El presidente del PRI, Roberto Madrazo, acaba de hacer profesión pública de su fe democrática. Para demostrar que su conversión va en serio, debería pronunciarse a favor de que los senadores de su partido ratifiquen el Estatuto de Roma, instrumento con el que se ha creado la Corte Penal Internacional (la Corte). El procedimiento está frenado por la oposición de los senadores priistas (y algunos panistas), lo que se relaciona con nuestra transición que, pese a la opinión del presidente Vicente Fox, está lejos de haber concluido.
El establecimiento de la Corte tiene una enorme trascendencia. En la historia de la humanidad hay un larguísimo registro de atrocidades sin castigo. Para corregir esta impunidad surgió la aspiración de establecer un organismo universal, permanente y autónomo que juzgue a quienes cometieron crímenes considerados graves por la comunidad internacional y que no fueron procesados en el país de origen. Los tribunales especiales (Nuremberg, Tokio, Ex-Yugoslavia y Ruanda) fueron constituidos en circunstancias muy especiales y estuvieron influidos por las grandes potencias (en especial, aunque no exclusivamente, por Estados Unidos). Por ello es que siempre se añoró un organismo al margen de la influencia del Consejo de Seguridad dominado por los “cinco grandes”.
Por una confluencia de factores difíciles de apresar en los confines de esta columna, el 18 de julio de 1998, 160 países -entre ellos México- aprobaron el Estatuto de Roma que sienta las bases para el funcionamiento de la Corte. La iniciativa prosperó con una rapidez inusitada (la toma de decisiones en los organismos internacionales tiende hacia una exasperante lentitud) y hace unos meses, en abril de este año, 60 países ya lo habían ratificado por lo que la Corte empezó a funcionar el primero de julio pasado. Los plazos siguen cumpliéndose y a finales del próximo noviembre terminará el periodo durante el cual los países miembro pueden proponer a quienes serán los jueces y el personal de la Corte.
México empezó trotando al paso marcado por la historia, para quedarse trabado a la hora de tomar decisiones. Estuvimos entre quienes aprobaron el Estatuto en Roma y en septiembre del 2000 Ernesto Zedillo firmó el documento. El 30 de noviembre del 2001, el actual presidente, Vicente Fox, envió al Senado un proyecto de reformas al artículo 21 constitucional para que fuera ratificado. Ahí se quedó; congelado por la fuerza de los defensores de la impunidad (disimulada, eso sí, con retórica y excusas).
La secretaría de Relaciones Exteriores se comprometió en serio con la aprobación del Estatuto. Ha cabildeado intensamente a los senadores y ha dado sus razones ante los medios de comunicación. También organizó una conferencia internacional a la que concurrieron legisladores europeos. El empeño es consecuente con la tesis del gobierno de Vicente Fox que busca reposicionar a nuestro país en el mundo a partir de la defensa de los derechos humanos y la democracia para, de esa manera, anclar nuestra transición y evitar reversiones autoritarias. Un beneficio adicional es que apoyando a la Corte se equilibra la intensa relación que tienen con Washington (el Gobierno de George W. Bush está entre los enemigos más acérrimos de la Corte).
Quienes han frenado la ratificación han sido, sobre todo, los senadores priistas y algunos aliados panistas (el PRD ha estado totalmente a favor). En marzo del 2002 Enrique Jackson resumió el sentir de su bancada al anunciar que “como está, no pasa”. Para entonces ya estaba en marcha una estrategia encaminada a enfriar la decisión buscando pagar el menor costo posible. Manuel Bartlett Díaz, por ejemplo, se excusó diciendo que la “iniciativa llegó a último momento y no podemos legislar al vapor un asunto tan delicado”. El senador mexiquense César Camacho Quiroz hizo explícito el método que utilizan cuando dijo que “los priistas no tenemos prisa y caminaremos con pies de plomo”. Otro senador priista, Germán Sierra Sánchez, propuso el conocido procedimiento de “abrir un periodo de foros y de consultas para toda la sociedad”. Al congelamiento de la decisión también han contribuido panistas como el senador Jorge Zermeño Infante y según declaración a la prensa del consultor jurídico de Relaciones Exteriores (embajador Juan Manuel Gómez Robledo) el “senador Diego Fernández de Cevallos no ha escondido la irritación que le provoca el Estatuto”.
Quienes han retrasado la aprobación invocan razones bien nobles: la soberanía y la protección de los mexicanos. El senador panista Fauzi Hamdan Amad pidió que se procediera con enorme cautela para “evitar la invasión a la soberanía nacional”. El senador priista y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Sadot Sánchez Carreño, añadió que la propuesta enviada por Fox “no garantiza(ba) ni salvaguarda(ba) los derechos individuales de los mexicanos”. Cautela semejante ha tenido Sergio García Ramírez quien escribió que el Estatuto entra en conflicto con diversas prevenciones constitucionales.
Lo notable de esta línea argumentativa es que aun cuando pongan objeciones a la iniciativa recibida no generan alguna propuesta alterna que permita destrabar el bloqueo. Se oponen, pero no proponen. El verdadero motivo pareciera estar en el temor que les provoca la posibilidad de que pueda aplicarse retroactivamente el Estatuto. Para ser más preciso, les inquieta que eventualmente pudiera perseguirse a funcionarios que fueron responsables de desapariciones forzadas. Aquí es indispensable hacer una precisión. El Estatuto claramente establece que sólo se aplicará a crímenes cometidos después de su entrada en vigor. Sin embargo, hay una corriente de opinión -en la que está el juez español Baltazar Garzón— que argumenta que la desaparición es un delito permanente que persiste hasta el momento en que se localice a la víctima. Desde este punto de vista, Garzón argumenta que existe la posibilidad de que la Corte “investigue hechos relacionados con la desaparición forzada de personas como delito permanente”. Corresponderá a la Corte adoptar o rechazar esta interpretación.
En esas discusiones difícilmente participará México porque lo más probable es que nuestro Senado no ratifique el Estatuto antes del próximo 30 de noviembre. En consecuencia, el Gobierno de México no influirá sobre los jueces y el personal que determinará si es válida la interpretación de que con la desaparición se comete un delito permanente.
Pase lo que pase en el anquilosado Senado mexicano, una parte de la humanidad seguirá adelante en su determinación de erradicar la impunidad por violaciones graves a los derechos humanos. La Corte Penal Internacional empezará a funcionar y lo paradójico es que, independientemente del bloqueo de priistas y sus aliados panistas (y de la legitimación que reciben de uno que otro jurista), es posible que en ese tribunal terminen ventilándose violaciones graves a los derechos de mexicanos o mexicanas. La transición no ha terminado, pero tampoco se ha frenado.
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