“Todos pedimos que se aplique
la ley y todos tratamos de eludir
su cumplimiento”.
Émile Alain
Cada vez es más común que los líderes políticos de nuestro país manipulen a grupos para bloquear calles y carreteras con el propósito de obtener lo que quieren del gobierno. Esta conducta es, de hecho, incentivada por las autoridades, que no sólo permiten el cierre de las vías de comunicación sino que premian a quienes lo llevan a cabo. Nuestros funcionarios se muestran aterrados ante la posibilidad de aplicar la ley. Temen ser acusados de represión y, por lo tanto, terminan cediendo ante los manifestantes y generando incentivos para realización de nuevos bloqueos.
Este 20 y 21 de noviembre vimos un caso muy claro. Un grupo de campesinos del estado de Morelos bloqueó durante horas la carretera federal y la autopista de cuota México-Cuernavaca. Los manifestantes, encabezados por la presidenta del PRI en Morelos, la diputada federal Maricela Sánchez Cortés, exigían 24 millones de pesos de las autoridades federales para compensar las pérdidas sufridas en sus cosechas por la falta de lluvias.
El bloqueo de carreteras y calles debe quedar clasificado ya entre los usos y costumbres políticos de nuestro país. La razón es que las propias autoridades, a pesar de su ilegalidad, lo promueven de manera directa o indirecta. A principios de este año, armados con machetes, los ejidatarios de San Salvador Atenco bloquearon la carretera México-Lechería en el estado de México como protesta por la expropiación de sus tierras para la construcción de un nuevo aeropuerto. Las autoridades no sólo les permitieron mantener el bloqueo sino que los premiaron cancelando la expropiación.
Distintos políticos se dedican abiertamente a montar estos bloqueos como una forma de elevar su visibilidad. Este es el caso de la diputada Sánchez Cortés. Poco le importa violar la ley federal de vías de comunicación, ya que se sabe protegida por su fuero legislativo. Mucho menos le interesa el daño económico y personal que le ocasiona a miles de automovilistas y usuarios del transporte interurbano. Sus intereses personales prevalecen sobre los de la sociedad.
Al permitir que se lleven a cabo este tipo de bloqueos y satisfacer las demandas de los participantes, los funcionarios públicos ofrecen un incentivo perverso para realizarlos y un castigo para quienes buscan resolver sus agravios dentro del marco de la ley. Los propios funcionarios no se ven afectados, ya que pueden cancelar fácilmente sus viajes personales o de trabajo. En caso de urgencia, cuentan con helicópteros y aviones que les permiten trasladarse. Sólo cuando los manifestantes amenazan el derecho a la circulación de los altos funcionarios se atreve la autoridad a intervenir. La policía toma medidas, por ejemplo, cuando un bloqueo amenaza a Los Pinos o al palacio de gobierno de algún estado. Pero cuando se afecta sólo a la gente común y corriente, la que con sus impuestos paga los salarios de los funcionarios, no hay ninguna acción para mantener abiertas las vías de comunicación.
Para los grupos y líderes políticos la rentabilidad de tomar a los ciudadanos como rehenes es enorme. El bloqueo de una carretera le da a los dirigentes la oportunidad de aparecer en los medios de comunicación, en un país en el que la notoriedad es más importante para avanzar una carrera política que la honestidad o la eficacia. Los líderes logran presentarse como defensores de las causas populares, sin que en general se le preste atención a las víctimas de los bloqueos. Pero lo más importante de todo es que la autoridad los ha acostumbrado a que, con estas medidas, pueden obtener tratos de privilegio.
El propio secretario de Gobernación, Santiago Creel, ha expresado públicamente su desacuerdo con los “talibanes del Estado de Derecho” que le exigen utilizar la fuerza pública para evitar actos ilegales, como estos bloqueos de carreteras. La verdad, sin embargo, es que tanto Creel como el resto de los miembros del gabinete y el propio Presidente de la República juraron hacer cumplir la ley cuando ocuparon sus cargos. Si no tienen el valor para hacerlo, mejor sería que lo reconocieran y dejaran sus responsabilidad a personas que sí estuviesen dispuestas a cumplir con el juramento de hacer respetar la ley.
Ciudad Juárez
La Secretaría de Hacienda aplicó un plan piloto en Ciudad Juárez para reducir el precio de la gasolina Magna de 5.84 pesos por litro, que cuesta en todo el país, a 3.80, el mismo nivel que en Texas. Un operador de gasolinera apunta que sus ventas subieron 40 por ciento y que el tiempo de espera para cruzar la frontera bajó de 1:20 horas a 20 minutos. La recaudación de Hacienda debe haber subido por el aumento en ventas, pero además disminuyó la fuga de divisas.