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México, D.F.- El engaño o el fraude de empresas durante procesos de licitación con el Gobierno federal dejó en lo que va del año a la secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) 9.4 millones de pesos por concepto de multas a 69 firmas nacionales y filiales de extranjeras.
La Secodam ha conformado una especie de “lista negra” de empresas que han recurrido a fraudes y engaños para ganar licitaciones públicas en el gobierno, por lo que han sido inhabilitadas para participar en concursos.
En este momento son 66 las compañías sancionadas por la Secodam con la prohibición de participar en procesos de licitación del gobierno federal por periodos que pueden ser de hasta más de dos años.
De acuerdo con un informe de la Contraloría, la imposición de sanciones a licitantes, proveedores, contratistas y notarios públicos constituye una función de “suma importancia para el combate eficaz a la corrupción, ya que permite detectar a quienes infringen la ley provocando con ello una afectación al erario y al patrimonio de la nación”.
Explica la Secodam que al aplicar sanciones se contribuye a garantizar que los licitantes queden impedidos de presentar propuestas y celebrar contratos con la administración pública federal y continúen “vulnerando” el marco jurídico.
La secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo reconoce que los castigados han impugnado las sanciones que les han sido impuestas, pero hasta la fecha “prevalece un saldo positivo en favor de esta Secretaría, pues en la mayoría de los casos las instancias legales han confirmado las sanciones”.
Casos concretos
Uno de los casos que destaca es el de la compañía Bayer de México S.A. de C.V. la cual fue inhabilitada para participar en cualquier proceso de licitación por un año y ocho meses, según la circular UNAOPSPF/309/DS/015/99.
Bayer decidió recurrir a los tribunales y en primera instancia ganó el juicio de amparo número 470/99, mediante el cuál se le concedió la interrupción de la inhabilitación impuesta.
El pleito entre la Secodam continuó y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito revocó la sentencia de primera instancia y sobreseyó el juicio de garantías. En consecuencia, se declaró sin materia el suspensión.
Se mantuvo la inhabilitación impuesta a la citada empresa, la cual concluye hasta el próximo 1 de abril del año 2003.
Otro ejemplo es el de Consultores en protección Civil y Seguridad Privada, empresa que según la Secodam “actuó con dolo durante su participación en la Licitación Pública Nacional número 15111001-003-98, al haber obtenido el borrador de las bases de la referida licitación antes de ser emitidas y efectuar los artificios necesarios para inducir al error a la convocante, haciéndola creer que había elaborado sus propuestas de acuerdo a las bases de licitación oficiales”.
Por estos motivos quedó impedida de participar en procesos con el gobierno a partir del 17 de mayo de 2002 hasta el 17 de marzo de 2004.
La empresa Mitsubishi Heavy Industries Ltd. “proporcionó información falsa al presentar ante la Comisión Federal de Electricidad con fecha 3 de marzo de 1999, una carta bajo protesta de decir verdad en la que manifestó estar al corriente en sus obligaciones fiscales, lo cual resultó falso”.
Por ello, fue inhabilitada a partir del 2 de octubre del 2002 hasta el 2 abril del 2003.