El caso de Industrial Jabonera La Esperanza en la ciudad de Gómez Palacio, revela que la impartición de justicia es asignatura pendiente en el estado de Durango.
La Esperanza fue fundada en el año de 1887, en los albores del desarrollo industrial de la Comarca Lagunera. Un siglo después, en el año de 1986, las sucesivas crisis económicas que han azotado a nuestro país llevan a la empresa a una suspensión de pagos, que hasta la fecha se tramita en el expediente 673/86 del Juzgado Primero Civil de la vecina ciudad.
El juicio de suspensión de pagos, busca dar tiempo a las empresas que por falta de liquidez han cesado en el cumplimiento de sus obligaciones, con el fin de capitalizar su operación y cubrir sus adeudos de manera ordenada y en términos de posibilidades reales. Una vez decretada la suspensión de pagos, la empresa queda en manos del juez y de un síndico encargado de la administración de ésta y de la salvaguarda de los intereses de los acreedores.
En el caso de La Esperanza, a la suspensión se sumó una huelga planteada por el sindicato de filiación cetemista que agrupaba a sus trabajadores, que se tramitó en el expediente III-3404/93, ante la Junta Especial Número Quince de la Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México. La huelga suspendió los trabajos en la empresa y por tanto, impidió reanudar los pagos a los acreedores y la llevó a la quiebra.
El conflicto laboral generó su propio pasivo cuyo pago es preferente ya que por ley, primero deben pagarse las prestaciones de los trabajadores y después al resto de los acreedores. Lo anterior indica que todo intento de solución, tendría que partir de liquidar a los trabajadores y del levantamiento de la huelga y después, optar por una reapertura de la empresa o la venta de sus activos para cubrir otros adeudos.
Se procedió en consecuencia. Con la autorización del Juez de la Quiebra, empresa y trabajadores celebraron un convenio que puso fin a la huelga, con la aprobación de la Junta Federal. El convenio determinó el pago de un millón trescientos veintisiete mil pesos a favor de sindicato y trabajadores, que les fue pagado en especie mediante la entrega de un terreno. Con lo anterior se puso fin al conflicto laboral el 6 de noviembre de 1995, fecha en que los obreros entregaron al Juez de la Quiebra los bienes e instalaciones de la empresa, que estaban en su poder con motivo de la huelga.
Sin embargo, la rehabilitación de la empresa o la venta de sus activos ha resultado imposible, porque los ex trabajadores alegando descontento con el pago en especie, se apoderaron de las instalaciones sin que exista ni huelga ni relación de trabajo es decir, fuera de todo cauce legal. Las acciones del grupo en cuestión, que encabezan los mismos líderes del sindicato que consumaron los arreglos y recibieron el terreno en pago, constituyen el delito de despojo de inmueble.
Desde que ocurrió la ilícita desposesión, la empresa presentó una denuncia ante la Procuraduría de Justicia de Durango a la que corresponde el número 2868/96, que desde 1996 duerme el sueño de la impunidad. Sindicato y ex trabajadores asumieron una doble actitud: Por una parte sostuvieron el despojo de las instalaciones de la empresa y por otra, vendieron el terreno que recibieron en pago al Ayuntamiento de Gómez Palacio.
La intervención ambigua del Ayuntamiento dio lugar a que le tomaran el pelo y que la autoridad en lugar de resolver, se convirtiera en parte del problema. En efecto, el 28 de febrero de 1997, el sindicato recibió el pago del terreno bajo el compromiso de entregar las instalaciones de La Esperanza al Juez de la Quiebra y escriturar el terreno vendido al comprador, lo que hasta la fecha no ha cumplido y por el contrario, los líderes exigen más dinero.
Desde hace seis años, los bienes muebles e inmuebles de Jabonera la Esperanza han sido objeto de pillaje y destrucción y la ocupación de la planta, es arma de chantaje en manos de los despojantes, que agitan la bandera de supuestos derechos laborales ultrajados. El predio de casi nueve hectáreas en el que está La Esperanza, en el corazón de Gómez Palacio, se ha convertido en tierra de nadie y apetitoso botín, a despecho de la autoridad, del orden jurídico y de los intereses legítimos de acreedores y accionistas.
Cada cierto tiempo la ocupación ilícita es noticia, por sus frutos de inseguridad, contaminación ambiental o enfrentamiento social, sin que el Gobierno de Durango que hoy encabeza el licenciado Ángel Sergio Guerrero Mier, sea capaz de resolver el caso de Jabonera la Esperanza, botón de muestra de impunidad y vergüenza para los ciudadanos de Gómez Palacio y de toda la Comarca Lagunera.