TORREÓN, COAH.- La falta de autoridad permite la circulación de vehículos irregulares así como la Ley ineficiente que prevalece en nuestra entidad, impide aplicar justicia contra los llamados “autos fantasmas” o conductores que después de provocar un accidente se dan a la fuga para posteriormente negarse a responder por el daño ocasionado.
Mismos representantes de la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE), reconocen que en la mayoría de los casos que llegan a esta dependencia se obtienen resultados negativos para el afectado y representa pérdida de tiempo, pues si el proceso se lleva hasta el final, fácilmente pueden transcurrir hasta dos años sin obtener la reparación del daño que puede ser la simple reparación del vehículo o hasta la muerte.
Tomando en cuenta el elevado número de accidentes donde los responsables de un choque o atrope-llamiento se dan a la fuga, que según la PGJE son de ocho a diez casos los que se presentan por semana, El Siglo de Torreón acudió a esa dependencia para conocer qué alternativas tiene el afectado para afrontar ese tipo de situaciones y la respuesta fue desalentadora.
Se informó que lo primero es dar aviso al departamento de Tránsito para levantar el croquis, donde el afectado dará a conocer cómo fue el accidente y sus resultados, para posteriormente presentar la querella, con posible certificación del médico legista en caso de lesionados o bien un presupuesto para la reparación de los daños materiales.
Ahí, destacaron, es importante la aportación de datos para identificar al conductor responsable, encontrar al dueño del vehículo a fin de que el Ministerio Público turne la querella e inicie la investiga-ción. Se cita al propietario para efecto de la declaración y está obligado a declarar y contestar las preguntas que se le formulen, sin embargo por lo regular la respuesta es que: “yo hace mucho que vendí mi carro y no sé quién lo trae”.
El asunto es tomado por la Policía Ministerial y citaron un caso expuesto hace dos años donde el propietario de un vehículo participante en un choque en el cual fue responsable, respondió que hace ocho años lo había vendido... El proceso se mantiene vigente en la Procuraduría pero las posibilidades de que el afectado tenga un resultado positivo son prácticamente nulas, reconocieron.
Explicaron que es muy difícil atender satisfactoriamente este tipo de asuntos, cuando no hay testigos, o bien que no se identificó al responsable, saber quién es el conductor, pues en materia penal la probable responsabilidad se acredita obteniendo la confesión; al afectado sólo se le orienta a que demande por la vía civil, pues aunque se encuentre al responsable si niega el cargo que se le imputa “no lo puedes obligar a que diga la verdad”.
Indicaron que hay muchos atropellados y hasta muertos por los llamados “autos fantasmas”, pues la maraña de irregularidades es amplia: vehículos que circulan con permisos provisionales, vencidos, apócrifos, sin placas o con placas sobrepuestas, con calcomanías de Onapafa y muchos sin haber avisado sobre el cambio de propietario, “una bola de cosas que en un percance protegen al responsable del accidente y definitivamente entorpecen la labor de la Procuraduría de Justicia”.
Uno entiende a esa gente pero...
Sin embargo, cuando una persona persiste en obtener la reparación del daño, el proceso puede tardar hasta dos años con muchas vueltas a las oficinas de la Procuraduría: se abre el proceso y se inicia la averiguación, si es una simple falta penal como está considerada en el Código de Procedimientos, al responsable se le aplica una multa y sale del problema.
Si el proceso continúa y después de tres meses sale a favor del ofendido, el presunto responsable tiene el derecho a la apelación, de ahí si no le favorece al inculpado le queda el recurso del amparo y si otra vez no le favorece está la revisión del amparo y así el proceso puede tardar hasta dos años y finalmente no logra nada.
Según estadísticas de la PGJE la mayor parte de las denuncias que se reciben son por delitos patrimoniales –fraudes y abuso de confianza--, y en segundo lugar están los accidentes automovilísticos donde el responsable se niega a pagar: en unos 8 ó 10 casos por semana.
Aquí se sabe de un trabajador de la Procuraduría cuyo automóvil le fue chocado por un taxista y precisamente porque conoce cómo está el asunto y todo es pérdida de tiempo, terminó por aguantar el daño que le causaron, “¡fíjate!”.
Por lo regular ebrios y drogados
Al ser cuestionado sobre el tema, Javier Morón Hernández, jefe de Peritos, señaló que por lo regular son conductores ebrios o drogados los responsables del percance que se dan a la fuga dejando al herido abandonado.
“Cuando los responsables huyen, Tránsito respalda al afectado para levantar el croquis y que presente la denuncia en el Ministerio Público, donde deben rastrear e investigar a los presuntos en base a los datos aportados por el ofendido.
Sin embargo cuando al afectado le urge la reparación del daño, él mismo puede acudir a la Secretaría de Finanzas y obtener los datos del vehículo en base a las placas, tomar fotos del daño que tiene el auto, porque también eso piden en el M.P., explicó, pero son pocos los accidentes de los cuales se tiene conocimiento en esta dependencia”, sostuvo.
Un seguro, la mejor opción: ALH
Para el licenciado Alejandro López Hernández, ex coordinador de la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) “la seguridad pública es la obligación que tiene el Estado de garantizarme que mis bienes fundamentales –vida, libertad y patrimonio--, no van a ser afectados y si por fallas del sistema de justicia sufren un eventual ataque, el Estado tiene la obligación de resarcir el daño causado, pero cuando no sea posible, de garantizar la certeza de la pena; el castigo del responsable”.
Sin embargo, reconoció que entre lo escrito y la realidad existe un distanciamiento enorme, pues cuando el ofendido se presenta en las oficinas de la Procuraduría empieza otro suplicio, el calvario de conseguir testigos, asesoría de un abogado, evidencias y como la Ley de Coahuila no lo considera como delito grave, no puede haber orden de aprehensión, en fin, el proceso es largo, engorroso y caro. Muchas veces el responsable paga una multa y se quita el problema, lo que equivale a impunidad.
A estas alturas y debido a la ausencia de autoridad, en esta ciudad no se sabe si es mejor cumplir con todos los aspectos legales o circular con un auto irregular –sin placas, con placas sobrepuestas, permiso apócrifo o con una calcomanía de Onapafa--, “pues si cumples con el ordenamiento legal sí se puede proceder en contra tuya, sostuvo; no hay una eficaz instrumentación para garantizar el resarcimiento del daño a la víctima, todo sin tomar en cuenta que muchos no saben manejar ¡y traen licencia de conductor!... con todo esto es mejor la contratación de un seguro, consideró.