?La libertad es un bien común y mientras no participen todos de ella, no serán libres los que se creen tales.?
Miguel de Unamuno
Que no nos digan que el gobierno del presidente Vicente Fox quiere combatir el corporativismo. En las enmiendas para el 2003 de la Ley del Impuesto sobre la Renta sometidas por el Ejecutivo, y ya dictaminadas por los diputados, hay un claro tratamiento discriminatorio para los trabajadores no sindicalizados.
El artículo 31 fracción XII del Impuesto Sobre la Renta establece los requisitos para que las empresas puedan deducir fiscalmente los gastos de previsión social que otorgan a sus trabajadores. En la iniciativa de enmiendas enviada este pasado noviembre a la Cámara de Diputados, sin embargo, se establecen reglas diferenciadas diseñadas expresamente para discriminar a los trabajadores no sindicalizados. Las empresas que los emplean podrán deducir una cantidad mucho menor de sus prestaciones sociales, lo cual se traducirá a final de cuentas en menores ingresos para los trabajadores.
La nueva redacción de la fracción XII del artículo 31 determina que para que los gastos de previsión social de los trabajadores sindicalizados sean deducibles las prestaciones solamente deben cumplir los requisitos de otorgarse ?de manera general? y de conformidad con ?los contratos colectivos de trabajo o los contratos ley?. No se establece en este caso ningún tipo de límite a estas prestaciones. Pero el trato a los trabajadores no sindicalizados es radicalmente distinto. El monto de las prestaciones, nos dice la nueva redacción propuesta de la fracción XII del artículo 31, ?no podrá exceder del diez por ciento del total de las remuneraciones gravadas de dichos trabajadores ni del monto equivalente de un salario mínimo general del área geográfica que corresponda al trabajador, elevado al año?. Esta medida parece diseñada para golpear a los trabajadores más pobres o para obligarlos a la sindicalización forzosa. La mayoría de los trabajadores no sindicalizados ganan 2,000 ó 3,000 pesos al mes. La nueva ley limita sus prestaciones a 200 ó 300 pesos mensuales (no se aplica el salario mínimo porque la redacción dice que no podrán exceder del diez por ciento ni del salario mínimo). Los sindicalizados no sólo ganan más sino que sus prestaciones se elevan con frecuencia a 30 ó 40 por ciento de sus remuneraciones. Este artículo fue dictaminado de manera positiva por todos los partidos políticos. Esto no me sorprende del PRI o incluso del PRD, que tradicionalmente han favorecido los privilegios a sindicatos y grupos corporativistas. Pero lo sorprendente es que los diputados del PAN hayan dictaminado ese artículo sin chistar.
Al parecer algunos diputados dicen que no entendieron las consecuencias de lo que estaban aprobando. Pero el hecho es que no tuvieron el valor de reconocer su error o su ignorancia y corregir lo redactado. Pero los funcionarios de la Secretaría de Hacienda que prepararon esta modificación discriminatoria sí sabían sin duda lo que estaban haciendo. Los trabajadores no sindicalizados son en general los que menores sueldos perciben. En caso de que este artículo 31 fracción XII de la Ley del Impuesto Sobre la Renta llegue a ser aprobado por todo el Congreso, serían discriminados abierta y legalmente frente a los más prósperos trabajadores sindicalizados. Quizá lo que se pretenda, efectivamente, sea obligar a las empresas a tener sindicatos. Pero esto viola la libertad individual de asociarse o no asociarse. Si esta modificación a la Ley del Impuesto Sobre la Renta es aprobada, las empresas tendrían el derecho de ampararse; pero, injustamente, no los trabajadores, que serían los realmente afectados. El problema es que el artículo no versa sobre las prestaciones sino sobre la posibilidad que tienen las empresas de deducir sus gastos de previsión social. La gran pregunta es si las empresas estarán dispuestas a dedicar dinero y esfuerzo contratando abogados para ampararse por una medida que perjudica a sus trabajadores o si simplemente recortarían las prestaciones hasta el nivel ínfimo que permite la deducción fiscal.
Esta medida revela que el cambio de partido en la Presidencia de la República no ha eliminado los esfuerzos del gobierno mexicano por construir un sistema corporativista. A los funcionarios gubernamentales, sean de cualquier partido, les irrita que el trabajador individual pueda mantenerse independiente frente a las corporaciones de control como los sindicatos.
Andrés Manuel
Aún sin saber el resultado oficial de la consulta telefónica de Andrés Manuel López Obrador, me queda claro que una abrumadora mayoría ha ratificado su gobierno. No sólo estaba la consulta diseñada para eso, sino que el jefe de gobierno de la capital goza de un momento de enorme popularidad.