Las negociaciones en torno de la anunciada huelga de los trabajadores petroleros han llegado a buen puerto, según las noticias que a estas alturas todos los mexicanos conocemos y que se dieron a conocer el domingo y el lunes de fines de septiembre; no hay razones a la vista para pensar que no se trata de una buena nueva. El asunto, como se sabe de sobra, no es nada sencillo. Los cuadros gráficos publicados en un diario capitalino explican con elocuencia los tres frentes en que se divide la situación, aun ahora que no estallará el paro de actividades en la principal industria de México.
El frente laboral parece despejado, aun cuando en el futuro inmediato están planteadas, a partir del mes de octubre, pláticas con otros sindicatos importantes, como los de Aeroméxico, el Seguro Social y la Universidad Nacional. Habrá que observar con cuidado si la tensión con el sindicato petrolero no ha afectado las organizaciones. El frente judicial sigue abierto, con todo lo problemático que eso significa: el presidente Fox ha dicho categóricamente que el proceso seguirá en el Congreso y en el Poder Judicial. El frente político está en suspenso, pero la postura del PRI ha dejado entreabiertas las posibilidades de acuerdos; es imposible saber, en el corto plazo, cuánto le ha costado al gobierno el entendimiento con ese partido, que hasta hace apenas unos días apoyaba sin embozo a los sospechosísimos líderes petroleros.
En cualquier caso, nos encontramos, todos, en una nueva etapa.
Los tres frentes de las actuales circunstancias tienen un centro estratégico, en el que el gobierno foxista se juega una carta de dimensiones considerables: la lucha en contra de la corrupción y de la impunidad.
Durante demasiado tiempo los mexicanos hemos pensado y sentido que la corrupción y la impunidad eran elementos orgánicos prácticamente, tristemente, inerradicables en las costumbres de los poderosos e influyentes. Vicente Fox se empeñó en atacar frontalmente esa convicción y su voluntad lo ha llevado a la crisis más delicada imaginable en los días y las semanas recientes. Ha salido airoso por el momento, pero el objetivo de limpieza moral no se ha alcanzado, y está por verse si en ese terreno se llegará a buen fin.
La conjuración de la huelga en Pemex movió muchas cosas en las cúpulas. Lo que ha habido detrás de ello -lo que desencadenó la llamativa crisis de estos días- deberá ser una advertencia seria a los corruptos que actúan con indignante libertad, cometiendo atropellos sin cuento; pero más lo será la efectiva continuación del proceso contra los líderes sindicales Romero Deschamps y Aldana. He aquí el punto nodal: de eso depende todo lo demás.
Sólo con ese proceso la advertencia adquirirá dimensiones históricas y le dará un verdadero triunfo a Vicente Fox y a su gobierno.
Quien haya visto alguna vez -como me ha tocado verlo a mí y a miles de mexicanos- a un diputado o a un senador de la República en los momentos de hacer valer, con detestable arrogancia, su fuero constitucional, siempre en situaciones en que lo mínima y moralmente razonable -y de acuerdo con la ley- era arrestarlos y encarcelarlos, sabe cuánto y cómo esa figura ha sido mal utilizada en provecho de privilegios inaceptables. Nos gustaría a los mexicanos, alguna vez, que uno de esos sedicentes representantes de la voluntad popular usaran el fuero para ayudar a sus semejantes. El fuero, pues, debería revisarse y ajustarse a normas civilizadas de conducta política de esos señores. Tal como existe y funciona, es un recurso de los más viejos estilos de abuso y de prepotencia de los poderosos de la política.
En estos años, por otra parte, el Partido Revolucionario Institucional ha escuchado, en todos los tonos imaginables, las exhortaciones de la sociedad de nuestro país para que se convierta, de una vez por todas, en un partido político moderno, serio y responsable. Por lo visto ha sido mucho pedir: los priístas siguen atados a lo único que saben hacer, que es practicar el medro y la violencia sorda y ominosa, a veces explosiva. Lo que ahora está sucediendo les brinda una oportunidad única de revisar su conducta para modificar todo aquello por lo cual la sociedad los ha reprobado y rechazado.
Siguen siendo sumamente poderosos, desde luego, como lo documentan sus diversas gubernaturas y su presencia parlamentaria. La inercia de ese poder adquirido puede ser un obstáculo para esa refundación de su organización; pero acaso constituya, asimismo, un estímulo para emprender un vasto, profundo y decisivo proceso de autocrítica.
Dos o tres líderes pueden ser castigados -cosa que está por verse todavía-, pero la impunidad y la corrupción no desaparecerán por eso. Se habrá dado un paso importante, aunque milimétrico; faltaría seguir fortaleciendo aquello que permita que ese paso se vuelva un camino firme, transitable para los ciudadanos, las instituciones y el gobierno.
He oído decir, ante crisis como la que no hemos acabado de presenciar, que en México no hay instituciones. Es decir, que lo que disponen las leyes y las reglas de convivencia, simplemente no se cumple (aunque se obedezca, como en la época virreinal).
Si el cambio prometido por el gobierno foxista avanza en ese terreno del fortalecimiento de instituciones sanas, lo ocurrido en Pemex constituirá un hito auténticamente histórico.
Es imposible conocer el futuro, que es uno de los rasgos esenciales de éste. Pero está en la voluntad de los hombres y de las sociedades planear lo que ese futuro puede o podría llegar a ser. En el futuro de las relaciones laborales del gobierno y los trabajadores; en el de las fuerzas políticas de México; en el de las leyes y su aplicación entre nosotros, está cifrada una de las vías para recomponer mucho de lo que en este país está descompuesto.