“Considera lo que sea justo y decide, pero nunca des tus razones: porque tu juicio probablemente estará bien, pero tus razones sin duda estarán mal.” Lord Mansfield
¿Qué llevó finalmente al gobierno de Vicente Fox a cancelar el proyecto del aeropuerto de Texcoco? Una versión, la que se ha manejado en los medios de comunicación, plantea simplemente que el presidente y su gabinete se atemorizaron ante los machetes de los ejidatarios de San Salvador Atenco y decidieron no saldar el conflicto en un baño de sangre.
Hay otra versión que ha compartido conmigo un alto funcionario del gobierno federal y según la cual el presidente Fox canceló el proyecto por tres razones.
La primera era que el decreto de expropiación —elaborado por la Secretaría de la Reforma Agraria— estaba mal hecho. Había en él, me dicen, errores de fondo y de forma. Lo más seguro era que la Suprema Corte rechazara los argumentos del gobierno y le diera cabida a los recursos de amparo interpuestos por los ejidatarios y otros grupos. Era insensato mantener el desgaste político del gobierno en una causa que terminaría por perderse en los tribunales.
La segunda razón es que se descubrió que los autobuses que utilizaron los manifestantes de Atenco para transportarse a la ciudad de México el 8 de julio con el propósito de bloquear el aeropuerto capitalino fueron alquilados por el gobierno del estado de México. Las placas de los vehículos están identificadas —me dice el funcionario— y los detalles de la transacción se encuentran en manos del gobierno federal. Esto parecería indicar que había alguien en el gobierno mexiquense interesado en promover el movimiento de protesta de San Salvador Atenco.
La tercera razón era la sospecha de que también alguien en el gobierno del estado de México hubiese provocado el enfrentamiento entre los manifestantes y la policía estatal el 11 de julio. La sospecha surge del hecho que el gobernador Arturo Montiel, quien se había abstenido durante meses de acercarse a la zona de Atenco, llevó a cabo ese día un acto público a sólo 10 minutos del lugar en que se realizaba el bloqueo de la carretera Texcoco-Lechería el 11 de julio. Cuando los ejidatarios y sus simpatizantes políticos trataron de llegar al sitio donde se hallaba el gobernador, fueron rechazado con exceso de violencia por la policía estatal, lo que hizo que el conflicto se complicara.
Es difícil saber si efectivamente esto es lo que aconteció en Atenco. A un gobierno federal panista le conviene, por supuesto, echarle la culpa de la derrota del aeropuerto a un gobernador priísta. Pero, independientemente de lo ocurrido, lo significativo es que esta visión es la que al parecer prevalece en el seno del gobierno de Fox.
Al gobernador mexiquense no le convenía la cancelación del proyecto. Montiel había hecho un enorme esfuerzo para conseguir que el proyecto se quedara en su estado, ya que implicaba una inversión de cerca de tres mil millones de dólares y la creación de 80 mil empleos. El funcionario federal que me ofrece su versión lo acepta, pero sugiere que pudo haber gente en el gobierno de Montiel -y no el propio gobernador— interesada en agravar el conflicto.
Por lo pronto, una de las consecuencias de esta visión del conflicto ha sido la creación de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Gobernación. Los supuestos errores en el decreto de expropiación son sólo el último de varios procesos legales —entre los cuales se encuentra el decreto de reglamento de la industria eléctrica, declarado inconstitucional por la Suprema Corte— que han sido aparentemente mal manejados por las secretarías responsables.
La Subsecretaría Jurídica de la Secretaría de Gobernación, cuyo titular aún no ha sido definido, aparentemente asumirá la responsabilidad de realizar este tipo de actos y actuará de manera independiente a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Presidencia de la República que encabeza Juan de Dios Castro.
En lo que concierne a las otras dos razones para la decisión de Atenco, sería interesante ver las supuestas pruebas de que el gobierno mexiquense pagó el alquiler de los autobuses que llevaron a los manifestantes de Atenco al aeropuerto capitalino el 8 de julio. Más difícil, por supuesto, será demostrar la hipótesis de que el gobierno del estado de México promovió el enfrentamiento del 11 de julio entre la policía estatal y los manifestantes.
INAP Algo sucio está ocurriendo en el INAP, el Instituto Nacional de Administración Pública. Se han venido acumulando irregularidades en un proceso electoral que culminará el próximo jueves 29 de agosto y que parecen tener como propósito favorecer a una planilla. El tema es importante porque somos los contribuyentes quienes mantenemos esta institución.