El desarrollo y desenlace del escándalo político económico conocido como Pemexgate, pone a prueba tanto al Gobierno de Vicente Fox como a la misma calidad estructural de las instituciones nacionales en materia de procuración y administración de justicia. Lo anterior en virtud de la estrategia de defensa que ha dado a conocer el abogado de los inculpados, cuyo cinismo no es un obstáculo para que el plan salga avante y exitoso ante los tribunales.
De acuerdo a la declaración que nos ocupa, la defensa pretende descalificar la acusación sobre la base de que los mil millones de pesos procedentes de Petróleos Mexicanos y allegados al Partido Revolucionario Institucional durante la campaña presidencial de Francisco Labastida, no deben considerarse recursos públicos. Lo dicho por el abogado se sustenta en que el dinero de referencia adquirió carácter privado, en el momento en que ingresó a las arcas del Sindicato de Pemex.
El alegato es inconsistente y absurdo, ya que el dinero entregado por Pemex al Sindicato ocurrió en virtud de un acto de mera simulación, puesto que cualquiera que haya sido el pretexto para justificar la transferencia, se dio al dinero un uso indebido y diverso al de su justificación. A la luz del argumento del abogado se justifica todo fraude y se fortalece el régimen de impunidad que tiene sumido a la sociedad mexicana en el estado de inseguridad jurídica que prevalece.
No obstante la debilidad del argumento que es objeto de análisis, la ciudadanía teme un desenlace de impunidad en el caso que nos ocupa, en vista de otros antecedentes de nuestra historia remota y reciente. Es importante que tanto la Procuraduría General de la República como el Poder Judicial Federal, procedan en el caso con la plena conciencia de que su comportamiento, incidirá en el fortalecimiento o pérdida de la confianza del pueblo en las instituciones.