“Habría una gran reforma en la
política si la sabiduría pudiera
difundirse tan fácil y rápidamente como la tontería”.
Winston Churchill
México es quizá el único país del mundo en el que una empresa puede ser emplazada a huelga antes incluso de que contrate a su primer trabajador. Esto es consecuencia de una legislación laboral absurda que le permite a un sindicato emplazar a huelga a una empresa sin necesidad de tener el respaldo de los trabajadores. Pero esta situación podría cambiar si la reforma laboral concluida la semana pasada por representantes del Consejo Coordinador Empresarial y el Congreso del Trabajo con el apoyo de la Secretaría del Trabajo llega a convertirse en ley.
Los sindicatos en México han sido tradicionalmente mafias gangsteriles cuyo propósito es enriquecer a sus líderes antes que defender los derechos de los trabajadores. Por esa razón no debe sorprendernos que, a 85 años de la promulgación de la Constitución de 1917, con su controvertido artículo 123, tengamos trabajadores muy pobres pero líderes sindicales muy ricos.
El texto concreto de la reforma legal no se conoce todavía ya que los grupos que participaron en su elaboración han preferido primero que los legisladores lo estudien, lo modifiquen en caso necesario y lo hagan suyo para la gran batalla política de su aprobación. Algunos elementos del proyecto, sin embargo, ya se conocen y permiten ver que, si bien la reforma no resolvería todos los problemas de la antieconómica legislación laboral de nuestro país, sí significaría un avance significativo sobre la situación actual que tiene un costo brutal en la operación de las empresas y que deprime el nivel de vida de los trabajadores mexicanos.
Quizá uno de los puntos más importantes de esta nueva ley sería el que le permitiría a los trabajadores gozar del sufragio secreto en las votaciones internas de los sindicatos. Actualmente muchas organizaciones sindicales insisten en mantener procesos abiertos de decisión, en que los líderes y los patrones se enteran del voto de cada trabajador y pueden por lo tanto tomar medidas de represalia contra quienes lo hacen de forma “inconveniente”. Es muy importante darle a los trabajadores el derecho al sufragio secreto y efectivo del que ya gozamos los ciudadanos en elecciones políticas. Una de las razones que hacen posible que los líderes sindicales —incluso aquellos que alcanzaron el control de sus sindicatos con la promesa de eliminar la reelección— se eternicen en el mando de los sindicatos es precisamente la falta de sufragio libre y secreto.
Un elemento adicional es el que establece que las votaciones para la titularidad de los contratos o para el estallamiento de una huelga deberán tener el respaldo mayoritario de los trabajadores. La falta de este requisito es lo que permite a los actuales sindicatos emplazar a huelga a empresas que aún no han contratado a ningún trabajador o la realización de huelgas que no son apoyadas por los trabajadores.
Otro punto importante de la nueva reforma es el que obligaría a los sindicatos a rendir cuentas claras a sus agremiados. Hoy muchos líderes sindicales se abstienen de rendirle cuentas a los agremiados sobre el uso del dinero de la organización. Que no nos sorprenda así que tengamos tantos líderes sindicales ricos mientras que la enorme mayoría de los trabajadores viven sumidos en la pobreza.
La propuesta del Congreso del Trabajo y el Consejo Coordinador Empresarial tiene éstos y otros elementos positivos. En otros puntos, sin embargo, se queda corta de lo que sería una reforma ideal. Por ejemplo, no desaparecen los “contratos ley”, que dictaminan condiciones iguales a empresas de la misma industria que tienen condiciones muy diferentes. Tampoco se eliminan las cláusulas de exclusión, que permiten a los sindicatos exigir a las empresas que despidan a un trabajador que ha salido del sindicato, ni las de inclusión, que hacen que el sindicato y no la empresa tenga el poder de decisión sobre quién debe ser contratado.
La ley se queda corta porque es producto del consenso entre el Congreso del Trabajo y el CCE. A final de cuentas se optó por promover una ley que contuviera los avances posibles, aunque haya que dejarle a gobiernos posteriores la modernización total de nuestra legislación que el país requiere para ser realmente competitivo.
La otra visión
La Unión Nacional de Trabajadores (UNT), cuya cabeza visible es el líder de los telefonistas Francisco Hernández Juárez, está encabezando la lucha contra la reforma de la ley laboral. La UNT estuvo representada en las mesas de negociación, pero en mayo decidió presentar su propia propuesta unilateral que, entre otras cosas, propone la desaparición de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.