“Las guerras del futuro no se pelearán por el petróleo sino por el agua.” Anónimo
¿Quiere usted saber por qué somos una nación pobre? Porque los burócratas están siempre dispuestos a todo con el fin de impedir que se lleve a cabo una inversión productiva... a menos de que se lleven una tajada.
Considere usted el caso de Compañía Mexicana de Aguas, S.A. de C.V., empresa que se dedica al tratamiento de aguas residuales y que ha venido operando desde hace años en municipios conurbados de la ciudad de México como Cuautitlán, Tultitlán y, hasta hace poco, Tlalnepantla.
La empresa toma las aguas negras y les da un tratamiento que permite su empleo por la industria. Su función no sólo tiene beneficios sociales por la inversión y los empleos que genera sino por el reciclaje de las aguas residuales, la cual hace posible que las industrias dejen de tomar líquido de los mantos acuíferos. La operación de Compañía Mexicana de Aguas sustituye el consumo diario de agua de un cuarto de millón de personas al día.
En 1994 esta obtuvo una concesión federal de la Comisión Nacional del Agua que le permitía tomar, darle tratamiento y vender las aguas negras del municipio de Tlalnepantla. Si bien los gobiernos municipales sólo deberían intervenir en este proceso para otorgar los permisos de construcción, el gobierno municipal de Rubén Mendoza Ayala ha emprendido una verdadera campaña para paralizar el trabajo de la empresa.
Los problemas empezaron en 1998 cuando los equipos de trabajo del municipio, entonces encabezado por la panista Ruth Olvera, rompieron la tubería de distribución de agua tratada y el municipio mandó patrullas y policías armados para impedir la reparación. El gobierno municipal pidió entonces un precio de extorsión para aceptar la reanudación del servicio: 65 por ciento de la facturación total así como el 30 por ciento de toda la producción de agua tratada.
Estos términos estaban diseñados para no ser cumplidos ya que habrían implicado la quiebra de la operación. Ante la falta de garantías jurídicas, sin embargo, la Compañía Mexicana de Aguas se vio obligada a negociar un acuerdo y aceptar en parte esta extorsión. Por esa razón firmó un convenio con el cual aceptó entregarle al municipio el 11.5 por ciento de sus ventas.
El convenio terminó este pasado mes de agosto, ya con el municipio en manos del también panista Rubén Mendoza Ayala, pero el nuevo gobierno se ha negado a renovarlo. En septiembre de este año se registró una nueva fuga en la tubería de distribución. El municipio dio originalmente la autorización para que se realizara la reparación. Pero una vez que ésta se estaba llevando a cabo, nuevamente llegó un contingente policíaca para impedir que se concluyeran los trabajos. Y no sólo eso, sino que incautó la maquinaria que se estaba utilizando.
El 13 de septiembre 10 empresas usuarias del agua tratada —entre las que se cuentan Kimex, Cemex, IEM y Mexalit— dieron a conocer una carta abierta al presidente municipal en que le solicitaban permitiera la reparación de las líneas de distribución, “ya que necesitamos el agua para seguir operando y mantener las fuentes de empleo”. La única respuesta, sin embargo, ha sido el silencio. Las industrias no han cerrado sus puertas, pero han tenido que utilizar nuevamente —a un mayor costo financiero y social— agua potable extraída de los mantos acuíferos de Tlalnepantla.
El argumento del municipio para impedir la operación de la Compañía Mexicana de Aguas es que ésta compite con el organismo operador de agua del municipio, conocido como OPDM. Pero este intento de imponer la operación de un monopolio municipal no sólo viola las garantías de una empresa que ha cumplido con todos los requisitos de ley para proporcionar un servicio concesionado por la autoridad federal sino que atenta contra la ecología de la zona al promover la sobreexplotación de los mantos acuíferos. El caso de Compañía Mexicana de Aguas es emblemático de una actitud persistente entre las autoridades del país de impedir la inversión privada. Ésta es una actitud que le ha hecho un enorme daño a nuestra nación a lo largo de muchos decenios. Cuando volvemos la vista a nuestro alrededor y nos percatamos de la miseria en la que viven la mayoría de los mexicanos nos damos cuenta de que la razón principal es la falta de inversión. Pero nunca habrá inversión suficiente en un país en que no se respetan las concesiones o las garantías individuales.
El peso de la ley
Como siempre, se dijo que se aplicaría todo el peso de la ley a quienes causaron destrozos en el Palacio Legislativo el 10 de diciembre. ¿Y cuál fue el castigo? Que los líderes de los diputados se sentaron a negociar con ellos para moderar sus exigencias. Seguro que no volverán a irrumpir en el Congreso.