Se pronuncian diputados por que el titular de la Entidad Superior de Auditoría del Poder Legislativo, Daniel Rueda, amplíe la información sobre los casos en que se ejerció facultad preventiva para fincar responsabilidades a funcionarios y/o ayuntamientos, a los que se les comprobaron irregularidades durante el ejercicio fiscal del 2001, de acuerdo con las observaciones que el pleno de la Legislatura hiciera al momento de analizar las cuentas públicas correspondientes.
Lo anterior sucedió luego de que integrantes del grupo parlamentario del PAN manifestaran su preocupación e insatisfacción por el informe que envió el órgano superior de fiscalización, sobre los avances en los procedimientos que aplica para cumplir con las instrucciones del pleno de la LXII Legislatura, tendientes a que se aplique lo que establece la ley con los funcionarios y ayuntamientos a los que se les detectaron irregularidades en sus respectivas cuentas públicas del ejercicio 2001, lo que incluye a dos períodos: de enero a agosto, de las pasadas administraciones, y septiembre-diciembre de las actuales.
Sin embargo, el informe del que dio lectura en tribuna el diputado Gabino Rutiaga Fierro, miembro de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, no satisfizo a los legisladores del la fracción panista, quienes de inmediato lo manifestaron en tribuna en voz de José Guillermo Hilario Cantú.
Hilario Cantú, al calificar de ambiguo el informe enviado por el Auditor Superior, dijo que se omitió especificar el seguimiento a las irregularidades. Además, descalificó la intención del fiscal, según lo expresó en el documento que hizo llegar a la Comisión de Hacienda, de esperar a que termine el plazo de un año que establece la Ley de Fiscalización en su artículo 34, para dar a conocer si hubo o no fincamiento de responsabilidades por las anomalías detectadas, lo cual, dijo, era una burla para el Poder Legislativo.
Gabino Rutiaga Fierro aclaró que el informe enviado por Daniel Rueda era una respuesta al punto de acuerdo, ya que señalaba que se estaba en la etapa en que se desahogaban las observaciones notificadas a funcionarios y ayuntamientos que registraron irregularidades, y que en función del marco jurídico “cumplía en tiempo y forma para realizarlo”. Destacó que el trabajo comprendía dos administraciones municipales, por lo que “debería existir comprensión”.
Rosario Castro Lozano dijo que la preocupación del grupo parlamentario del PAN era porque el Auditor pretendía agotar el plazo de un año para dar a conocer si había o no fincamiento de responsabilidades a funcionarios y ayuntamientos, cuando los diputados solicitaron avances al respecto. “El órgano superior de auditoría no está cumpliendo con su facultad preventiva para proceder contra quienes cometieron irregularidades”. Calificó de errónea la interpretación de Daniel Rueda al marco jurídico al tratar de irse al plazo máximo.
Rafael Palacios, del PRD, también manifestó su preocupación por la situación, al señalar que con el informe que envió el Auditor Mayor, no aclara nada sobre las presuntas responsabilidades en que incurrieron funcionarios municipales y ayuntamientos durante el ejercicio fiscal del 2001. Y puso ejemplos de administraciones municipales donde se detectaron elementos contundentes de anomalías, como Nazas, Santa Clara, Simón Bolívar, entre otros.
Víctor Joel Martínez recordó que fueron 10 ayuntamientos en los que se detectaron irregularidades en su respectivas cuentas públicas del 2001, y el Auditor Mayor no informa sobre si se les fincaron preventivamente responsabilidades, o ya subsanaron las observaciones.
La intervención del presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alfonso Mercado Chávez, le dio claridad y rumbo al debate, al pronunciarse por que se solicitara al Auditor Mayor una ampliación al informe que aclare las dudas sobre si hubo o no fincamientos preventivos de responsabilidades a funcionarios municipales y/o ayuntamientos.