SALTILLO, Coah.—Son inconstitucionales las empresas de vigilancia privada que prestan su servicio a Transportadora Ferroviaria Mexicana (TFM), porque la seguridad pública es tarea de las diferentes instancias de gobierno, según sea su competencia; pero además se extralimitan al portar armas de fuego que son de uso exclusivo del Ejército, por lo que deben ser investigadas y disueltas, consideró el diputado local del PRD, Luis Roberto Jiménez.
Entrevistado sobre los señalamientos que se hacen en contra de la empresa de vigilancia “Canina, S.A de C.V”, que resguarda los trenes de TFM, y que ha agredido a migrantes centroamericanos, el legislador opinó que hay ineficacia de parte de las autoridades para investigar y castigar los actos violentos, secuestros y violaciones cometidos en contra de los migrantes, por los guardias privados.
Indicó que ante los hechos y las denuncias públicas, es fundada la sospecha de que la guardia de los trenes de TFM actúa como un cuerpo que recibe entrenamiento paramilitar, y que esto se debe investigar para aclarar, en dado caso, quién entrena a los vigilantes y con qué fines.
Consideró que es “muy lamentable” que las autoridades federales y estatales no intervengan para aclarar los asesinatos en contra de los centroamericanos que viajan clandestinamente en el tren rumbo a los Estados Unidos, y que es hasta vergonzoso que en su lugar sean grupos no gubernamentales los que pidan justicia y la investigación de los hechos criminales.
Sostuvo que con esta negligencia, se deja la impresión de que la policía privada de TFM actúa paralelamente con los cuerpos de vigilancia del gobierno, para impedir la migración de los centroamericanos.