Hoy resolverá el juez sexto de distrito en materia administrativa si otorga la suspensión definitiva al senador Ricardo Aldana contra actos de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados. El viernes por la noche le había otorgado la suspensión provisional, algo que careció de efectos prácticos pues aquel órgano parlamentario se encuentra lejos de asumir las decisiones que se frenarían por efecto de aquella suspensión. Apenas anteayer recibió los expedientes de los casos a desahogar.
El diputado Carlos Romero Deschamps, en cambio, no gozó de la protección de la justicia federal ni siquiera a título provisional, pues en su caso la jueza cuarta de distrito en materia administrativa rechazó por notoriamente improcedente la demanda de amparo del secretario general del sindicato petrolero. Ambos dirigentes habían tenido respuestas adversas en otros procedimientos en que también buscaban eludir por la vía legal su enjuiciamiento, o estar en situación de defenderse mejor. Con curso favorable o contrario a sus intereses, lo cierto es que los líderes petroleros, a los que se acusa por recibir dinero indebidamente entregado por Pemex, están echando mano de todos los recursos que la ley pone a su alcance para salvaguardar su condición de legisladores y personas libres.
Tienen pleno derecho a hacerlo, por supuesto. Y si disponen de los recursos abundantes que se requieren para afrontar pleitos legales de esa dimensión, se entiende que los utilicen. Es lo que han hecho también los amigos de Fox, que a base de demandas de amparo han impedido hasta ahora que las autoridades electorales indaguen la relación de sus cuentas personales con modalidades de un financiamiento presuntamente ilegal a la precampaña y la campaña del ahora Presidente de la República.
Por lo que hace al dinero ilegalmente hecho llegar al PRI, desde que se tuvo noticia formal del suceso en diciembre pasado, quedó claro que el asunto se abordaría judicialmente en tres tramos. El primero, consistente en la entrega indebida de dinero de Pemex, tuvo su primer desenlace en las órdenes de aprehensión en contra de Rogelio Montemayor y cuatro de sus colaboradores más cercanos, incluido Manuel Gomezperalta Damirón, único detenido por la sencilla razón de que no tenía nada que temer y por eso no huyó al extranjero, como presumiblemente hicieron los demás. El segundo tramo es el de la recepción del dinero, a cargo del sindicato petrolero, en cuyo caso la Procuraduría General de la República solicitó en septiembre el desafuero de los dirigentes. En ese punto, además de las derivaciones judiciales, o por ellas mismas, la Sección Instructora librará día a día, palmo a palmo, una lucha legal contra los indiciados, por la insuficiencia de su marco jurídico, que tiene que satisfacerse también cotidianamente, sobre la marcha. Ahora comenzó por fin el tercer tramo de dichos procesos, el que se refiere a la recepción del dinero en el Partido Revolucionario Institucional. Fueron libradas órdenes de aprehensión contra Jorge Cárdenas, secretario de Finanzas del comité nacional priísta y hombre de confianza de Francisco Labastida; y el secretario de elecciones, Carlos Almada.
Dado el conocimiento personal que tengo de la conducta de este último, ya en febrero había yo anticipado este lamento, que ahora ratifico: “Deplorable de suyo por la adulteración de la voluntad ciudadana a que se dirige, la desviación de fondos públicos para servir al PRI es también abominable porque obliga a la corrupción aun a los mejores. Si al cabo de las investigaciones queda claro que siendo secretario de Elecciones durante la campaña de Francisco Labastida Carlos Almada manejó dinero obtenido indebidamente por su partido, deploraremos no sólo el sentido general de una infracción de ese alcance, sino el haber involucrado en ella a un político probo en su dimensión personal, cuya trayectoria lo ha llevado a diversas formas de servicio público, en el estricto sentido de la expresión”.
Ahora la averiguación previa a cargo del ministerio público ha concluido que en efecto Almada y Cárdenas, así como otras personas, presumiblemente incurrieron en un delito electoral, y un juez federal compartió ese parecer y ordenó aprehenderlos. También fueron emitidas nuevas órdenes de aprehensión contra Montemayor y sus colaboradores (ya no Gomezperalta Damirón), diversas de las de mayo. Ahora se les acusa de peculado electoral, que es el delito cometido por quien “destine de manera ilegal, fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo, tales como vehículos, inmuebles o equipos en apoyo de un partido político o de un candidato...”. La pena corporal es prisión de hasta nueve años, “sin perjuicio de las penas que pueda corresponder por el delito de peculado”.
Independientemente de la pésima redacción de ese artículo (el 407, fracción III del Código penal federal), esta fase del procedimiento indica que el ministerio público, y un juez federal, suponen que Montemayor sabía, al entregar el dinero al sindicato, que por lo menos una parte sería remitida al PRI para la campaña de Labastida. Por eso al delito de peculado, consistente en gastar dinero público en fines que no son los establecidos, se agrega ahora el de su equivalente electoral. En aquel caso no es relevante el fin último de los recursos desviados. Si se les malversó con propósitos electorales sí es trascendente el propósito. Un solo hecho resulta así fuente de dos delitos.