“El delito es prudente y cauteloso. En cambio, ¡qué imprudente la inocencia!”
José Echegaray
Si los líderes del sindicato petrolero son en realidad inocentes en el caso del desvío de dinero de Pemex, ¿por qué no han informado del uso lícito de los 1,580 millones de pesos que les fueron “prestados”? La verdad es que hasta ahora el diputado Carlos Romero Deschamps y el senador Ricardo Aldana, junto con los otros dirigentes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, han afirmado que son inocentes y que son objeto de una persecución política, pero se han abstenido de declarar o de explicar qué ocurrió con ese dinero.
Tienen razón los líderes sindicales cuando afirman que los convenios realizados con Pemex en mayo y en septiembre del año 2000 eran legales. Pero eso no significa que tenían derecho de hacer lo que se les antojara con el dinero.
Para empezar, según las autoridades, el segundo convenio otorga dinero por los mismos rubros que el primero y no explica qué se hizo con el monto original y por qué era necesario que el sindicato recibiera más dinero de Pemex para cubrir esencialmente lo mismo. De cualquier manera los 1,580 millones de pesos descubiertos hasta ahora que Pemex le entregó al sindicato sólo podían utilizarse para pagar los rubros específicos para los cuáles se solicitaron: cubrir deudas del sindicato con la empresa Arriba y mejorar salarios y beneficios de trabajadores.
Las autoridades federales tienen testimonios de que parte del dinero se entregó a funcionarios del PRI, entre ellos el secretario de Finanzas Jorge Cárdenas y el secretario de Acción Electoral Carlos Almada (a quien conozco bien y de quien, debo afirmar, siempre he tenido la mejor opinión). Los dos están ahora prófugos de la justicia. Cientos de millones de pesos se movieron en efectivo de los bancos en que el sindicato tiene sus cuentas a las oficinas de campaña del PRI. Hay testimonios jurados de quienes llevaron el dinero. Además, las transacciones están documentados en los bancos que pagaron el efectivo y en la empresa Cometra que lo trasladó a las oficinas del PRI.
Por si lo anterior fuera poco hay una cuenta del sindicato en Nueva York en la que están depositados 40 millones de dólares aparentemente provenientes de los 1,580 millones de pesos que pagó Pemex. Los únicos líderes sindicales que tienen firma en esa cuenta son el diputado Romero Deschamps y el senador Aldana.
Entiendo que en el sistema legal mexicano cualquier persona debe ser considerada inocente en tanto no se pruebe su culpabilidad. Pero hasta el momento la única defensa de Romero Deschamps y Aldana ha sido escudarse detrás de su fuero como legisladores y llevar al sindicato a emplazar a huelga a Pemex para el próximo 1 de octubre. Nadie ha visto la explicación del uso legítimo del dinero que entregó Pemex, nadie ha visto los documentos que comprueben que efectivamente esos 1,580 millones de pesos no desviaron, nadie ha escuchado las declaraciones que contradigan los testimonios que afirman que el dinero se entregó a los operadores priístas, nadie ha visto la información que explique por qué los bancos pagaron enormes cantidades en efectivo y por qué el dinero fue trasladado físicamente a las oficinas del PRI en camionetas blindadas.
A lo mucho estamos escuchando argumentos que señalan que así siempre se hicieron las cosas en los tiempos del PRI, que éstos son los usos y costumbres de la clase política mexicana, que es injusto de pronto emprender acciones legales contra quienes simplemente se ajustaron a las reglas del sistema anterior. Pero éste no es un argumento de inocencia sino de culpabilidad.
Otro argumento es que los tribunales penales no deben considerar este caso porque el desvío de dinero procede de un convenio entre una empresa y su sindicato. Pero este argumento no toma en cuenta que no se está cuestionando la capacidad de la empresa y el sindicato de firmar un convenio laboral sino la de desviar posteriormente el dinero a fines distintos de los considerados en el convenio.
El hecho es que hasta este momento las autoridades federales están obligadas a continuar con el caso. Si no lo hicieran, el presidente, el procurador y otros funcionarios de la PGR podrían ser considerados responsables de complicidad y encubrimiento.
Error del PRI
Mal hace el PRI en apostar su fuerza política a la defensa de Romero Deschamps y Aldana. Si el esfuerzo fuese legal, si se basara en la presentación de pruebas que comprobaran la inocencia de estos legisladores, no habría nada qué objetar. Pero hasta ahora el PRI parece comprometido simplemente a defender la impunidad. Me pregunto si los votantes le perdonarán convertirse tan abiertamente en el partido de la corrupción.