La iniciativa de Ley de Aguas enviada por el gobernador Enrique Martínez al Congreso de Coahuila, plantea el riesgo de una controversia constitucional y lo que es peor, una confrontación estéril con diversos sectores de la ciudadanía. El proyecto de ley viola lo dispuesto por el artículo 115 fracción III inciso a) de la Constitución General de la República, que establece como facultad de los Ayuntamientos, la prestación de los servicios de suministro de agua potable, drenaje y disposición de aguas residuales.
A despecho de lo que manda la Constitución, el Gobernador propone una “Comisión Coahuilense del Agua” con sede en Saltillo, presidida por el propio Ejecutivo del estado e integrada con miembros de su gabinete. Entre las facultades que el proyecto otorga a la Comisión, el artículo 23 fracción IV incluye la de sustituir al municipio en la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, tratamiento y disposición de aguas residuales, que en el caso de Torreón operan a través de Simas.
Lo anterior ha sido visto por algunos sectores como el intento de una intromisión autoritaria en el régimen autónomo del municipio libre, al amparo de lo que el gobierno de Martínez y Martínez define como “municipalismo interdependiente”. A pregunta expresa de El Siglo de Torreón sobre el particular, el presidente del Congreso Heriberto Ramos asegura que la iniciativa será analizada por la Legislatura en los próximos meses, en un marco de plena apertura y comunicación con los actores sociales.
Con independencia de que el ofrecimiento que antecede sea cumplido, resulta obligado que la iniciativa que nos ocupa sea estudiada de cara al texto constitucional que consagra el respeto a la autonomía municipal, cuya observancia no puede ser negociada. Lo anterior con el objeto de que sean respetadas las facultades que a los ayuntamientos concede nuestra Carta Magna, como comunidad política primaria que es la base y fundamento de nuestro sistema republicano.