“Aunque el homicidio no tenga
lengua, puede hablar por los
medios más prodigiosos.”
Shakespeare, Hamlet
Hay que aplaudir la rapidez y eficacia con que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal resolvió el multihomicidio de la familia Narezo Loyola de Tlalpan, en el sur de la ciudad de México. Esto demuestra que, cuando hay un verdadero esfuerzo, las autoridades pueden solucionar casos que parecerían imposibles de resolver. Es verdad que la presencia de un sobreviviente, un amigo del hijo de la familia Narezo Loyola, se convirtió en un golpe de suerte que facilitó la identificación y después el arresto de Magaña. Pero las propias autoridades capitalinas afirman —y no hay por qué no creerles— que ya habían determinado la probable participación de este hombre en la matanza por lo que la declaración del sobreviviente fue una simple confirmación. En cualquier crimen, de hecho, quedan suficientes elementos de prueba que pueden llevar a la solución, si hay el tiempo y los recursos para darles seguimiento. Esto fue lo que ocurrió en este caso.
El éxito de esta investigación contrasta radicalmente con la ineficacia de las autoridades en muchos otros casos, no sólo en el Distrito Federal sino en todo el país. El 94 por ciento de los delitos denunciados en México nunca llevan a una consignación (y si tomamos en cuenta la cifra negra el monto sube cuando menos al 98 por ciento). Una de las lecciones del multihomicidio de Tlalpan es que la notoriedad obliga a las autoridades a dedicar una mayor atención y esfuerzo a ciertos casos y así hace más probable su resolución.
Otro elemento que llama poderosamente la atención en este caso es que el asesino ya capturado, Magaña, era vecino de la familia Narezo Loyola en la colonia de clase media Toriello Guerra de Tlalpan. Si bien el móvil del multihomicidio fue el robo, Magaña no fue impulsado por la pobreza. Más significativo que su condición económica es seguramente el hecho de que se trata del hijo de un ex comandante judicial. La idea defendida por muchos políticos —incluido el propio Andrés Manuel López Obrador— de que el crimen surge de la pobreza no es avalada por la información que surge de los pocos arrestos que se hacen. La mayor parte de los criminales detenidos pertenece a la clase media. Muchos son o fueron miembros de alguna organización policíaca. No parece que los pobres tengan una mayor propensión a realizar crímenes que el resto de la población. De hecho, en un momento en que la mayoría de los crímenes son cometidos con armas de fuego, los pobres no suelen tener acceso a ellas. Por eso es tan grande el número de policías y ex policías que cometen delitos graves: ya que tienen acceso a armas y saben cómo manejarlas.
A pesar de casos tan notorios como el de la familia Narezo Loyola, López Obrador tiene razón cuando señala que se está registrando una disminución en los índices de criminalidad de la ciudad de México. El número de denuncias presentadas se ha reducido de manera significativa en los últimos años. Quizá una parte de esta caída se deba a la simple exasperación de la gente ante la burocracia. Pero en delitos donde la denuncia es casi obligatoria, como el robo de vehículos, se ha registrado efectivamente una disminución de 160 robos diarios en 1997 a 96 entre enero y septiembre de este año (claro que las cifras oficiales de la Procuraduría capitalina no distinguen entre los robos cometidos con violencia, que son el principal problema en la actualidad, y los que se hacen a vehículos estacionados, que si acaso son un arte en extinción).
En materia de homicidios, la ciudad de México ha disminuido su promedio de tres diarios en 1995 a dos en los últimos años. Éste es un nivel relativamente bajo, especialmente si se compara con el de ciudades estadounidenses de gran tamaño, como Houston, Washington o Nueva York. México es un país en el que son más comunes los crímenes contra la propiedad que los homicidios, los cuales en las ciudades estadounidenses son cometidos con frecuencia por drogadictos. Tampoco son comunes en nuestro país los francotiradores que en Estados Unidos, por frustración o por enajenación, disparan sin motivo contra inocentes.
Lo importante ahora es continuar reduciendo los índices de criminalidad y de impunidad en todo el país. El éxito en casos como el de la familia Narezo Loyola es un buen augurio. Pero no podremos bajar la guardia hasta llegar a niveles de impunidad como el de Japón, donde menos del 10 por ciento de los crímenes graves quedan impunes.
Ley laboral
La ley laboral más progresista sería aquella que permitiera una mayor creación de empleos. Pero nuestros sindicatos siempre han mantenido que es mejor tener leyes que beneficien a quienes ya tienen empleos.