La diputada del PAN, Rosario Castro Lozano, dijo que no se trata de cuestionar si económicamente es rentable o no para el erario estatal los convenios que tiene suscritos con empresas a las que comisiona elementos de la Policía Ministerial para que realicen labores de seguridad privada, sino de señalar que es una ilegalidad que violenta la Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia, y que además tiene repercusiones negativas en las funciones de prevención y persecución de los delitos.
Por lo que reiteró su demanda para que se cancelen los convenios, y que los más de 135 elementos de la Policía Ministerial que trabajan para empresas privadas en labores de seguridad se reincorporen a sus actividades de prevención y persecución de los delitos, tal como lo establece la normatividad de la corporación de seguridad pública.
Informó que tanto el procurador de Justicia, Luis Celis, como el titular de la Secretaría de Finanzas, Francisco Luis Monárrez, quedaron en proporcionarle la documentación que permita clarificar los convenios signados.
El Procurador le entregaría la nómina de los elementos policiacos comisionados a empresas privadas, para realizar labores de seguridad, así como los convenios que se tienen firmados, y, el Tesorero, lo que recibe el erario estatal de ingreso por tal concepto, y el gasto que le implica no solamente pagar el salario a los agentes, sino también lo que se refiere a prestaciones, capacitación, etcétera.
“Debemos clarificar porqué el gobierno estatal realiza tales convenios, no en el afán de si resulta rentable o no hacerlo, sino de las consecuencias que para la seguridad pública tiene el hecho de que elementos de la Policía Ministerial se distraigan de las funciones que por ley deben realizar, para proporcionar protección y seguridad a empresas privadas”, dijo.
Señaló que en una primera cuantificación realizada extraoficialmente, la nómina de los agentes comisionados a particulares representa al erario un egreso aproximado a los 750 mil pesos. Además, dijo que había mucha diferencia entre los sueldos que recibían de una corporación a otra.
“Vamos a clarificar cuál es la relación laboral que tiene el gobierno con los elementos comisionados, la obligación que tiene de capacitarlos y pagarles prestaciones como seguridad social. Y en casos de siniestros la responsabilidad de quién es, del particular o de la corporación.
“No es posible que la Procuraduría de Justicia diga que la cantidad de elementos en las corporaciones policiacas es insuficiente, si ellos mismos distraen a buena cantidad para realizar labores que benefician a particulares. Y no se cuestiona el rubro económico, sino el que se trata de una situación ilegal que deberá ser corregida”, enfatizó Rosario Castro.
“Es triste que los más ricos de Durango tengan para su servicio privado de seguridad a elementos de las corporaciones policiacas, aun y cuando ellos los paguen. Lo mejor es que contraten a empresas privadas que se dediquen a ello”, añadió.
Reiteró que de acuerdo a copia de la nómina que tiene en su poder, la empresa Chilchota, de Carlos Herrera, tiene a su servicio 30 judiciales; los vecinos de Villas Campestre, 5; Maderas Pinelli 6; Nochistongo 24; Minas de Bacís 14; Minas de San Luis 18; Minera Mexicana 19, Servicio Ezpeleta 6, entre otros.
Además, destacó que de una empresa a otra, los elementos de la Policía Ministerial comisionados devenguen sueldos diferentes, aun y cuando en la nómina todos tienen la misma categoría.
Por ello, dijo que se clarificará al respecto, y los diputados del PAN esperarán unos días para que las autoridades den a conocer la información requerida, de lo contrario se recurrirá a otras medidas.