Hay ocasiones en que la indignación provocada por algún horrendo crimen llega a obnubilar nuestro entendimiento y nos pone a punto de cometer el mismo tipo de delitos que condenamos. Se trata una vez más de Eulen, la “compañía de seguridad” contratada por la empresa Transporte Ferroviario Mexicano, la cual opera el ferrocarril entre México y Nuevo Laredo Tamaulipas. Eulen, desacreditada por los abusos de su personal contra los derechos humanos, cambió su denominación a “Sistemas de Protección Canina, S.A. de C.V”.
Según la sintaxis, la protección que ofrece la empresa es prestada por perros, y seguramente bravos, de pelea. No hay duda de eso, pues los vigilantes, aunque humanos, actúan como canes cuando arremeten contra sus víctimas hasta acabar con ellas. Pero estos “perros de busca” así define el diccionario la palabra -can son humanos carecen de caninos, los dientes con que la naturaleza ha dotado a los mamíferos para desgarrar los alimentos, y en el caso de los “caníferos” cualquier presa humana o animal. Sin embargo suelen usar los rifles, como sucedió del 12 de julio del 2002, cuando uno de los asalariados de la difunta Eulen, Ricardo Olvera Venegas, militar en servicio para mayor vergüenza, asesinó al filo de la madrugada de aquel día a dos inmigrantes que habían cometido el “gravísimo” delito de viajar de moscas en el tren.
El pasado domingo 24 tres vigilantes de “Canina” Mario Rodríguez Briones, Enrique Martínez Aguilar y Alberto Montejano Cepeda apedrearon al hondureño Ismael de Jesús Martínez Ortiz hasta quitarle la vida, dejándolo tirado a la orilla del kilómetro 317 de la vialidad Zacatecas-Saltillo. Martínez Ortiz y su paisano Hernán Tirso Molina viajaban, en forma ilegal, en un furgón del convoy de Transporte Ferroviario Mexicano. Al ser descubiertos por los vigilantes de “Canina” fueron detenidos y bajados del tren en Estación Carneros, al Sur de Saltillo; pero cuando los migrantes intentaron a subir al convoy nuevamente, delito bastante grave para los Caninos, éstos los persiguieron aventándoles piedras, hasta que los dejaron inmóviles.
Después de darse cuenta de que su compañero estaba muerto, el polizón migrante, Tirso Molina, logró incorporarse del piso cuando el tren continuó su marcha. A las 16:00 horas del domingo 24, Molina llegó a una de las casas del Ejido Las Esperanzas a solicitar ayuda, que le fue prestada de inmediato por la señora Esther Alicia Ortiz. Ella lo atendió, le curó provisionalmente las heridas y llamó a la Cruz Roja de Saltillo.
Mientras tanto, en el teléfono O66 se había recibido el reporte de una persona que había encontrado un cuerpo inánime a la altura del kilómetro 317 del camino Zacatecas-Saltillo. Al recibir dicho cuerpo en la morgue del Hospital Universitario, la policía se percató de tener ahí a dos nacionales hondureños, uno vivo y otro muerto, recogidos en el kilómetro 317 de la carretera tantas veces dicha. Tanto las lesiones del muerto como del herido habían sido causadas por lapidación, un método homicida desacreditado como pena pública en el mundo moderno.
Nos preguntamos qué clase de seres son los vigilantes de “Canina” para agredir en forma tan alevosa, sañuda y criminal a dos famélicos migrantes cuyo único delito fue abordar el ferrocarril de carga para intentar llegar a la frontera con Estados Unidos con el fin de internarse en aquel país. No lo sabemos, lo cierto es que Eulen, la empresa que parió a Canina, tiene un nutrido expediente de abusos, secuestros, detenciones ilegales, lesiones y muertes contra migrantes mexicanos y centroamericanos, desde el 6 de marzo de 1998 hasta el 24 de noviembre del 2002.
Está vez tardó la Policía Ministerial de Saltillo en dar con la identidad de los responsables, y ya están arraigados en un hotel a la espera de ser consignados ante la autoridad judicial competente; pero ¿qué irá a pasar con la responsabilidad económica subsidiaria, proveniente de delito, a cargo de Sistemas de Protección Canina, S.A. de C.V. y Transporte Ferroviario Mexicano. Haber hecho declaraciones públicas inmediatas, desligándose de los hechos criminales, no exonera a estos negocios de su obligación de indemnizar a las familias de las víctimas. Las organizaciones civiles preocupadas de la defensa de los migrantes deberían actuar, a falta de abogados, para que el poder judicial ordene a estas empresas la justa cobertura de dicha responsabilidad.
Claro, ello no va a resucitar al hondureño muerto, ni siquiera podrá aliviar el daño moral, físico y psicológico del que aún está con vida. Nos parece que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, concesionadora de TFM, debería prevenir obligaciones, responsabilidades y sanciones para las empresas concesionarias en que sucedan estos desmanes, de tal modo que no se vuelvan a repetir. Cualquier vida humana merece respeto, con mayor razón la de quienes resultan victimados por intentar sobrevivir a las condiciones famélicas que les impone un sistema económico injusto.