la presunción del delito por el que se acusa.

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