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PANAMÁ, PANAMÁ.- La policía panameña interrogaba ayer a un empresario israelí vinculado al desvío de armas entre Nicaragua, Colombia y este país, cuya investigación por la Organización de Estados Americanos (OEA) será entregada el próximo mes.
Voceros de la Policía Nacional (PN) confirmaron a periodistas que el empresario Shimon Yelinek fue detenido la noche del jueves en el aeropuerto internacional de Tocumen de esta capital cuando llegaba en un vuelo comercial procedente de Venezuela, éste habría gestionado con otros empresarios la compra a la policía nicaragüense de tres mil fusiles AK-47 con base en un supuesto pedido de la PN, pero el arsenal terminó en diciembre del año pasado en manos de grupos paramilitares colombianos.
Las fuentes dijeron que el empresario, con negocios en este país canalero, será interrogado para determinar su participación en la transacción que terminó con el desvío del arsenal.
El abogado Sidney Sittón denunció que Yelinek fue detenido de manera ilegal porque las autoridades judiciales nunca ordenaron su captura ni formularon cargos, por lo que pidió a la Corte Suprema decretar la ilegalidad del arresto.
"Ninguna de las personas vinculadas a este caso han sido detenidas o se les han levantado cargos", apuntó Sittón.
La detención de Yelinek coincidió con el anuncio de que la OEA entregará el próximo mes su informe final sobre la investigación del escándalo luego que los tres países solicitaron en mayo pasado la intervención del organismo para aclarar el escándalo.
Según un comunicado de la Cancillería, el secretario adjunto de la OEA, Luigi Einaudi, señaló que "en los primeros días del próximo mes de diciembre" estará listo el documento preparado por el embajador especial para el caso, el estadounidense Morris Busby.
El canciller José Miguel Alemán adelantó que esta semana recibiría el informe, pero luego aclaró que la OEA necesitará más tiempo para traducir el documento al español antes de entregarlo a los gobiernos de Nicaragua, Panamá y Colombia.
Nicaragua y Panamá se enfrascaron en abril pasado en acusaciones mutuas por la sospechosa venta del cargamento que incluía además cinco millones de municiones, ya que la PN ha insistido en que nunca solicitó las armas.
El gobierno local alegó que el material bélico terminó en Colombia porque Nicaragua incumplió la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas bajo la cual debió verificar con este país la venta de los fusiles y municiones.
La carga fue embarcada en el buque "Oterloo" en un muelle nicaragüense con destino a Panamá, pero se presume que la nave nunca se detuvo aquí y siguió hasta el puerto colombiano de Turbo, donde los paramilitares habrían recibido las armas en noviembre del 2001.