Entre los distintos sectores sociales existe la conciencia de que nuestra Comarca requiere de inversiones tanto comerciales como industriales que vengan a generar empleos y con ello contribuir a su desarrollo. De ahí la necesidad de promover y proteger éstas a fin de alcanzar el objetivo antes mencionado, pero sin menoscabo de los derechos de terceros, cuando éstos tengan un fundamente legal.
Mencionamos lo anterior en razón de la suspensión abrupta de que fue objeto la construcción de un hotel y centro de negocios en nuestra ciudad, la que se produjo por la ocupación que llevaron al cabo un grupo de campesinos del ejido “Allende” que dicen tener derecho sobre una franja del terreno en que se realiza la citada construcción, pues suponiendo sin conceder que tuvieran ese derecho, la ocupación material no es la forma de hacer valer aquel.
Los inversionistas declaran que no es la primera vez que hechos como los comentados se realizan, de manera que piensan seriamente en llevar su proyecto a otra ciudad, ante lo cual la sociedad debe preguntarse si no es tiempo ya de que cesen ese tipo de actos violentos, pues se sabe que los mismos son auspiciados por personas que han hecho de esa forma operativa un modus vivendi, ante la pasividad de las autoridades competentes.
Si los campesinos tienen algún derecho, pues que lo hagan valer ante las instancias judiciales. Pero, si no es así y todo obedece a la amañada estrategia de ciertos seudo líderes con la aviesa intención de chantajear a los inversionistas, aquellos deben de responder por sus actos y aplicárseles las sanciones que el caso amerite, pues no se pueden poner en riesgo las inversiones que tanto necesita Torreón, por no aplicar la ley a quienes violentan el orden jurídico amparándose en la defensa de grupos sociales.