Los problemas hacendarios municipales no son exclusivos de este sufrido país que se llama México. Tampoco son de ahora.
Cuando arribó Hernán Cortés a las playas del Golfo de México, en 1521, fundó el municipio de la Villa Rica de la Vera Cruz, nombre que ahora corresponde al puerto más importante de la República Mexicana. Coincidentemente el mismo año, en España, los comuneros de Castilla se rebelaron contra el Rey por la violación de sus fueros y privilegios. Los Reyes habían concedido fueros y privilegios a quienes establecían en su territorio nuevos núcleos de población. Eran derechos “super omnia” que solían ser asediados con frecuencia. En su defensa los municipios integraron “hermandades” entre varios pueblos, las cuáles tenían “Procuradores” representantes ante las Cortes españolas.
Hoy nos podríamos preguntar si estas históricas “hermandades” han reencarnado, gracias al discurso de la historia, en el organismo sigloveintiunero conocido como “Conferencia Nacional de Gobernadores” que exige, del Gobierno federal, claridad y justicia en la distribución del ingreso fiscal de la República. Y nos inquietaría saber, también, si nuestros actuales diputados lograrían asumir el papel de “Procuradores” para la defensa fiscal de las entidades federativas.
El hecho es que venimos, como Nación, de un hipócrita federalismo constitucional. Desde el Tlatoani autóctono y la monarquía española se nos ha transmitido, por la moderna vía de la institución presidencial, la práctica de un centralismo autoritario y voluntarioso. Los estados de la República, sedicentes miembros de un pacto federal, nunca pudieron ejercer el derecho de mandar en su destino, en sus recursos y ni siquiera en sus procedimientos electorales. Todo se decidía en la capital de la República por la voluntad omnipotente y omnímoda de un solo individuo. Así fue desde el 21 de septiembre de 1821 hasta, suponíamos, el 2 de julio del 2002.
Creímos haber dado, en la última fecha, un paso definitivo que liquidaría los vicios históricos del Estado mexicano, pero no ha sido así. A cada nuevo día emerge de la realidad nacional un viejo defecto que reclama atención. Muchos vienen de la corrupción que, en dos siglos, ha sido el origen principal de nuestros males y éstos son todavía tan demoledores que se nos olvida corregir el principal de todos, que es el centralismo político, del que proceden otros: el cultural, el social, económico, el financiero y obviamente el centralismo fiscal.
No existe ningún país en el globo terráqueo cuyo gobierno monoplice en sus manos el 95 por ciento de los recursos fiscales generados por su población y entregue a las entidades federativas y a los municipios un mínimo porcentaje, en calidad de participaciones y dádivas: sólo México.
Cualquier investigador de las finanzas públicas calificaría el actual sistema impositivo de injusto. A la concentración del ingreso fiscal, el Gobierno federal agrega la concentración de los ingresos petroleros, de los cuáles nadie tiene conocimiento en cuanto a su monto y periodicidad. Pero ninguno, entre los mandatarios estatales, había gritado anteriormente por transparencia y justicia pues todos provenían del centralismo político; además los gobiernos del sistema priista solían ser comprensivos y limitadamente generosos ante las necesidades estatales. Eso ha cambiado. El actual presidente de la República, Vicente Fox, recortó en su primer año la entrega de participaciones y apoyos a las entidades en busca de forzar la aprobación de una reforma fiscal que dañaría finalmente a los segmentos demográficos más depauperados.
Convencido de que no lograría su intento en el segundo ejercicio de su sexenio, debido a la conformación mayoritaria priista del Congreso federal, la nueva estrategia presidencial se dirige ahora a reducir más, todavía, las entregas de recursos a los estados soberanos, especialmente a los gobernados por el PRI, para que incumplan sus compromisos gubernamentales con la sociedad y ésta niegue su voto a los candidatos del revolucionario institucional el 2 de julio del 2003. Así piensa lograr la integración de una Cámara de Diputados afín a sus intenciones reformistas.
Ser machacón en un tema, no es nuestra práctica como tundemáquinas. Éste, sin embargo, resulta crucial para el futuro. En el distanciamiento de los gobernadores y el Presidente, la política electoral es el meollo del asunto. Los gobernadores desean aclaraciones fiscales. pero el Presidente no reconoce su derecho a pedirlas. La solución podría ser que tuviera lugar una Convención Nacional Fiscal. Resulta sano sacudir el árbol del cambio en la República, para que dé sus frutos....