SUN-AEE
MÉXICO, D.F.- Abogados constitucionalistas calificaron como un grave error del Gobierno federal las deficiencias que hubo en el proceso de expropiación de al menos nueve de los 27 ingenios azucareros, de los cuales tomó el control en septiembre del 2201, por lo que avalaron el amparo que se concedió al empresario Enrique Molina Sobrino.
En entrevistas por separado, Efraín García Ramírez y Federico Sodi coincidieron en que el amparo es una clara muestra de que las acciones del Estado no pueden estar por encima de las garantías individuales, cuando en este caso un juez consideró que el Gobierno federal no acreditó plenamente el interés público de la expropiación.
Fue en el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, donde se concedió la suspensión provisional contra el decreto de expropiación al Consorcio Azucarero Escorpión (Caze), que tenía nueve de los 27 ingenios que ahora son administrados por el gobierno.
El juez consideró que no se acreditó la causa del interés público en la expropiación, que en opinión de los especialistas es un requisito indispensable para que sea constitucional este acto de la autoridad.
Ante esta deficiencia, a la que se suma el hecho de que el proceso de expropiación de los ingenios no cumplió con formalidades de ley, Federico Sodi aseguró que "el presidente Vicente Fox no cuenta con un equipo jurídico competente, que dé fundamento a sus actos y eso es realmente grave en un acto de autoridad de esta naturaleza".
Consideró que el amparo es un revés importante para el gobierno, ya que el juez consideró que no había causa legítima por parte del Estado "y eso es muy frecuente en expropiaciones tanto a nivel federal y local, aunque sea poco sabido ya que las personas afectadas no tienen recursos para combatirlos".
García Ramírez consideró por su parte que la expropiación, o por lo menos jurídicamente hubo graves fallas, que podrá subsanar el gobierno en un recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito.
Hasta ese momento, dijo, el amparo abre la posibilidad para que el resto de los afectados con la expropiación como Grupo Machado, Grupo Santos y Grupo México, puedan obtener resoluciones favorables en el mismo sentido.